Pese a las críticas, Flores consideró como positivas las acciones que se emprendieron el año pasado para esclarecer los homicidios de los periodistas y la detención de más de 15 personas por su presunta vinculación con los hechos, pero criticó que la mayoría de los autores materiales sigan libres.
El traspaso fue aprobado en septiembre por el Congreso, controlado por oficialismo, como parte de una reforma legislativa que promovió López Obrador en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias y activistas que la consideraron un avance en el proceso de militarización en México.
"Visibiliza cuatro casos de feminicidio precedido de desaparición y deja constancia de las omisiones y deficiencias cometidas por las autoridades y personas servidoras públicas del Estado de México al realizar las investigaciones", detallaron.
La Suprema Corte de Justicia inició el lunes la discusión del proyecto de sentencia para declarar inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército que aprobó el año pasado la mayoría oficialista del Congreso. El debate se espera que continúe el martes.
“El Gobierno Municipal lamenta los hechos ocurridos y brindará el acompañamiento correspondiente a los familiares de los afectados, reiterando además la disposición para cooperar con las autoridades pertinentes en espera de que los responsables sean llevados a la justicia”.
La petición de su extradición por el Gobierno Estadounidense se dio desde el pasado 27 de febrero y se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana. El embajador estadounidense resaltó que el Gobierno de Joe Biden ha marcado una nueva etapa de confianza entre ambas naciones.
Los cargos presentados no son los primeros que se imputan a los hijos de Guzmán. Al igual que su padre, que fue acusado en siete casos en siete ciudades antes de su condena final en el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn, ahora se enfrentan a múltiples acusaciones en varias jurisdicciones.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el viernes cargos contra 28 miembros del poderoso cártel mexicano de Sinaloa, entre ellos los hijos del famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el marco de una extensa investigación sobre el tráfico de fentanilo.
Dos días después del asesinato de los sacerdotes, la Fiscalía de Chihuahua ofreció una recompensa histórica de cinco millones de pesos para encontrar a José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, presunto asesino de los dos sacerdotes, de un guía turístico y la desaparición de cuatro personas.
Pero lo más grave, según los expertos, es que a pesar de que el propio presidente dio seis veces la orden -incluso por escrito- al jefe del ejército para que colabore, la Secretaría de la Defensa, que ha multiplicado sus funciones y poder durante su administración, sigue sin hacerlo.
Irizarry declaró a la AP el año pasado que los agentes de la DEA han llegado a aceptar que no pueden hacer nada para frenar el flujo de cocaína y opioides ilegales hacia Estados Unidos, los cuales han llegado a provocar más de 100,000 muertes por sobredosis al año.
Durante más de un año, el presidente ha discutido públicamente con Vulcan. El mandatario necesita el puerto Punta Venado, cerca de Playa del Carmen, para conseguir cemento, grava y otros materiales en el área para terminar su proyecto estrella, un tren turístico conocido como el Tren Maya.
Los sacerdotes asesinados — el reverendo Javier Campos, de 79 años, y el reverendo Joaquín Mora, de 80 — pasaron la mayor parte de su vida sirviendo a la comunidad rarámuri en el poblado chihuahuense de Cerocahui, pese a la violencia de narcotraficantes y los madereros ilegales en la zona.
En los últimos días el presidente mexicano también ha hecho cuestionamientos a la política antidrogas de Estados Unidos asegurando que ha fracasado y que permite que operen con libertad los cárteles que distribuyen fentanilo en ese país, señalamientos que han sido rechazados por Washington.
Portillo Gil era señalado desde 2018 también como el principal sospechoso del homicidio del profesor estadounidense Patrick Braxton-Andrew, quien según las autoridades fue asesinado a balazos tras ser confundido con un agente de la agencia antidrogas estadounidense DEA.
A lo largo de esa calificación anual de México por Washington –basada en información pública, de ONG y medios seleccionada por el gobierno estadunidense– el Departamento de Estado aborda en detalle los delitos cometidos por bandas criminales locales y trasnacionales y narcotraficantes.
El informe del Departamento de Estado detalla graves denuncias sobre abusos de derechos humanos de parte de integrantes de las fuerzas de seguridad en México, entre los que menciona homicidios arbitrarios cometidos por policías, militares y otros funcionarios gubernamentales.
De droga desconocida a enemigo público número uno. El fentanilo ha monopolizado los últimos capítulos de la guerra contra el narcotráfico en México y Estados Unidos. Más potente, barata y difícil de detectar, esta droga sintética está detrás de una crisis de salud pública con tintes epidémicos.
Quienes viven en Matamoros, que forma parte del estado de Tamaulipas y se encuentra al otro lado del río Bravo del sur de Texas, sobrellevan a diario el estallido de la violencia que consume la vida desde que las organizaciones criminales comenzaron a afianzar su control de la ciudad.
Se trata de los mismos cinco hombres que presuntos miembros del Cártel del Golfo (CDG) habrían abandonado el jueves en una calle de Matamoros, acusándolos de haber cometido el rapto sin autorización de sus jefes en esa organización criminal, informó una fuente de la fiscalía a la AFP.
