De inmediato no se produjo ninguna reacción del Gobierno de Managua sobre el fuerte comunicado de Colombia que hace un año ordenó el regreso de su embajador en Managua en protesta por las declaraciones de Ortega, quien calificó a la nación sudamericana como un "narcoestado".
"El expresidente Mauricio Funes es enviado a juicio por aceptar una avioneta como dádiva a cambio de conceder la construcción del puente San Isidro, sobre el río Lempa, a una empresa guatemalteca", publicó en redes sociales la institución.
En la región, más gobiernos se han manifestado sobre la situación en Nicaragua. Ecuador hizo un llamado a Ortega para que libere a los “presos políticos” y devuelva la democracia, al tiempo que condenó la decisión de confiscar los bienes y retirar la nacionalidad nicaragüense de los exiliados.
Un día después del discurso de Ortega, y pese a que el juicio estaba programado para el 15 de febrero, una jueza nicaragüense declaró al religioso "traidor a la patria" y autor de cuatro delitos en perjuicio de la sociedad y el Estado de Nicaragua.
La ONU reivindicó el derecho a la nacionalidad recogido en la Declaración universal de los Derechos Humanos y dijo que "nadie debería ser despojado de ella arbitrariamente" además de condenar la "persecución o represalia contra defensores de los derechos humanos o personas críticas" con el Gobierno
Según Velasco, la acción de la Fiscalía deja el mensaje claro de que “no hay ninguna autoridad, ningún funcionario o servidor público por encima de la ley y deberán responder”. A su vez abogó por una justicia imparcial que agilice el proceso para que este caso “no se quede en la impunidad”.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente chileno, Gabriel Boric, envió el sábado "un abrazo fraterno a Gioconda (Belli), Sergio (Ramírez), Sofía (Montenegro), Carlos (Fernando Chamorro) y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense".
Frente a su esposa, su bebé recién nacido y su hijo adolescente, fue detenido por policías antimotines armados que llegaron en tres patrulleros a su casa y sin orden judicial ni explicaciones lo llevaron a una cárcel de máxima seguridad, un día antes de los comicios del 6 de noviembre de 2021.
Si bien la decisión final y "soberana" correspondió a Ortega, estimó que la puesta en libertad de 222 presos políticos tuvo que haber implicado intercambios diplomáticos con el embajador estadounidense en Nicaragua, Kevin Sullivan, así como con el Departamento de Estado del país norteamericano.
"Vamos a hacer todo lo que sea necesario para presentar este caso ante las Naciones Unidas, ante la Comisión de Derechos Humanos, ante los tribunales internacionales", dijo a EFE en referencia a la decisión de las autoridades nicaragüenses de retirar la nacionalidad "por traición a la patria"
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) exigió este lunes saber cómo se encuentra el obispo nicaragüense Rolando José Álvarez Lagos, condenado a 26 años y cuatro meses de prisión tras negarse a ser desterrado por el Gobierno de Daniel Ortega a Estados Unidos.
"Nos oponemos a pronunciamientos laudatorios como los emitidos por el Departamento de Estado de EU, en los que se presenta un hecho violatorio de derechos humanos como 'pasos positivos' para la consolidación de las relaciones entre países y el camino a la democracia", subrayaron.
Los 94 nicaragüenses -defensores de derechos humanos, sacerdotes, ambientalistas, disidentes sandinistas, estudiantes, empresarios y comerciantes, entre otros- han sido también despojados del derecho a la propiedad, acusados de delitos contra el Gobierno y declarados prófugos de la Justicia.
Director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, de Estados Unidos, Greenspon se refirió así al índice elaborado anualmente por la organización para clasificar a los países en función de sus acciones que afectan a la libertad de expresión y prensa.
A través de un decreto firmado por quince ministros el 10 de septiembre de 1976, Letelier fue despojado de su nacionalidad chilena, quince días después que publicara en Estados Unidos su emblemático ensayo "Los 'Chicago Boys' en Chile: el terrible precio de la libertad económica".
En 2015 Francia privó de la nacionalidad a cinco condenados que tenían doble nacionalidad, en una decisión avalada cinco años después por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que valoró que la medida no les convertía en apátridas al poseer otra nacionalidad.
La ONU reivindicó el derecho a la nacionalidad recogido en la Declaración universal de los Derechos Humanos y dijo que "nadie debería ser despojado de ella arbitrariamente" además de condenar la "persecución o represalia contra defensores de los derechos humanos o personas críticas" con el Gobierno
"La Coalición Nicaragua Lucha convoca a que, en cada espacio de resistencia en el mundo, se alce la voz en solidaridad con el pueblo nicaragüense. No se puede hablar de una Latinoamérica democrática si en Nicaragua se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad", anotó.
El presidente de Paraguay, cuyo país es uno de los pocos aliados diplomáticos que le quedan a Taiwán, mostró su admiración por la democracia insular durante una visita de Estado a Taipéi el jueves.
Las confiscaciones de propiedades fueron una práctica común durante el primer gobierno sandinista (1979-1990), del cual Ortega fue presidente durante cinco años. Miles de casas, haciendas y empresas industriales fueron expropiadas a personas ligadas al derrocado dictador Anastasio Somoza.
