En su desesperación, varios de los migrantes nicaragüenses apelaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que los ayudara. "Él es el único presidente que nos va a ayudar, sabemos que nos abrirá la puerta", dijo otro migrante nicaragüense que no se identificó por temor a su seguridad.
Equipos de trabajo han colocado cientos de contenedores cubiertos por alambre de púas a lo largo de la remota frontera oriental de Arizona con México, en una osada demostración de protección fronteriza por parte del gobernador republicano Doug Ducey, incluso cuando se prepara para dejar el cargo.
El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles que apelará un fallo judicial que levantaría las restricciones al asilo que se han convertido en una pieza fundamental de la vigilancia fronteriza en los últimos años.
El grupo de 33 personas procedentes de Colombia, Ecuador y Perú llegó a bordo del vehículo, una práctica que han realizado en este año electoral gobernadores de estados como Arizona, Texas o Miami para presionar al presidente Joe Biden por su política migratoria.
El congresista demócrata Henry Cuellar, representante por Texas, apuntó en una rueda de prensa que es necesario incrementar el número de expertos en salud mental que atienden a esos agentes, mejorar los programas de apoyo y facilitar entrenamiento en casos de crisis.
“La decisión del gobierno de Biden de apelar no es sorprendente dada su enérgica defensa de la política en los últimos dos años”, señaló en un correo electrónico Lee Gelernt, abogado para la Unión Americana de Libertades Civiles y principal abogado del litigio de la organización contra el Título 42
Las deportaciones hacia Haití parecen haber disminuido a medida que las condiciones se han deteriorado en el país caribeño. Witness at the Border, un grupo que lleva registro de las deportaciones, señaló el lunes que el gobierno no ha realizado vuelos de deportación a Haití desde el 6 de septiembre
La religiosa, quien por años ha estado al frente de la operación del mayor albergue para migrantes en Texas, asegura que actualmente hay miles de personas del lado mexicano que han esperado meses, e incluso años, para tener la oportunidad de cruzar la frontera y solicitar asilo.
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes interpusieron el jueves una demanda en un tribunal federal contra el gobernador de Florida Ron DeSantis y otros funcionarios sobre la constitucionalidad del programa de reubicación de migrantes del estado.
Pero el procurador general del estado de Texas, Judd Stone, dijo que el gobierno viola la ley federal que requiere la detención y deportación de personas que se encuentran sin permiso legal en Estados Unidos y han sido declaradas culpables de cualquier delito grave, y no sólo los más serios.
"Es una situación muy difícil a lo largo de todo el camino migratorio, desde su punto de salida hasta su punto de destino, pasando por nuestra región, muchas veces por la zona del Darién (en Panamá) donde está en peligro la integridad física y la vida de muchas de estas personas", acotó.
De acuerdo con las autoridades migratorias de Guatemala, la política "anticovid" que activó el expresidente Donald Trump en las fronteras, que les permite la expulsión inmediata de aquellos que intenten ingresar al país sin visa se aplicó a 31,000 guatemaltecos este año.
Estados Unidos conversa con México y otras naciones para facilitar el retorno de venezolanos a su país una vez que concluya el Título 42, una orden de la era COVID-19 usada para expulsar a cientos de miles de migrantes, dijo el martes un funcionario del país norteamericano.
El subsecretario no ofreció detalles sobre los nuevos planes para procesar a los solicitantes de asilo en la frontera pero garantizó que el plan “aprovecha todos los recursos del gobierno” y agregó que conlleva trabajo conjunto con México para luchar contra los traficantes.
Una coalición de estados conservadores de Estados Unidos ha iniciado un nuevo esfuerzo para mantener en pie una ley aplicada bajo la presidencia de Donald Trump que permitía rechazar solicitudes de asilo en la frontera sur por razones de salud pública.
"Este periodo de transición es crítico para asegurar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pueda continuar su misión de mantener la frontera segura y llevar a cabo las operaciones fronterizas de manera ordenada", escribió el juez en la orden.
El 40,3 % (62.250) de los inmigrantes que ingresaron a Honduras entre enero y el 16 de noviembre son de nacionalidad cubana, 33,2 % (51.295) venezolanos, 9 9 % (15.232) ecuatorianos, 5,1 % (7.993) haitianos y el 1,4 % (2.099) colombianos, detalla la institución hondureña.
“El anhelo que todos tenemos es pasar, el frío es bastante fuerte y nos toca aguantar. Cuando uno sale de su casa se arriesga a lo que sea para un mejor futuro de sus hijos. Yo no voy a cruzar hasta que sea algo oficial, mi familia y yo tenemos la fe en que Dios no nos va a desamparar", dijo.
Los activistas que los recibieron con abrigos y frazadas a su arribo en la madrugada de un día frío y lluvioso dijeron que los individuos y las familias provenían de Colombia, República Dominicana y Cuba. La ciudad y varias ONG los esperaban con alimentos, alojamiento temporal y otros servicios.
Un juez federal ordenó el martes al gobierno del presidente Joe Biden levantar las restricciones al asilo impuestas durante la presidencia de su predecesor, las cuales han sido la piedra angular de la seguridad fronteriza desde el inicio de la pandemia de COVID-19.
