Cuatro empresas chinas fueron inculpadas por la justicia estadounidense por tráfico hacia Estados Unidos y México de químicos precursores de fentanilo, anunció este viernes el secretario de Justicia, Merrick Garland.
Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, Baja California, una ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos, cambiará su residencia a un cuartel militar tras las amenazas recibidas de parte de grupos del crimen organizado, una medida instruida por las fuerzas de seguridad para protegerla.
A finales de mayo se registraron choques entre militares y pobladores del municipio de Frontera Comalapa, en Chiapas, en medio de unos operativos que estaban realizando los uniformados para combatir a cárteles del narcotráfico que mantienen disputas territoriales en esa región.
Las autoridades confirmaron que el administrador de Operación Aduanera de Manzanillo, el cargo que ostentaba desde hace dos semanas, fue secuestrado el domingo por la mañana, pero todavía no han confirmado su fallecimiento. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva.
Abarca dijo que algunos de los desplazados solo han recibido alguna ayuda de miembros de protección civil de Chicomuselo, otro municipio afectado, y temió que una vez que se replieguen del área las Fuerzas Armadas todas esas comunidades queden más desprotegidas.
Baja California es también uno de los estados donde más se cometen homicidios dolosos en México, la mayoría atribuidos por el gobierno a guerras entre bandas del crimen organizado. Entre enero y abril pasado se registraron allí 721 asesinatos, de acuerdo con datos oficiales.
Estados Unidos sancionó el martes a un hijo del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, tres miembros del poderoso cártel de Sinaloa y dos empresas con sede en México, alegando que traficaron fentanilo y otras drogas al territorio estadounidense.
El Gobierno mexicano se niega a ser culpado, acusa una campaña de propaganda y pide que su vecino reconozca su responsabilidad como motor de la demanda. Y las autoridades chinas han marcado su distancia, mientras un cargamento con 600 bultos de resina ha vuelto a agitar las aguas.
Vigil señaló que son los mismos cárteles que trafican con fentanilo y metanfetaminas los que causan la mayor parte de la violencia en México. Es poco probable que evitar los enfrentamientos con los cárteles traiga la paz, señaló Vigil. “Va a tener exactamente el efecto contrario”, aseveró.
Los cargos presentados no son los primeros que se imputan a los hijos de Guzmán. Al igual que su padre, que fue acusado en siete casos en siete ciudades antes de su condena final en el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn, ahora se enfrentan a múltiples acusaciones en varias jurisdicciones.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el viernes cargos contra 28 miembros del poderoso cártel mexicano de Sinaloa, entre ellos los hijos del famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el marco de una extensa investigación sobre el tráfico de fentanilo.
La mayor parte del fentanilo ilegal es distribuido en píldoras que se parecen a otros medicamentos, o mezclados con otras drogas, incluidas la heroína y la cocaína. Muchas personas que mueren por sobredosis en Estados Unidos no saben que están consumiendo fentanilo.
El asesinato de cuatro hombres en el destino turístico de Cancún, México, probablemente estuvo relacionado a conflictos entre organizaciones del narcotráfico, informaron el martes las autoridades.
Fueron capturadas dos personas que se presume participaron en el suceso, dijo la Fiscalía de Quintana Roo en un comunicado. Medios locales indicaron que las personas habrían sido asesinadas en la playa frente a uno de los más reconocidos hoteles de la zona turística de Cancún.
Irizarry declaró a la AP el año pasado que los agentes de la DEA han llegado a aceptar que no pueden hacer nada para frenar el flujo de cocaína y opioides ilegales hacia Estados Unidos, los cuales han llegado a provocar más de 100,000 muertes por sobredosis al año.
La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) señaló este viernes a los cárteles mexicanos de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación como las principales amenazas "para la salud y las comunidades" en territorio estadounidense.
Los sacerdotes asesinados — el reverendo Javier Campos, de 79 años, y el reverendo Joaquín Mora, de 80 — pasaron la mayor parte de su vida sirviendo a la comunidad rarámuri en el poblado chihuahuense de Cerocahui, pese a la violencia de narcotraficantes y los madereros ilegales en la zona.
En los últimos días el presidente mexicano también ha hecho cuestionamientos a la política antidrogas de Estados Unidos asegurando que ha fracasado y que permite que operen con libertad los cárteles que distribuyen fentanilo en ese país, señalamientos que han sido rechazados por Washington.
Portillo Gil era señalado desde 2018 también como el principal sospechoso del homicidio del profesor estadounidense Patrick Braxton-Andrew, quien según las autoridades fue asesinado a balazos tras ser confundido con un agente de la agencia antidrogas estadounidense DEA.
El informe del Departamento de Estado detalla graves denuncias sobre abusos de derechos humanos de parte de integrantes de las fuerzas de seguridad en México, entre los que menciona homicidios arbitrarios cometidos por policías, militares y otros funcionarios gubernamentales.
