Las capturas masivas de supuestos pandilleros y la prórroga del régimen de excepción han provocado que organizaciones defensoras de los derechos humanos hayan instaurado al Estado salvadoreño a que respete el debido proceso y los derechos humanos el estado de emergencia.
Las redes sociales, principalmente Twitter, ha sido el medio por el cual algunos salvadoreños han denunciado capturas arbitrarias de familiares, en su mayoría hombres jóvenes, durante el estado de excepción y en los últimos días también se han denunciado supuestas muertes de capturados en cárceles.
Casi todos los incidentes ocurrieron entre 2017 y 2020, cuando los intentos por crear un Estado independiente en el noreste de España llevaron a la crisis política más profunda del país en décadas. El ex gabinete catalán que impulsó un referendo ilegal sobre la independencia fue destituido.
Todos los días publicaba la lista de detenidos y fotos de individuos con tatuajes. Las redadas no son producto de investigaciones policiales de los asesinatos de fines de marzo, sino un endurecimiento de las políticas de seguridad que algunos describen como “populismo punitivo”.
Para combatir la alarmante violencia, a pedido del mandatario el Congreso aprobó el domingo el estado de excepción, que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones de arresto, así como a la asistencia de un abogado.
El régimen de excepción no contenía restricciones de movilidad “y ya el gobierno ha sitiado, se ha tomado algunas comunidades donde la fuerza armada tiene el control de quién entra y quién sale”, dijo el abogado Eduardo Escobar, de la organización no gubernamental Acción Ciudadana.
María pasó el lunes buscando a su hijo de 16 años, indagó en varias cárceles y centros de detención juvenil pero no tuvo suerte: el joven fue una de las cientos de personas detenidas en las horas posteriores a la implementación del estado de excepción en todo El Salvador.
“Ustedes pagaron con sangre por estos ocho años de tormento y anticipación”, expresó la presentadora de noticias Olga Skabeyeva dirigiéndose a los habitantes de la región conocida como Donbás, en un programa el martes en la mañana en la televisora estatal rusa. “Rusia ahora defenderá Donbás”.
El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones junto a Nicaragua, Honduras y Republica Dominicana. La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga a las mujeres como a los médicos.
Los diputados del partido Nuevas Ideas y sus aliados justificaron la aprobación de estas operaciones debido a gran cantidad de denuncias de una diversidad de delitos que se cometen y que se pueden cometer a través del abuso de las tecnologías de la información y la comunicación.
De acuerdo con los datos de este centro relacionados con las leyes nacionales que se han adoptado de manera formal, 66 países, donde solo habita más de una cuarta parte de las mujeres en edad reproductiva, prohíben el aborto o lo autorizan solo si la vida de la mujer está en riesgo.
Los teléfonos celulares de docenas de periodistas y defensores de los derechos humanos en El Salvador fueron hackeados en repetidas ocasiones con un sofisticado spyware durante el último año y medio, aseguró un grupo de monitoreo de internet el miércoles.
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó el miércoles que se reabra el caso de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras. El asesinato fue perpetrado por un comando del ejército salvadoreño durante la guerra civil hace más de tres décadas.
Más de veinte mujeres con embarazos no deseados visitan últimamente cada semana el consultorio de la doctora Miranda Ruiz, una de las pocas profesionales que realizan abortos gratuitos en la provincia de Salta, al norte de Argentina. Sin su ayuda, muchas se verían obligadas a recurrir a métodos...
Un descenso en el número de asesinatos suena grandioso, pero debe estar acompañado de buenas políticas públicas, seguridad e investigaciones y procesos efectivos, opinó Leonor Arteaga, directora de programa en la Fundación para el Debido Proceso, una organización con sede en Washington.
Luna y su madre, Alma Yanira Meza Olivares, presuntamente pusieron en marcha un plan para malversar millones de dólares del sistema penitenciario y robaban provisiones destinadas a aliviar las condiciones de la pandemia y las revendían al gobierno. También se sancionó a Meza.
"Me encuentro en la necesidad una vez más que se valore la realización de audiencia especial de revisión de medidas, en esta oportunidad y de forma especifica, con motivo de mi condición médica", señala el documento.
La Corte Constitucional colombiana decidirá el jueves sobre dos demandas que piden la despenalización total del aborto, un delito penado con entre uno y cuatro años de cárcel.
El proyecto de ley obligaría a cualquier persona u organización en El Salvador que realice actividades “que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero” registrarse como “agentes extranjeros”.
“No existe un plan, el denominado plan control territorial es solo eso, un plan meramente comunicacional, de publicidad, para hacer ver una realidad que dista mucho de lo que la población en sus comunidades vive en el día a día”, manifestó ante periodistas.
