El ex Procurador General mexicano Jesús Murillo Karam se enfrenta el miércoles a una audiencia en la que se determinará si se le abre un proceso penal por su responsabilidad en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur del país ocho años atrás.
El secuestro y la desaparición de los 43 jóvenes en septiembre de 2014 golpearon el legado de Peña, y la versión de su gobierno sobre lo que ocurrió con los jóvenes fue posteriormente desacreditada por un panel de expertos internacionales que la revisó, conocido como el GIEI.
La detención del exfuncionario se da un día después de que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación de México, Alejandro Encinas, dijera que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue un «crimen de Estado».
La Fiscalía General de México detuvo el viernes al exprocurador Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014.
El subsecretario anunció que ya se presentaron en la fiscalía todos los elementos necesarios para que deslinde responsabilidades de 33 personas, entre las que hay funcionarios federales que no especificó. Lamentó también que 26 “personas clave” en la investigación han muerto o fueron “ejecutadas”.
Un periodista independiente fue encontrado muerto en el norte de México en medio de una escalada de la violencia contra la prensa, en la que 13 comunicadores han sido asesinados en el país en lo que va del año, el más mortífero en la historia reciente para la profesión.
Una serie de arrestos ocurridos en el occidente de México, en los violentos estados de Jalisco y Guanajuato, cuando el ejército mexicano irrumpió en el lugar donde estaban aparentes líderes de dos grupos criminales desencadenó enfrentamientos y quema de vehículos y negocios.
Las autoridades han encontrado las osamentas de 23 personas en una región pantanosa del occidente de México entre Michoacán y Jalisco, dos estados donde algunos de los mayores cárteles del narcotráfico del país libran una intensa lucha por el territorio.
La Iglesia católica inició el domingo una ronda especial de oraciones por la paz en México tras los asesinatos de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas perpetrados el 20 de junio.
Las autoridades mexicanas concluyeron el sábado una nueva autopsia al cuerpo de una joven que fue hallada muerta en abril en la cisterna de un motel en el norte de México. Con la nueva evaluación se busca esclarecer un caso que desató una intensa polémica.
José Noriel Portillo Gil, conocido en el pueblo de Urique como “El Chueco”, ingresó al mediodía del lunes 20 de junio a la parroquia jesuita de Cerocahui mientras perseguía a Pedro Palma, quien trabajaba como guía turístico en la Sierra Tarahumara, al suroeste del estado mexicano de Chihuahua.
El último viaje de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora a su querida sierra Tarahumara en el noroeste de México, donde serán enterrados el lunes, fueron casi 400 kilómetros llenos de dolor pero endulzados con incienso, música y danzas de los indígenas rarámuris, a quienes dedicaron su vida.
“Viridiana Moreno sale de su casa, ubicada en Cardel, en el estado de Veracruz, va a rumbo al Hotel Bienvenido para atender una supuesta entrevista de trabajo que consiguió a través de una persona en la red social Facebook”, dijo Mejía. “A partir de entonces se desconoció su paradero”.
Tras conocerse que las víctimas habían superado las 100,000, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que agrupa a unos 60 colectivos de búsqueda, exigió igualmente a López Obrador hacer de esta crisis una "prioridad decidida de su gobierno" y no delegarla, según un comunicado.
México superó el lunes el registro de los 100,000 desaparecidos en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias. Aunque se esperaba desde hace semanas, el anuncio de la Secretaría de Gobernación generó preocupación entre las organizaciones de derechos humanos que exigieron al...
No han explicado tampoco cómo es posible que los trabajadores del lugar no se percataran hasta más de una semana después del cadáver. Tampoco que aquella noche no hubiera un solo testigo, ni siquiera de vigilancia —que en este recinto es de 24 horas— que viera a la joven o a alguien más.
En el día 13 de la búsqueda de su hija desaparecida, Mario Escobar estaba parado afuera de una gasolinera bajo un calor sofocante, mientras sostenía volantes con la foto de la joven e intentaba preservar una esperanza obstinada y urgente.
En esta zona del estado de Guerrero (suroeste) los descuartizamientos eran cotidianos en años recientes, por una guerra entre cárteles que se disputan la producción de goma de opio, amapola y marihuana en sus vastas serranías, y el acceso a puertos del Pacífico como Acapulco.
México convive con la muerte día a día. Forma parte de su folclore, de sus tradiciones, de su arte. Hasta que llegó el narco, la violencia y las desapariciones. Y ahora un país que estaba en paz con sus difuntos se horroriza a diario ante la espiral de sangre que marca cada rincón del mapa.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU pidió el martes a México una política de prevención de este fenómeno “generalizado”, que incluya atajar la impunidad y establecer un plan “ordenado e inmediato” de retirada de los militares de las tareas de seguridad pública, ya que —según...
