Es un mensaje que las autoridades federales han estado repitiendo. Pero compiten contra una poderosa red de tráfico de personas que facilita la migración hacia el norte y saca provecho de la desesperación de los migrantes, que sienten que no tienen otra opción.
Una regla de salud pública de emergencia ha permitido a los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden expulsar rápidamente a los migrantes y bloquear la mayor parte del acceso al asilo en la frontera desde marzo de 2020, cuando la pandemia de coronavirus se ponía en marcha.
Adicionalmente, dijo, una caravana con unas 3,500 personas llegaría a la frontera antes del 11 de mayo, cuando expira la controversial medida que durante los últimos años ha mantenido las puertas de entrada cerradas a migrantes sin visa, muchos de los cuales buscan asilo.
Victoria Aguilar, una portavoz de Servicios Humanos de Denver, que ahora dirige cuatro albergues de emergencia para migrantes, atribuyó el cambio a una “falta de financiación, falta de política, falta de orientación de nuestro gobierno federal para poder responder a esta crisis de manera adecuada”.
En paralelo, el canciller chileno Alberto van Klaveren informó el martes que también Chile dialogará con Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela para resolver la crisis en su frontera norte, donde más de un centenar de inmigrantes espera retornar a sus países de origen a través de territorio peruano.
Los republicanos tienen una sólida mayoría en la legislatura de Florida, y en el actual periodo de sesiones se han enfocado en las prioridades de DeSantis mientras el gobernador busca conquistar victorias políticas conservadoras antes del anuncio de su campaña presidencial.
El presidente Joe Biden eliminó el procesamiento expedito de solicitudes de asilo durante su primer mes de gobierno como parte de su labor para desechar las políticas fronterizas de su predecesor, entre las cuales se incluía la construcción de un muro con México.
La tensión entre los migrantes varados en la frontera entre Perú y Chile, en su mayoría venezolanos, y ciudadanos peruanos que buscan cruzar al lado chileno ocasionó el sábado enfrentamientos con piedras, en los que resultó herida una persona.
Los migrantes que no pueden avanzar a Perú enfrentan el clima inhóspito que caracteriza al desierto de Atacama, uno de los más áridos del planeta, con calor durante el día y frío intenso por la noche. Algunos improvisaron carpas con mantas, pero carecen de agua y servicios básicos.
Perú analiza junto a Chile y Ecuador la posibilidad de crear un corredor humanitario para los cientos de migrantes venezolanos, colombianos y haitianos varados desde hace dos semanas en la línea de la frontera chilena-peruana, informaron el viernes las autoridades.
La mujer comentó que ingresó sin documentos a Perú hace medio año y vive con su madre y hermano que sí tienen sus papeles en regla. “Nadie te da trabajo sin papeles”, indicó Martínez, quien intentó buscar más de 25 veces un empleo en tiendas de ropa, restaurantes y panaderías.
La mandataria dijo que también enviarán de forma temporal a los militares a diversos puntos de las fronteras con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile para reforzar el control fronterizo que realiza la policía. No es la primera vez que los militares son destinados a esta función.
El cambio evitó el hacinamiento en centros de acoplo como ocurrió en 2019, cuando algunos migrantes tenían que pararse sobre el inodoro para poder respirar. Pero el costo se hizo evidente cuando los oficiales del ICE designados para entregar las citas judiciales no se daban abasto.
En medio del prolongado estancamiento del Congreso en materia migratoria, el presidente Joe Biden ha abierto una vía para permitir el ingreso al país de cientos de miles de nuevos inmigrantes, lo que amplía de manera considerable el uso de los programas de permiso humanitario.
El Partido Republicano ha logrado avances en las comunidades latinas en los últimos años, y aunque los votantes republicanos en dichas comunidades están a favor de una mayor seguridad fronteriza, los republicanos latinos también quieren ver un incremento en la inmigración legal.
El Título 42, una polémica normativa sanitaria impuesta por el Gobierno de Donald Trump (2017-2021) y mantenida por la actual Administración, permite que los migrantes de ciertas nacionalidades que lleguen a la frontera sean expulsados a México, sin darles ocasión de solicitar asilo.
“Ciertamente, hay muchas otras señales de alerta relativas al tráfico de personas”, escribió el empleado del departamento. Haygood esperaba que la agencia añadiera más salvaguardias para los niños liberados en la zona, Little Village, pero el departamento consideró que no eran necesarias.
Estos indocumentados, señaló Judith Montenegro, directora del programa Latinos en el Sur, actualmente no califican para recibir cobertura de los seguros de salud bajo la Ley de Cuidado Asequible de la Salud -conocida como Obamacare- y no pueden obtener créditos impositivos.
La preocupación por el tema se intensificó luego de que hace dos semanas fuera asesinado un policía. El fiscal que indaga el caso informó que los tres arrestados por su presunta participación en el crimen son ciudadanos venezolanos y se busca un cuarto de la misma nacionalidad.
Kiehne es experta en el uso de “metodologías cuantitativas para estudiar el contexto sociopolítico y su impacto en la integración y el bienestar de las familias inmigrantes en EU”, ha escrito varios libros sobre el tema y realiza frecuentes viajes de estudio a América Latina.
