El traspaso fue aprobado en septiembre por el Congreso, controlado por oficialismo, como parte de una reforma legislativa que promovió López Obrador en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias y activistas que la consideraron un avance en el proceso de militarización en México.
"Visibiliza cuatro casos de feminicidio precedido de desaparición y deja constancia de las omisiones y deficiencias cometidas por las autoridades y personas servidoras públicas del Estado de México al realizar las investigaciones", detallaron.
La Suprema Corte de Justicia inició el lunes la discusión del proyecto de sentencia para declarar inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército que aprobó el año pasado la mayoría oficialista del Congreso. El debate se espera que continúe el martes.
La mayor parte del fentanilo ilegal es distribuido en píldoras que se parecen a otros medicamentos, o mezclados con otras drogas, incluidas la heroína y la cocaína. Muchas personas que mueren por sobredosis en Estados Unidos no saben que están consumiendo fentanilo.
Pero lo más grave, según los expertos, es que a pesar de que el propio presidente dio seis veces la orden -incluso por escrito- al jefe del ejército para que colabore, la Secretaría de la Defensa, que ha multiplicado sus funciones y poder durante su administración, sigue sin hacerlo.
En los últimos días el presidente mexicano también ha hecho cuestionamientos a la política antidrogas de Estados Unidos asegurando que ha fracasado y que permite que operen con libertad los cárteles que distribuyen fentanilo en ese país, señalamientos que han sido rechazados por Washington.
El organismo gubernamental de defensa de los derechos humanos en México informó que cuatro soldados abrieron fuego sin justificación contra una camioneta pickup en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo el mes pasado, matando a cinco hombres e hiriendo a otro.
A lo largo de esa calificación anual de México por Washington –basada en información pública, de ONG y medios seleccionada por el gobierno estadunidense– el Departamento de Estado aborda en detalle los delitos cometidos por bandas criminales locales y trasnacionales y narcotraficantes.
El informe del Departamento de Estado detalla graves denuncias sobre abusos de derechos humanos de parte de integrantes de las fuerzas de seguridad en México, entre los que menciona homicidios arbitrarios cometidos por policías, militares y otros funcionarios gubernamentales.
El episodio contrasta fuertemente con el frenesí del gobierno y los medios de comunicación por el secuestro de cuatro estadounidenses que viajaron a México por carretera para una cirugía plástica. Se vieron inmersos en un tiroteo entre cárteles de la droga en la ciudad fronteriza de Matamoros.
Aunque cree que una condena de 20 años es “muy poco tiempo”, considerando que ella tuvo que luchar 21 años para lograr que se hiciera “algo de justicia”, la activista dijo a The Associated Press que está contenta y lista para los recursos de apelación o amparos que pudieran presentarse.
El Departamento de Estado mantiene desde hace años una alerta máxima para que los estadounidenses no viajen a la zona pero es habitual que habitantes de las poblaciones fronterizas crucen a México para hacer compras, ir a consultas médicas -que son más baratas- o visitar a familiares.
En una declaración en video, Raymundo Ramos, activista del comité de derechos humanos, afirmó que los soldados dispararon contra la multitud, pero no tenía información inmediata sobre víctimas adicionales. También dijo que los fallecidos regresaban de un club cuando fueron asesinados.
"El ejército mexicano está fuera de control", dijo Ramos a Reuters. "La fiscalía tiene que aclarar lo que pasó y el presidente debe dejar de protegerlos", señaló el abogado, que el lunes presentó una denuncia conjunta con los familiares de las víctimas.
Es poco probable que un exfuncionario mexicano acusado de orquestar un encubrimiento de la desaparición de 43 estudiantes sea extraditado de Israel, donde ahora vive, según funcionarios israelíes que no tienen autorización para emitir declaraciones en público.
La Ley pretende “garantizar la soberanía de la Nación sobre el espacio aéreo mexicano por medio de la vigilancia y protección coordinada que sobre este realizan las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, esto de acuerdo con el dictamen aprobado este miércoles.
La Compañía de Jesús decidió reforzar con tres sacerdotes más su presencia en un poblado del norte de México donde hace más de siete meses fueron asesinados dos jesuitas sin que aún se haya detenido al presunto responsable del hecho, lo que llevó a la Comisión Interamericana de los Derechos...
Portillo Gil es señalado desde 2018 también como el principal sospechoso del homicidio del profesor estadounidense Patrick Braxton-Andrew, quien según las autoridades fue asesinado a balazos tras ser confundido con un agente de la agencia antidrogas estadounidense DEA.
"Al mismo tiempo que (García Luna) se encargaba de la seguridad pública, protegía a uno de los cárteles o uno de los grupos de la delincuencia organizada, estaba al servicio de un grupo de la delincuencia organizada y recibía dinero por eso", enunció la pasada semana en una rueda de prensa.
Óscar Nava Valencia, conocido como “El Lobo”, dijo que los pagos realizados a García Luna también tenían el objetivo de asegurar protección en un momento en que un cisma en el Cártel de Sinaloa estaba por provocar una guerra entre narcos.
