El Salvador se encuentra en estado de excepción desde finales de marzo tras una ola de asesinatos el último fin de semana de marzo que dejó 87 víctimas. En respuesta, la Asamblea Legislativa aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo.
El arzobispo capitalino, monseñor José Luis Escobar Alas, declaró el domingo que la mayoría de los salvadoreños están a favor del estado de excepción porque quieren que se termine la violencia generada por las pandillas.
"Me duele porque son personas que son inocentes. Si mis hijos no fueran inocentes no estuviera en este lugar, pero mis hijos son personas inocentes, son jóvenes que trabajan porque yo soy una mujer de trabajo y yo les he enseñado a trabajar y a ganarse la vida honradamente", añadió.
Las autoridades sostienen que persisten las circunstancias que motivaron la implementación de la medida. En lo que va del régimen de excepción, las autoridades han capturado a 46.694 personas, en su mayoría acusadas de formar parte de esas estructuras criminales o ser colaboradores de las pandillas
La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) señaló este lunes que, un año después de las revelaciones sobre el Proyecto Pegasus, sigue sin acordarse la suspensión global de la venta de programas espía, con lo que el sector de la vigilancia continúa operando sin control, como ha...
Una investigación del medio El Faro apunta que la ola de asesinatos que dio pie al régimen de excepción se dio tras la supuesta ruptura de un pacto entre el Ejecutivo de Bukele y las pandillas. El mandatario, ni ningún alto funcionario del Gobierno, han respondido a esta acusación. EFE
“Toda la familia extraña mucho a mi hermano”, dijo Henry Martínez, quien también vive en Los Ángeles, en un comunicado. “Trabajó toda su carrera para servir a los marginados y es realmente el mejor de nosotros. Esperamos, rogamos que Eyvin pueda volver pronto luego de esta detención por error”.
Efe intentó conocer la cifra oficial de personas detenidas y fallecidas bajo custodia estatal, pero el Ministerio de Salud y el Instituto de Medicina Legal (forense) aseguraron que no llevan registro y la Fiscalía respondió que no estaba generando informes por la actualización de sus sistemas.
El Ministerio Público informó que la condena de Lesly Lisbeth Ramírez se basó en las pruebas presentadas en el juicio por los fiscales del caso y el dictamen forense que determinó como causa del fallecimiento de la bebé “degüello por herida tipo contuso-cortante producido con arma blanca”.
La organización Human Rights Watch condenó el miércoles el asesinato de tres policías salvadoreños emboscados por pandillas, denunció que estos grupos han cometido “brutales abusos” y exigió combatirlos respetando los derechos humanos.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, advirtió el martes que el Estado desatará todo su poder en contra de las pandillas que emboscaron y asesinaron a tres policías cuando patrullaban una populosa comunidad del oeste del país.
La conocida como ola verde, iniciada en Argentina hace unos años, ha provocado otras movilizaciones sociales en países como Colombia y México, una tendencia que ha ido ampliando los derechos y el debate en la región, hasta el revés que hoy les ha propinado la Corte Suprema estadounidense.
“Ningún gobierno, político u hombre debería decir a una mujer qué sí y qué no puede hacer con su cuerpo”, manifestó el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Agregó que él no “puede imaginar el temor ni la ira” que las mujeres en Estados Unidos deben estar sintiendo después del fallo.
A petición del gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó el martes una tercera prórroga del estado de excepción para continuar el combate a las pandillas, a las que responsabilizan de la mayoría de los crímenes en el país centroamericano.
Durante dicho régimen son más de 41,000 personas detenidas y unas 3,000 denuncias de supuestos atropellos que han recibido organizaciones humanitarias locales e internacionales, además de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Karen tenía 21 años y estaba embarazada cuando se desmayó en la casa de su abuela, donde estaba sola. Al despertarse, estaba esposada a una camilla de un hospital. Fue condenada a 30 años de cárcel en el 2015 por homicidio con agravantes, acusada de someterse a un aborto.
Apenas unas horas antes de que Domínguez fuera detenida, en un mensaje en su cuenta de Twitter que acompañaba fotos de pandilleros con la camisa levantada y el torso cubierto de tatuajes, Bukele escribió que las autoridades habían arrestado a más de 13,000 “terroristas”.
A estas alturas es tan predecible como las peticiones de oraciones y pensamientos: un tiroteo masivo deja muchos muertos, y poco después de la matanza llegan las teorías conspirativas descabelladas y la desinformación.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil en el país (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, tienen más de 70,000 miembros y han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.
El subdirector del SNAI, Roberto Moreno, llamó a los asistentes a "repensar para transformar el talento humano" encargado de la gestión penitenciaria y señaló que los diferentes organismos suelen coincidir en que se requiere un proceso de "humanización y dignificación de los privados de libertad".
