El Gobierno mexicano ha liberado 2.685 reos en lo que va de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) porque estaban de manera injusta en la cárcel o por la Ley de Amnistía que impulsó el mandatario.
Tanto organizaciones civiles como miembros de los partidos de oposición ya han anunciado que recurrirán a las leyes ante la Suprema Corte de Justicia por inconstitucionales ya que la Carta Magna mexicana se reformó en 2019 precisamente para garantizar el carácter civil de la guardia.
La cámara de senadores de México aprobó el viernes una iniciativa del mandatario, Andrés Manuel López Obrador, para que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de Defensa (Sedena), una maniobra que críticos y activistas aseguran militarizará la seguridad pública e incrementará los abusos.
Al grito de “la militarización, no es la solución”, cientos de personas marcharon el martes hacia el centro de la capital mexicana en protesta contra una reforma legislativa impulsada por el gobierno, la cual busca transferir la Guardia Nacional, una fuerza bajo mando civil, a la Secretaría de...
Luis María Aguilar, uno de los magistrados de la Corte, argumentó que la prisión preventiva equivale a una sentencia ejecutada de antemano y señaló que algunos cargos conllevaban sentencias de apenas unos meses, mucho menos que el tiempo que la mayoría de las personas pasan en espera de juicio.
En México, una larga lista de delitos no violentos como el robo en viviendas o de combustible es causa de prisión preventiva en automático, donde no hay posibilidad de fianza ni arresto domiciliario.
López Obrador, que durante años había dicho que los militares debían retornar a los cuarteles, cambió de posición y en los últimos meses comenzó a promover una propuesta de reforma constitucional para pasar a la Guardia Nacional a la Sedena.
El presidente se refirió en concreto al caso del mexicano Israel Vallarta, encarcelado y sin sentencia desde 2005 por cargos de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas. "Si ya hay elementos suficientes, pedir a la fiscalía que se desista" de la acusación, indicó.
"Está por alistarse un asunto muy relevante para determinar la inconvencionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa, y si la Constitución puede ser inconstitucional", expuso el ministro presidente durante su conferencia de prensa mensual.
“Soy presidente de México y creo que conviene el que la Guardia Nacional quede como una rama de la Secretaría de la Defensa para que se le dé estabilidad en el tiempo y no se corrompa”. Tanto la Marina como el Ejército deberán apoyar en esas labores de seguridad pública más allá de 202".
Caro Quintero fue liberado por las autoridades mexicanas en 2013, cuando cumplía una pena de 40 años por el homicidio en 1985 del agente de la DEA Enrique Camarena, debido a una polémica resolución que posteriormente fue revertida y considerada un error por la Suprema Corte de Justicia de México.
En la denuncia de Scherer se afirma que el exdirector de Pemex, detenido hace dos años pero encarcelado preventivamente solo desde noviembre, vivió hasta entonces un encierro privilegiado y un trato de favor por parte del fiscal general de la República.
La nota indicó que el caso es un ejemplo del llamado de Zaldívar de ser más sensibles ante las injusticias y no ver los asuntos como papeles nada más, sino entender que detrás de cada caso existen historias de vida que se rompen por una mala impartición de justicia.
Baja California Sur se convirtió el jueves en el décimo estado de México donde el aborto ha dejado de ser un crimen.
"Una de las implicaciones que se tiene en la frontera norte es el sobrecupo de espacios humanitarios, estamos rebasados a lo largo de la frontera norte en capacidad, los albergues, las casas de migrantes", expuso Blanca Navarrete, directora de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).
Dijo que de la reunión, que duró casi tres horas, salió con el compromiso de analizar "lo general y lo particular" y, aunque confesó que todavía no sabe cual será la ayuda más adecuada que la SCJN podrá ofrecer, refrendó su intención de lograr que al menos se revisen los casos de las mujeres.
Además, señaló que la medida penal "no es idónea ni necesaria, pues no se justifica en un bien jurídico de relevancia penal, además de existir medidas más adecuadas para garantizar en todo caso el derecho a la salud".
A finales de octubre, la Suprema Corte otorgó una suspensión contra el Panaut, la cual permitía salvaguardar el mandato constitucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como regulador y garante de los derechos humanos contenidos en los artículos 6º y 7º constitucionales.
Escobar denunció que “la fiscalía no hizo su trabajo correctamente” ya que los equipos de búsqueda —un equipo de 200 personas y perros— ya habían estado en el motel en el que luego se encontró el cadáver. El establecimiento está cerca del último lugar en el que se vio con vida a la muchacha.
"Hay elementos suficientes para –al menos– poner en entredicho el actuar imparcial de la Ministra frente al asunto, y la mera duda razonable de una actuación imparcial tratándose de nuestro máximo Tribunal Constitucional justifica la separación de ésta del asunto en concreto", concluyeron.
