El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este viernes la decisión "histórica y patriota" de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) de avalar la Ley de la Industria Eléctrica.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de México avaló el jueves la constitucionalidad de una polémica ley de la industria eléctrica aprobada el año pasado, la cual da ventaja a la generación gubernamental de electricidad sobre las plantas privadas de energía.
Los 11 ministros de la Suprema Corte debían fallar esta semana sobre una acción de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales presentadas por miembros del Senado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el estado de Colima, respectivamente.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este jueves que, de ser necesario, se acudirá a tribunales internacionales para defender su política energética y posibles controversias dentro del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La Suprema Corte de México invalidó este lunes por unanimidad una norma que prohíbe a altos funcionarios federales trabajar en empresas privadas durante los 10 años siguientes a su encargo en el sector público, como establece la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR)
"Y llamo a eso, a que se rebelen para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria, que se rebelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres, que la libertad no se implora, la libertad se conquista", agregó.
El proyecto, actualmente en discusión en el Congreso bicameral, es una reforma a la Constitución y por tanto requiere el voto de dos tercios de los legisladores, una cantidad que Morena y sus aliados no reúnen. Necesitan votos de opositores, que hasta ahora rechazan en bloque la propuesta.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo este lunes que ve una situación "difícil" e incierta por la reforma eléctrica del Gobierno mexicano para fortalecer a la empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre las privadas.
El proyecto de Almaden Mineral en Ixtacamaxtitlán, un municipio con 126 comunidades de la parte más alta de sierra norte de Puebla, tiene unas reservas millonarias de oro y plata y, según la web de la compañía, su valor neto actual se estima en unos 310 millones de dólares.
"El régimen establecido por el artículo 27 constitucional sobre los minerales propiedad de la Nación es claro en establecer la potestad exclusiva de la Federación para aplicar las modalidades que resulten necesarias para el aprovechamiento de los recursos minerales", determinó la SCJN.
La Suprema Corte de Justicia de México suspendió parcialmente el martes el acuerdo sobre los proyectos y obras de infraestructura del gobierno federal al frenar lo relativo al blindaje de la reserva de información.
“Nosotros creemos que la mayoría se va a quedar en el ruido político y muy poco se va a convertir en riesgo, porque no tiene el músculo político para hacer estas cosas que quiere hacer. Creemos que el ruido va a continuar en los próximos tres años, pero poco de eso se va a concretar”, dice Gonzali.
Desde la Secretaría de Hacienda y como encargada del manejo de las inversiones públicas “ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar” y a ella se debe “que tengamos estabilidad financiera, el que no se haya recurrido a deuda adicional”, afirmó el presidente.
El mandatario no aclaró si es la misma propuesta que hizo el 15 de junio, tras las elecciones en las que su alianza de partidos perdió la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de una reforma constitucional que "fortalezca" a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa del Estado.
En su plan de negocios, la empresa del Estado estipuló 381.544 millones de pesos (unos 19.077 millones de dólares) en proyectos de inversión hacia 2025, con 53 % del monto destinado a la generación de electricidad, en la que destacan seis nuevas centrales de ciclo combinado.
Sin embargo, el juez no suspendió una de las partes más controvertidas, la que permite a la Secretaría de Energía (Sener) tomar el control de instalaciones privadas que representen un "peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional".
La investigación se anuncia después de promulgarse, el 9 de marzo, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que elimina el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y ciclo combinado.
También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.
La polémica reforma eléctrica mexicana, que obstaculiza la actividad de las empresas de renovables y extranjeras y que ha sido suspendida por el Poder Judicial, aplazaría indefinidamente hasta 4,000 millones de dólares anuales de futuras inversiones en energía limpia.
Senadores de los partidos de oposición presentaron este jueves una acción de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones que hizo el Congreso mexicano a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
