El caos que se desarrolló en la ajetreada intersección de tres vías en la zona centro de Matamoros, podría haberse recordado solo como un acto de violencia angustiosamente común en una ciudad fronteriza agobiada por la violencia. Excepto que en esta ocasión las víctimas eran estadounidenses.
Un intento anterior de las autoridades estadounidenses de exigir responsabilidades al exministro de Defensa Salvador Cienfuegos fracasó cuando fue detenido en EU en 2020 acusado de aceptar sobornos para proteger a miembros del cártel, y posteriormente exonerado en México tras su extradición.
Genaro García Luna, quien fuera arquitecto y rostro público de la sangrienta guerra de México contra los poderosos grupos criminales, fue declarado culpable en un tribunal de Nueva York de traicionar a su país y a sus colegas al aceptar millones de dólares en sobornos de los violentos cárteles...
Pero tras una intensa presión de México, el caso de Cienfuegos fue desestimado y el exsecretario fue enviado de regreso a su país. El colapso de ese proceso terminó en la práctica con el plan de los fiscales estadounidenses de presentar más casos de corrupción contra funcionarios mexicanos.
Una absolución podría desatar una tormenta en México, poniendo en duda la capacidad de las autoridades estadounidenses para recopilar pruebas convincentes sobre la corrupción mexicana de alto nivel que, tradicionalmente, ha recibido menos escrutinio que los delitos de los líderes de los cárteles.
La DEA destituyó discretamente a su funcionario de más alto nivel en México el año pasado por contactos inapropiados con abogados de narcotraficantes, un final vergonzoso para una gestión breve marcada por el deterioro en la cooperación entre ambos países y un flujo récord de cocaína y heroína.
El que en su día fue el máximo responsable de seguridad de México y el encargado de la lucha contra los cárteles de la droga será juzgado el martes por haber aceptado presuntamente millones de dólares en sobornos a cambio de ayudar al poderoso cártel de Sinaloa a mover drogar y a evitar la...
El papel de algunos militares tanto en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014, como en la ocultación de lo ocurrido y sus presuntos vínculos con el crimen organizado, están en el centro de un caso que ha generado conmoción en México y el exterior.
La noticia del arresto de Rodríguez llega un día después de que la Cámara de Diputados votara para mantener a los soldados en las calles supervisando la seguridad pública hasta 2028, alimentando la preocupación por la cantidad de poder que el presidente López Obrador le ha dado al Ejército.
El representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Jan Albert Hootsen, expresó que la organización ya se comunicó con el medio donde Román publicaba sus columnas, y que le informaron que no tenían conocimiento de amenazas previas.
En entrevista reciente con Associated Press, Santana Ángeles dijo que existe un compromiso del Ejército mexicano para dar acceso a los archivos y no se trata de un tema a negociar. Sin embargo, hay a quienes preocupa que la cercanía de López Obrador con el ejército no contribuya a esa apertura.
El informe indica también que la estructura creada por los altos funcionarios ahora encarcelados aparentemente seguía operando con “bajo perfil” hasta el año pasado puesto que en 2020 se incrementaron las desapariciones (hubo 164), más que las registradas en 2017 (136).
Resulta alentador que López Obrador demuestre cierta voluntad para investigar los excesos y crímenes cometidos por las fuerzas armadas. 30 elementos de la Secretaría de Marina fueron detenidos en abril acusados de secuestro y desaparición forzada en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Los Gobiernos de México y EU oficializaron este martes la puesta en marcha del Entendimiento Bicentenario, su nueva "alianza" en materia de seguridad que busca combatir la criminalidad con un enfoque integral y alejarse de la estrategia militar de la Iniciativa Mérida.
México y Estados Unidos sostienen negociaciones para que el gobierno mexicano apruebe visados para que los agentes de la DEA puedan trabajar en la nación, informó el martes Ken Salazar, embajador estadounidense en México.
Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que ambos gobiernos están trabajando para lograr zonas más seguras en ambos lados de la frontera y combatir problemas como el tráfico de armas y estupefacientes y el lavado de dinero.
Estados Unidos y México acordaron dejar atrás la Iniciativa Mérida —que se impulsó hace 13 años para desarrollar las capacidades de las autoridades mexicanas en el combate al narcotráfico y las organizaciones criminales— para dar paso a un nuevo acuerdo de cooperación en materia de seguridad.
El pueblo yaqui ha sufrido recientemente una ola de asesinatos y muertes por COVID-19, por lo que la disculpa pública que ofreció el gobierno de México el martes por siglos de abusos en su contra sonó algo hueca.
Un juez federal ha abierto una vía de agua para la reapertura del caso contra el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto imputado en EE UU por narcotráfico y lavado de dinero en noviembre del año pasado.
Funcionarios de México y Estados Unidos celebraron el jueves una reunión de seguridad en la que hicieron hincapié en atacar los intereses de negocios de los cárteles del narcotráfico, las armas que utilizan y las adicciones con las que lucran.
