El líder campesino Francisco Vázquez, opositor de la termoeléctrica de Huexca —parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), un megaproyecto del Estado mexicano— fue asesinado el 10 de febrero. Es el segundo crimen de un luchador social contra la termoeléctrica ubicada en el estado de Morelos.
Todo comenzó con el aviso de los traileros. Mensajes de radio donde alertaban, desde el martes por la tarde, que se venía la tragedia a los pueblos. Hombres armados para destruir una ciudad, decenas de camionetas con blindaje artesanal, perforadas para encajar los rifles de asalto de un calibre...
Los abogados públicos de México revisan unos 100 procesos jurídicos ligados a abortos en todo el país, indicó el miércoles Arturo Zaldívar, presidente del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia.
En un caso similar, pero que ha logrado tener mejores resultados, la actriz Salma Hayek, víctima del productor Harvey Weinstein, escribió: “Los hombres acosan sexualmente porque pueden. Y las mujeres estamos hablando porque, en esta nueva era, por fin podemos hacerlo”.
López Obrador ha concentrado su enojo en Loret de Mola, que fue uno de los periodistas que revelaron que el hijo mayor del mandatario vivió en una casa lujosa en Houston, Texas, propiedad de un ejecutivo de una compañía que recibió contratos de la compañía petrolera estatal de México.
Cuando entró el gobierno de López Obrador, en diciembre de 2018, el mecanismo tenía incorporadas a 798 personas, incluidos defensores de derechos humanos y periodistas. Actualmente, son 1.518: 495 periodistas (135 mujeres y 360 hombres) y 1.023 defensores (551 mujeres y 472 hombres).
Soldados mexicanos ingresaron por primera vez en varios meses a un municipio controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, informó la Secretaría de la Defensa Nacional el miércoles.
Buscadores voluntarios encontraron dos conjuntos de osamentas y montones de fragmentos de huesos calcinados en lo que describieron como un cementerio clandestino en el desierto del estado fronterizo de Sonora, en el norte de México.
Los procuradores de 17 estados de Estados Unidos y más de una veintena de fiscales de distrito mostraron el jueves su apoyo a una demanda presentada por el gobierno mexicano en la que se acusa a fabricantes de armas estadounidenses de contribuir al derramamiento de sangre en México.
Amaro valoró positivamente la participación de otros cuerpos de seguridad siempre que "sea en el marco de un trabajo de coordinación entre países" y se haga "por los conductos pertinentes", en línea con lo exigido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace unos días.
Al preguntarle quiénes cree que estarían detrás de las amenazas en su contra, Cordero García afirmó que “me quieren silenciar por mi trabajo periodístico. Soy muy crítico en mis reportaje, en mis entrevistas”. El periodista expresó que tras el hecho solicitó a las autoridades reforzar su seguridad.
Renee Maldonado dijo que los periodistas de Tijuana eran como una segunda familia para su tía, que nunca tuvo hijos. Agregó que su familia está agradecida con las muestras de apoyo que han recibido de los miembros de la prensa a nivel mundial. Decenas de ellos asistieron a su entierro esta semana.
Entre 2009 y 2011, Rápido y Furioso fue una operación estadounidense para rastrear armas adquiridas por compradores ilegales hasta los cárteles mexicanos. Pero las autoridades perdieron la pista a miles de las armas, que acabaron siendo usadas en crímenes en ambos países.
“Las condiciones se prestan para eso, un aeropuerto en el que recibimos muchísimas personas que vienen de distintas partes del mundo, que tienen diferentes intereses y que provoca precisamente que se convierta en un lugar muy apetitoso en determinados momentos para ese tipo de acciones”, agregó.
El periodista José Ignacio Santiago Martínez sufrió el miércoles un ataque armado en una carretera del sur de México del que salió ileso, indicaron autoridades estatales.
Con dos agresiones al día y una impunidad casi total, la violencia contra los periodistas se perpetúa en un México con ineficaces medidas de protección y críticas diarias a los medios por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según el CPJ, en los últimos cinco años, 10 periodistas que estaban en algún tipo de de protección han sido asesinados. Hootsen recordó, además, que hay cientos de casos de intimidaciones, de robo de equipo y de privación temporal de la libertad que nunca se investigan o ni se denuncian.
"Once mujeres asesinadas son muchas mujeres, para lo que va de este año (…) sin embargo, con que fuera una mujer asesinada nada más nos preocupa porque las mujeres tienen a sus niños (...) nos indigna porque somos violentadas", reclamó Ramos.
Esto significa que el 65,8 % de la población de 18 años y más percibe que vivir en su ciudad es inseguro, un alza de 1,3 puntos porcentuales frente al resultado de hace tres meses, indicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.
La percepción de inseguridad de los mexicanos aumentó del 64,5 % en septiembre al 65,8 % en diciembre, según la encuesta trimestral divulgada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
