Desde el pasado Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y en el actual de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se han anunciado operativos para contener la violencia que ha dejado cientos de personas muertas y desaparecidos en la región, sin resultados hasta el momento.
Además, la CNDH se sumó "a la exigencia, tanto del GIEI como de la sociedad mexicana en general", para que, a más de siete años de los sucesos, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos y asesinados "tengan acceso a la verdad de los hechos ocurridos" y acceso a la Justicia.
Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, de acuerdo con la misma tesis. Esa parte de la narración es rechazada por familiares de las víctimas, el gobierno de López Obrador, el GIEI y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El nuevo informe, divulgado este lunes por el GIEI, denunció más "simulaciones" en la llamada "verdad histórica" sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en México, así como la ocultación de información y la probable participación en más hechos de las Fuerzas Armadas.
La Marina de México fue parte activa en la manipulación y ocultamiento de pruebas en la investigación posterior a la desaparición de 43 estudiantes en el sur del país en 2014, así como en la construcción de la versión oficial del gobierno de entonces que resultó ser falsa, indicó el lunes...
Los otros cinco presuntos sicarios por los que se ofrece recompensas son Jesús Adrián Mora Padilla, Cristian Alejandro Hernández Ortega, alias el Sapo, Antonio Gallegos Medina, alias La Bolachana, Jesús Eduardo Vallejo, alias el Chili y Juan Manuel Barragán Cisneros, conocido como el Rush.
Las autoridades del norte de México y grupos de familiares de desaparecidos localizaron durante el fin de semana 17 cuerpos en viviendas no habitadas de Sonora, un estado fronterizo con Estados Unidos.
Poblaciones del municipio de Tamazula, en el occidental estado mexicano de Jalisco, registraron en las últimas horas diversos enfrentamientos, además de la quema de vehículos de carga, confirmó este viernes el ayuntamiento de esa localidad.
Sustituir homicidios por desapariciones resulta útil narrativamente: si los homicidios bajan es bueno para el gobierno, porque los estados miden mayoritariamente sus niveles de violencia letal con la tasa de homicidio doloso; pero también para los criminales, porque llaman menos la atención.
En entrevista reciente con Associated Press, Santana Ángeles dijo que existe un compromiso del Ejército mexicano para dar acceso a los archivos y no se trata de un tema a negociar. Sin embargo, hay a quienes preocupa que la cercanía de López Obrador con el ejército no contribuya a esa apertura.
El subsecretario de Seguridad cuestionó, tal como lo hizo la Fiscalía de Michoacán, que las autoridades municipales y la policía de la localidad no alertaron a las fuerzas de seguridad estatales sobre el hecho ni protegieron la escena del crimen para preservar las pruebas.
Jorge Luis Anguiano, el alcalde del municipio en donde está la comunidad de San José de Gracia, indicó que antes del ataque se vio entrar un gran convoy de vehículos desde el vecino estado de Jalisco, sede del cártel del mismo nombre, y los agentes locales no tenían armamento para intervenir.
Graciela Pérez se sienta con las nuevas familias de desaparecidos y la angustia se apodera de ella al escuchar sus historias todas diferentes, todas iguales a las de cientos, a la suya.
Un pie quemado pero todavía con tejido dio una pista clara: esta casa en ruinas junto a la frontera con Estados Unidos, con techos calcinados, impactos de bala y marcas de hachazos en el suelo había sido utilizada para hacer desaparecer personas hasta fechas recientes.
Buscadores voluntarios encontraron dos conjuntos de osamentas y montones de fragmentos de huesos calcinados en lo que describieron como un cementerio clandestino en el desierto del estado fronterizo de Sonora, en el norte de México.
Amaro valoró positivamente la participación de otros cuerpos de seguridad siempre que "sea en el marco de un trabajo de coordinación entre países" y se haga "por los conductos pertinentes", en línea con lo exigido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace unos días.
México contabilizó hasta finales del año pasado más de 95,000 desaparecidos y 52,000 cuerpos sin identificar en fosas comunes y en morgues del Estado, según reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
El informe indica también que la estructura creada por los altos funcionarios ahora encarcelados aparentemente seguía operando con “bajo perfil” hasta el año pasado puesto que en 2020 se incrementaron las desapariciones (hubo 164), más que las registradas en 2017 (136).
La plaza central de la colonial ciudad de Zacatecas, en el centro de México, amaneció el Día de Reyes con un siniestro regalo junto al árbol de Navidad y frente al Palacio de Gobierno: una camioneta con 10 cadáveres.
Los cuerpos de cinco hombres fueron localizados el martes a un costado de un camino en el sur de México, informaron las autoridades.
