Se recuerda asimismo que muchos de los presos recluidos en estos campos no han sido condenados "por ningún delito reconocido internacionalmente", y que a varios se los detiene de forma arbitraria por su relación con otras personas que el Estado considera una amenaza.
El informe recoge cifras de la ONG Médicos Sin Fronteras que concluyó que el 77 % de las sobrevivientes de violencia sexual y de género atendidas entre mayo de 2015 y marzo de 2017 en su clínica especializada en Puerto Príncipe eran menores de 25 años y el 53 % menores de 18 años.
"Las fuerzas de seguridad continuaron empleando fuerza excesiva e indebida para dispersar protestas", se indica en el informe 2017/18 al referirse a las manifestaciones antigubernamentales que se desarrollaron el año pasado y que dejaron al menos 120 fallecidos y más de 1000 heridos.
En su anterior informe, Amnistía Internacional alertó del discurso del odio como amenaza a los derechos humanos y en este constata que "el mundo está viendo las terroríficas consecuencias de esa retórica", que puede "normalizar la discriminación masiva contra grupos marginados".
Las operaciones, que respondieron al asalto a una treintena de puestos policiales y fronterizos por parte de un grupo insurgente rohinyá, fueron calificadas por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos como una "limpieza étnica de manual".
Los vacíos en los datos sobre refugiados, solicitantes de asilo, migrantes y desplazados internos ponen en peligro la vida y el bienestar de millones de niños, advirtieron agencias de las Naciones Unidas y otros organismos.
La ONU acusó a los grupos armados de estar en la base del reclutamiento de niños y apuntó a la milicia Mayi Mayi Luke como el principal perpetrador de actos violentos contra menores en las provincias de Kivu Norte y Sur.
Fuentes Knight, nombrado presidente de Oxfam en 2015, está acusado de participar en esta trama, junto a Colom y otros exministros acusados en el caso Transurbano, el modelo de transporte urbano implementado en el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó la situación en Venezuela como "alarmante" en un informe divulgado el lunes en el que documentó un aumento de la pobreza, escasez generalizada, detenciones arbitrarias y torturas y llamó al Gobierno a restablecer el orden constitucional.
Hazan es uno de los cinco especialistas (uno de cada continente) que constituyen este grupo de trabajo, que se reúne periódicamente con familiares de desaparecidos y autoridades estatales para establecer comunicaciones entre ambos y facilitar la resolución de casos.
Con la aprehensión de Aristiguieta sube a 14 el total de "detenciones políticas solo esta semana", según indicó en Twitter Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal, la ONG que asiste legalmente a casi todos los considerados "presos políticos" en la nación caribeña.
El reporte, que no mencionó a las compañías, pero afirmó que 64 de ellas han sido contactadas hasta ahora, sostuvo que el trabajo en la producción de una base de datos de la ONU "no pretende constituir un proceso judicial de tipo alguno".
Las limitaciones a la libertad de expresión o de manifestación, las carencias en los derechos de las mujeres o de los homosexuales, o las amplias potestades de la policía cuando detiene a personas bajo los cargos de "terrorismo" son también señalados como asignaturas pendientes en el país magrebí.
"La agricultura es la única forma de volver a ser productivos. No solo genera comida e ingresos para las familias, sino que también les devuelve la esperanza, la dignidad y la confianza", afirma el representante de la FAO en el país, Alexis Bonte.
El máximo responsable de Derechos Humanos de la ONU se refirió en un comunicado a dos focos activos de conflicto en Siria: Guta Oriental, en las afueras de Damasco y cercada por las fuerzas del régimen, y la región de Idlib, en el norte del país, y controlada por grupos opositores.
La ONU y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado también repetidas veces que existen pruebas claras sobre los abusos, y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU lo ha calificado de "limpieza étnica" afirmando que hay indicios de "genocidio".
