El gobierno de México envió el jueves unos 950 efectivos del Ejército al estado occidental de Colima para reforzar la seguridad y hacer frente al recrudecimiento de la violencia en la región, donde en los últimos meses ha habido enfrentamientos entre cárteles de la droga.
En noviembre de 2019, en el municipio de Bavispe, Sonora, fueron masacrados seis menores y tres mujeres pertenecientes a la familia LeBarón. Adrián LeBarón, padre y abuelo de las víctimas, aseguró que detrás de esta tragedia estaba el líder del Cártel de Caborca, Rafael Caro Quintero.
Entre la noche del 15 de febrero y la madrugada del miércoles 16 de febrero, dos convoyes de Los Chapitos -tres de los hijos del capo hoy preso en Estados Unidos que dominan uno de los brazos del poderoso cártel de Sinaloa- irrumpió en la localidad con decenas de camionetas blindadas.
Pese a todos los problemas, RSF enfatizó que la mera existencia de los mecanismos, que no sólo tienen como objetivo proteger a periodistas sino a defensores de derechos humanos y otros colectivos, es un logro indiscutible aunque los cuatro países tienen que ir más allá de simplemente crearlos.
Los analistas estiman que la situación de violencia en los penales mexicanos es consecuencia del hacinamiento, el crecimiento de la población penal y el escaso personal de custodia, muchos de los cuales tienen malos salarios lo que favorece la corrupción.
El líder campesino Francisco Vázquez, opositor de la termoeléctrica de Huexca —parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), un megaproyecto del Estado mexicano— fue asesinado el 10 de febrero. Es el segundo crimen de un luchador social contra la termoeléctrica ubicada en el estado de Morelos.
La patrulla entra en el camino de tierra. Los soldados se bajan y empiezan a caminar con cuidado, encabezados por un oficial con un detector de metales. “Pi-pi-piiii” se escucha. Al detectar una potencial mina, regresan, se colocan el equipo antiexplosivos y la desactivan.
Todo comenzó con el aviso de los traileros. Mensajes de radio donde alertaban, desde el martes por la tarde, que se venía la tragedia a los pueblos. Hombres armados para destruir una ciudad, decenas de camionetas con blindaje artesanal, perforadas para encajar los rifles de asalto de un calibre...
El silencio ha tomado la tribuna de Palacio Nacional este miércoles como señal de protesta por la violencia contra la prensa. Este miércoles, algunos de los periodistas asistentes a la conferencia del presidente López Obrador se han negado a hacer preguntas al mandatario para manifestarse por la...
En un caso similar, pero que ha logrado tener mejores resultados, la actriz Salma Hayek, víctima del productor Harvey Weinstein, escribió: “Los hombres acosan sexualmente porque pueden. Y las mujeres estamos hablando porque, en esta nueva era, por fin podemos hacerlo”.
También se registraron protestas en los estados de Veracruz (este), Guerrero (sur) y San Luis Potosí (centro). El pasado 25 de enero, periodistas de todo el país hicieron una manifestación similar contra la violencia hacia la prensa con el lema "No se mata la verdad matando periodistas".
Un campesino cuyas tierras están en un territorio en disputa entre cárteles en el estado de Michoacán, en el occidente de México, murió cuando su camioneta pasó por encima de una mina terrestre en lo que sería el primer deceso de un civil a causa de este tipo de explosivos.
López Obrador ha concentrado su enojo en Loret de Mola, que fue uno de los periodistas que revelaron que el hijo mayor del mandatario vivió en una casa lujosa en Houston, Texas, propiedad de un ejecutivo de una compañía que recibió contratos de la compañía petrolera estatal de México.
Cuando entró el gobierno de López Obrador, en diciembre de 2018, el mecanismo tenía incorporadas a 798 personas, incluidos defensores de derechos humanos y periodistas. Actualmente, son 1.518: 495 periodistas (135 mujeres y 360 hombres) y 1.023 defensores (551 mujeres y 472 hombres).
El periodista Heber López murió el jueves tras ser baleado en el sur de México, convirtiéndose en el quinto comunicador asesinado en el país en seis semanas consideradas las más violentas para la prensa mexicana en más de una década.
Amaro valoró positivamente la participación de otros cuerpos de seguridad siempre que "sea en el marco de un trabajo de coordinación entre países" y se haga "por los conductos pertinentes", en línea con lo exigido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace unos días.
Al preguntarle quiénes cree que estarían detrás de las amenazas en su contra, Cordero García afirmó que “me quieren silenciar por mi trabajo periodístico. Soy muy crítico en mis reportaje, en mis entrevistas”. El periodista expresó que tras el hecho solicitó a las autoridades reforzar su seguridad.
“Las condiciones se prestan para eso, un aeropuerto en el que recibimos muchísimas personas que vienen de distintas partes del mundo, que tienen diferentes intereses y que provoca precisamente que se convierta en un lugar muy apetitoso en determinados momentos para ese tipo de acciones”, agregó.
Michoacán vive intensos niveles de violencia porque gran parte de su territorio se encuentra en disputa entre grupos delincuenciales locales y el Cartel de Jalisco Nueva Generación, ya que el estado es clave para la entrada de precursores utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.
Con dos agresiones al día y una impunidad casi total, la violencia contra los periodistas se perpetúa en un México con ineficaces medidas de protección y críticas diarias a los medios por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
