México es el país con la mayor proporción de periodistas asesinados en 2022, dijo el miércoles en un reporte la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que documentó un incremento alarmante de agresiones y detenciones de trabajadores de medios.
Mientras se desafiaba el resultado de la autopsia de los forenses en Morelos, mujeres marcharon en la capital del país vestidas de púrpura, un símbolo mundial de la lucha por la igualdad de género, y colocaron girasoles sobre la polvorienta carretera donde encontraron a López.
“Hemos señalado que la militarización es preocupante para las violaciones a derechos humanos porque no es una política efectiva de seguridad y porque desbalancea las relaciones cívico-militares”, dijo Aguirre, y añadió que, además, se ha demostrado que el Ejército no es una institución fiable.
El número de homicidios dolosos en México subió un 2,29 % anual en octubre pasado hasta los 2.766 asesinatos, lo que lo convierte en el segundo mes más violento de 2022 hasta ahora, según informó este martes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Aunque es una mujer de recursos modestos, ha atravesado México, presentó una demanda contra el gobierno, se reunió con funcionarios de las Naciones Unidas e incluso abrazó al papa, todo para cumplir una misión: reunirse con sus cuatro hijos desaparecidos.
Otra madre que buscaba a su hija desaparecida ha perdido la vida en México, en el cuarto asesinato de activistas voluntarios de búsqueda en el país desde el inicio de 2021.
El mandatario ha alardeado de haber reducido la cifra mensual de homicidios dolosos por primera vez en varios mandatos, pero ello no evitará que su sexenio (2018-2024) se convierta en la gestión presidencial con la mayor cantidad de asesinatos en la historia moderna de México.
La cámara de senadores de México aprobó el viernes una iniciativa del mandatario, Andrés Manuel López Obrador, para que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de Defensa (Sedena), una maniobra que críticos y activistas aseguran militarizará la seguridad pública e incrementará los abusos.
Casi dos meses después del asesinato de dos jesuitas mexicanos en la localidad norteña de Cerocahui el miedo impera en el remoto poblado enclavado en la sierra Tarahumara, dominado por criminales y traficantes de droga y que otros religiosos se niegan a abandonar.
Una vez que creen que encontraron una fosa, los buscadores suelen llamar a la policía, en buena medida porque a menudo las autoridades se rehúsan a realizar el lento pero crucial proceso de análisis de ADN a menos que los restos sean exhumados por profesionales.
Alejandro Encinas, uno de los subsecretarios de la Secretaría de Gobernación, reconoció que hubo violaciones a las leyes vigentes y omisiones en la inspección de las medidas de seguridad del casino y por eso pidió una disculpa “honesta y sincera, sin dobleces y sin ambigüedades”.
A Bladimir, su hijo, lo mataron el 1 de julio. El joven trabajaba como distribuidor de pollos en una zona de las afueras de la capital del estado, Chilpancingo, dominada por dos bandas de narcotraficantes enfrentadas y dos bandas de autodefensas que también luchan entre sí.
Artículo 19 mencionó que Ciudad de México sigue siendo la región con más ataques, seguido del suroriental estado Yucatán y el occidental Michoacán. La mayoría de los casos fueron intimidación y hostigamiento, en segundo lugar amenazas y en tercero el uso ilegítimo del poder público.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este lunes al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, medidas urgentes contra la violencia creciente que sufren los medios de comunicación en el país tras el asesinato de cuatro trabajadores de Mega Radio Networks en Ciudad Juárez.
“La intención jamás es revictimizar o criminalizar a nadie”, dijo Méndez Ruiz. “La persona que está detenida también tiene derechos”. El 6 de mayo, Padilla había solicitado una orden de alejamiento contra un vecino, que creía que estaba detrás de las amenazas.
La Iglesia católica inició el domingo una ronda especial de oraciones por la paz en México tras los asesinatos de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas perpetrados el 20 de junio.
Un juez federal de Dakota del Norte dictaminó que un cártel mexicano del narcotráfico acusado de los asesinatos de nueve mujeres y niños de una comunidad perteneciente a una ramificación mormona debe pagar 1,500 millones de dólares a las familias de las víctimas.
Un grupo de soldados halló a dos hermanos que fueron secuestrados en el norte de México en junio por un jefe de un cártel de narcotraficantes que presuntamente mató después a dos sacerdotes jesuitas y a un guía turístico, indicaron fiscales el jueves.
Las autoridades mexicanas concluyeron el sábado una nueva autopsia al cuerpo de una joven que fue hallada muerta en abril en la cisterna de un motel en el norte de México. Con la nueva evaluación se busca esclarecer un caso que desató una intensa polémica.
De la Cruz, de 47 años, cubría temas agropecuarios y comunitarios pero era también un tuitero muy activo en las redes sociales, a las que había subido señalamientos sobre actos de corrupción que provocaron que las autoridades le pidieran en ocasiones borrar sus publicaciones en Twitter.
