El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reconoció el martes que cambió de opinión sobre el rol de los militares en labores de seguridad pública cuando llegó al poder en diciembre de 2018 y “tenía que enfrentar el problema de la inseguridad y vi la gravedad de que no se tenía con quién”.
Luis María Aguilar, uno de los magistrados de la Corte, argumentó que la prisión preventiva equivale a una sentencia ejecutada de antemano y señaló que algunos cargos conllevaban sentencias de apenas unos meses, mucho menos que el tiempo que la mayoría de las personas pasan en espera de juicio.
Casi dos meses después del asesinato de dos jesuitas mexicanos en la localidad norteña de Cerocahui el miedo impera en el remoto poblado enclavado en la sierra Tarahumara, dominado por criminales y traficantes de droga y que otros religiosos se niegan a abandonar.
En México, una larga lista de delitos no violentos como el robo en viviendas o de combustible es causa de prisión preventiva en automático, donde no hay posibilidad de fianza ni arresto domiciliario.
López Obrador, que durante años había dicho que los militares debían retornar a los cuarteles, cambió de posición y en los últimos meses comenzó a promover una propuesta de reforma constitucional para pasar a la Guardia Nacional a la Sedena.
La Guardia Nacional de México, creada en 2019 como una fuerza bajo mando civil, se transferiría completamente a la autoridad de los militares del país, de acuerdo con una reforma legislativa presentada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Alejandro Encinas, uno de los subsecretarios de la Secretaría de Gobernación, reconoció que hubo violaciones a las leyes vigentes y omisiones en la inspección de las medidas de seguridad del casino y por eso pidió una disculpa “honesta y sincera, sin dobleces y sin ambigüedades”.
El Comité también instó a las autoridades a que reconozcan todas las formas de responsabilidad del Estado, ya sea por acción directa o por complicidad u omisión en las desapariciones efectuadas por el crimen organizado, que es el principal perpetrador.
El presidente se refirió en concreto al caso del mexicano Israel Vallarta, encarcelado y sin sentencia desde 2005 por cargos de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas. "Si ya hay elementos suficientes, pedir a la fiscalía que se desista" de la acusación, indicó.
Desde hace semanas, Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de bombardeos en el recinto de la central, ocupada por Rusia desde marzo. Se espera la llegada esta semana que una misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para realizar una inspección.
Por más empeño que le ponga la policía, de todas formas, el crimen muta. “Estamos viendo un alejamiento de la extorsión a comerciantes y vendedores en mercados para buscar directamente a sus proveedores, lo que requiere menos mano de obra, en este caso, mano de obra criminal”.
El Gobierno de López Obrador presumió sus políticas contra la inseguridad. Los bloqueos carreteros, incendios a locales y asesinato de civiles inocentes al azar en cinco Estados del país obligaron a las autoridades a dar explicaciones sobre la capacidad del narco de poner en jaque a la ciudadanía.
De acuerdo al informe, los seis normalistas fueron retenidos en un lugar denominado la “bodega vieja”, y el 30 de septiembre del 2014 una persona identificada como “el coronel” comentó que “ellos se encagarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los 6 estudiantes”.
Tras una audiencia que se prolongó por más de seis horas, el juez decidió vincular a proceso a Murillo Karam por los delitos contra la administración de justicia, tortura, y desaparición forzada.
El ex Procurador General mexicano Jesús Murillo Karam se enfrenta el miércoles a una audiencia en la que se determinará si se le abre un proceso penal por su responsabilidad en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur del país ocho años atrás.
A Bladimir, su hijo, lo mataron el 1 de julio. El joven trabajaba como distribuidor de pollos en una zona de las afueras de la capital del estado, Chilpancingo, dominada por dos bandas de narcotraficantes enfrentadas y dos bandas de autodefensas que también luchan entre sí.
Se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades. El exfuncionario mexicano, de 53 años, se encuentra encarcelado en Nueva York e irá a juicio en enero de 2023.
El secuestro y la desaparición de los 43 jóvenes en septiembre de 2014 golpearon el legado de Peña, y la versión de su gobierno sobre lo que ocurrió con los jóvenes fue posteriormente desacreditada por un panel de expertos internacionales que la revisó, conocido como el GIEI.
Una semana después de que grupos criminales sembraran el caos en varias ciudades del noroeste del país como reacción, en la mayoría de casos, a detenciones hechas por las autoridades, la historia se repitió en Colima, un estado de la costa del Pacífico mexicano con altos niveles de violencia.
El mandatario también acusó a sus adversarios de intentar crear una falsa percepción de que "el país se está incendiando", y aseguró que sigue sin viajar en autos blindados o con escoltas. "No tengo nada que temer, me siento muy seguro en Baja California y en todo México"
