Pobladores de la comunidad La Quespala, en el sureño estado mexicano de Chiapas, enfrentaron este martes a elementos estatales y federales que buscaban ingresar al municipio de Frontera Comalapa, cerca de la frontera con Guatemala, para llevar a cabo acciones de seguridad.
El alcalde de Iguala cuando 43 estudiantes desaparecieron en esa ciudad del sur de México en 2014 y uno de los principales acusados del caso que conmocionó al país y al mundo fue exonerado por la justicia del secuestro de los jóvenes, informó el miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Abarca dijo que algunos de los desplazados solo han recibido alguna ayuda de miembros de protección civil de Chicomuselo, otro municipio afectado, y temió que una vez que se replieguen del área las Fuerzas Armadas todas esas comunidades queden más desprotegidas.
Si los magistrados no tienen ni idea de feminismo, imagine los más pobres de esas zonas”, explica. En la entidad hay muchas cosas rosas, policía rosa, tarjetas rosa de ayuda, carteles con letras moradas, todo eso remite a políticas de género, pero los derechos de las mujeres no acaban de llegar.
Baja California es también uno de los estados donde más se cometen homicidios dolosos en México, la mayoría atribuidos por el gobierno a guerras entre bandas del crimen organizado. Entre enero y abril pasado se registraron allí 721 asesinatos, de acuerdo con datos oficiales.
Un agente federal, que no quiso que lo identificaran porque no estaba autorizado a dar declaraciones, confirmó a The Associated Press que entre los investigados está Zerón, quien huyó a Israel y tiene pendientes órdenes de aprehensión por la desaparición de 43 estudiantes de magisterio
Pese a las críticas, Flores consideró como positivas las acciones que se emprendieron el año pasado para esclarecer los homicidios de los periodistas y la detención de más de 15 personas por su presunta vinculación con los hechos, pero criticó que la mayoría de los autores materiales sigan libres.
Según documentos filtrados, el Ejército ha pedido presupuestos para programas de espionaje de empresas relacionadas con la distribución de Pegasus. El grupo hacker Guacamaya encontró documentos del ejército con pedidos de presupuestos en 2020, 2021 y 2022.
"Visibiliza cuatro casos de feminicidio precedido de desaparición y deja constancia de las omisiones y deficiencias cometidas por las autoridades y personas servidoras públicas del Estado de México al realizar las investigaciones", detallaron.
La Suprema Corte de Justicia inició el lunes la discusión del proyecto de sentencia para declarar inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército que aprobó el año pasado la mayoría oficialista del Congreso. El debate se espera que continúe el martes.
Las autoridades estatales del centro-norte de México buscaban el jueves por tierra y aire a más de 20 personas que viajaban en dos camionetas y que fueron denunciadas como desaparecidas a su paso por el estado de San Luis Potosí, pero en esas labores se localizó a otras 51 supuestas víctimas.
Pero lo más grave, según los expertos, es que a pesar de que el propio presidente dio seis veces la orden -incluso por escrito- al jefe del ejército para que colabore, la Secretaría de la Defensa, que ha multiplicado sus funciones y poder durante su administración, sigue sin hacerlo.
En los últimos días el presidente mexicano también ha hecho cuestionamientos a la política antidrogas de Estados Unidos asegurando que ha fracasado y que permite que operen con libertad los cárteles que distribuyen fentanilo en ese país, señalamientos que han sido rechazados por Washington.
El organismo gubernamental de defensa de los derechos humanos en México informó que cuatro soldados abrieron fuego sin justificación contra una camioneta pickup en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo el mes pasado, matando a cinco hombres e hiriendo a otro.
A lo largo de esa calificación anual de México por Washington –basada en información pública, de ONG y medios seleccionada por el gobierno estadunidense– el Departamento de Estado aborda en detalle los delitos cometidos por bandas criminales locales y trasnacionales y narcotraficantes.
El informe del Departamento de Estado detalla graves denuncias sobre abusos de derechos humanos de parte de integrantes de las fuerzas de seguridad en México, entre los que menciona homicidios arbitrarios cometidos por policías, militares y otros funcionarios gubernamentales.
El episodio contrasta fuertemente con el frenesí del gobierno y los medios de comunicación por el secuestro de cuatro estadounidenses que viajaron a México por carretera para una cirugía plástica. Se vieron inmersos en un tiroteo entre cárteles de la droga en la ciudad fronteriza de Matamoros.
Se suponía que sería un viaje divertido a México de cuatro estadounidenses, amigos desde la infancia: una aventura postpandemia, pero poco después de cruzar la frontera comenzó el horror, y dos de ellos no volverían a casa. Una quería una cirugía estética después de tener seis hijos.
“He estado tratando de encontrarle sentido durante toda una semana. Estaba inquieto; no podía dormir ni comer. Es una locura ver que te quiten a tu propio hijo de esa manera, de una manera violenta como esa. No se lo merecía”, expresó James Woodward a los periodistas el jueves.
Aunque cree que una condena de 20 años es “muy poco tiempo”, considerando que ella tuvo que luchar 21 años para lograr que se hiciera “algo de justicia”, la activista dijo a The Associated Press que está contenta y lista para los recursos de apelación o amparos que pudieran presentarse.
