De acuerdo al informe, los seis normalistas fueron retenidos en un lugar denominado la “bodega vieja”, y el 30 de septiembre del 2014 una persona identificada como “el coronel” comentó que “ellos se encagarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los 6 estudiantes”.
Cansado, cada vez más encorvado en su silla y con la cabeza entre sus manos. Así recibió Jesús Murillo Karam la noticia de ser el primer ex procurador general de México en ser procesado por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos...
A Bladimir, su hijo, lo mataron el 1 de julio. El joven trabajaba como distribuidor de pollos en una zona de las afueras de la capital del estado, Chilpancingo, dominada por dos bandas de narcotraficantes enfrentadas y dos bandas de autodefensas que también luchan entre sí.
Una semana después de que grupos criminales sembraran el caos en varias ciudades del noroeste del país como reacción, en la mayoría de casos, a detenciones hechas por las autoridades, la historia se repitió en Colima, un estado de la costa del Pacífico mexicano con altos niveles de violencia.
El mandatario también acusó a sus adversarios de intentar crear una falsa percepción de que "el país se está incendiando", y aseguró que sigue sin viajar en autos blindados o con escoltas. "No tengo nada que temer, me siento muy seguro en Baja California y en todo México"
La detención del exfuncionario se da un día después de que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación de México, Alejandro Encinas, dijera que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue un «crimen de Estado».
La Fiscalía General de México detuvo el viernes al exprocurador Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014.
El subsecretario anunció que ya se presentaron en la fiscalía todos los elementos necesarios para que deslinde responsabilidades de 33 personas, entre las que hay funcionarios federales que no especificó. Lamentó también que 26 “personas clave” en la investigación han muerto o fueron “ejecutadas”.
Artículo 19 mencionó que Ciudad de México sigue siendo la región con más ataques, seguido del suroriental estado Yucatán y el occidental Michoacán. La mayoría de los casos fueron intimidación y hostigamiento, en segundo lugar amenazas y en tercero el uso ilegítimo del poder público.
Un periodista independiente fue encontrado muerto en el norte de México en medio de una escalada de la violencia contra la prensa, en la que 13 comunicadores han sido asesinados en el país en lo que va del año, el más mortífero en la historia reciente para la profesión.
La alarma que han generado estos crímenes ha impelido a los organismos internacionales políticos y de derechos humanos a condenar esta violencia y pedir al Gobierno que ponga cartas en el asunto. Fue el caso del Parlamento Europeo o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este lunes al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, medidas urgentes contra la violencia creciente que sufren los medios de comunicación en el país tras el asesinato de cuatro trabajadores de Mega Radio Networks en Ciudad Juárez.
Un médico cubano fue asesinado a disparos en un hospital en un vecindario peligroso en las afueras de Ciudad de México, informaron las autoridades.
Los cárteles “han aprendido que cuando presionan por el lado de generar terror y de ataques a civiles, les da buenos resultados”, explicó. “En muchas ocasiones es mucho más efectivo hacer esto que un enfrentamiento directo con las fuerzas armadas, donde casi siempre van a perder”.
Con cientos de militares y policías patrullando las calles, la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, buscaba el domingo retornar a la normalidad tras ser alcanzada por una ola de violencia que ha golpeado en los últimos días a varias urbes del centro y norte de México.
“Soy presidente de México y creo que conviene el que la Guardia Nacional quede como una rama de la Secretaría de la Defensa para que se le dé estabilidad en el tiempo y no se corrompa”. Tanto la Marina como el Ejército deberán apoyar en esas labores de seguridad pública más allá de 202".
Los hechos ocurren en medio de una ola violencia que golpeó esta semana a los estados de Jalisco y Guanajuato y Ciudad Juárez, también fronteriza con Estados Unidos, que dejaron más de una docena de muertos, una treintena de detenidos, y numerosos comercios y vehículos incendiados.
Olivares también expresó inquietud por el anuncio de López Obrador de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa a través de una ley o decreto, y dijo que es grave que “se vaya instalando una narrativa de que es posible que el presidente cambie la Constitución por decreto”.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes que buscará la “vía legal” para que las Fuerzas Armadas se mantengan en labores de seguridad pública después del 2024, aunque la Constitución establece que los militares deben volver a sus cuarteles dentro de dos años.
Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, vivió una jornada violenta con ataques armados contra civiles y quema de varios negocios que dejaron 11 muertos, entre ellos cuatro empleados de una radio y dos presos, y una veintena de heridos en una riña en una cárcel que desencadenó la violencia.
