La Administración también debería incrementar el número de jueces de inmigración asignados a la frontera y proporcionar a los tribunales los recursos necesarios para cumplir con el objetivo del Gobierno de resolver las solicitudes del MPP en un plazo de 180 días.
El paso atrás muestra que, a pesar de las promesas de Biden, Trump y los antiinmigrantes en Estados Unidos siguen contando con poderosos aliados en los distintos poderes para perpetuar sus políticas xenófobas. Por desgracia, México continúa siendo un cómplice en todo esto.
El gobierno de Joe Biden está luchando en los tribunales para conservar una regla de salud pública de la era Trump que usa la pandemia de la COVID-19 como justificación para rechazar con rapidez a las familias migrantes que llegan a la frontera con México.
La mayoría de los trabajadores, que este año recibieron 12,96 dólares la hora, envían la mayor parte de su sueldo a sus familias. En Nicaragua, donde un cálculo reciente situaba el salario mínimo en la capital, Managua, en 360 dólares al mes, ese dinero ganado con dificultad alcanza para mucho.
En octubre, la mitad de los migrantes que no fueron expulsados conforme al Título 42 era de Brasil, Cuba, Nicaragua y Venezuela, países que no suelen repatriar a sus ciudadanos. Casi la mitad estaba viajando como parte de una unidad familiar o eran niños sin un acompañante adulto.
Es tentador ignorar los problemas de Haití, porque son espinosos y hay muy pocas maneras sencillas de resolverlos. Desafortunadamente, su complejidad, así como la realidad de que Haití es un Estado fallido, no sugiere que será una situación estática en el futuro.
Según diversos reportes, las autoridades polacas y lituanas han abusado de los migrantes. Los han obligado a regresar a Bielorrusia sin escuchar sus solicitudes de asilo, lo que es una violación del derecho internacional, afirman los grupos defensores de derechos humanos.
Asimismo, los grupos de la sociedad civil palestina y los organismos internacionales de derechos humanos han exigido que Israel anule de inmediato estas designaciones. Cualquiera que esté preocupado de la protección de las instituciones democráticas debería apoyarlos.
Si vuelven a aparecer campamentos llenos de solicitantes de asilo en limbo a lo largo de la frontera, por inverosímil que parezca, será responsabilidad del presidente Biden garantizar que Estados Unidos, en coordinación con México, no permita que se conviertan nuevamente en cloacas de sufrimiento.
No hay un lugar en América que sea territorio seguro para los haitianos. Decenas de miles de personas procedentes del país caribeño se encuentran en un riesgo constante en su tránsito por el continente. En su viaje, se enfrentan a la violencia de grupos armados que los asaltan para saquearlos...
Mientras que millones de estadounidenses siguen sin trabajo y potencialmente disponibles para ser empleados, los empleadores dicen que la contratación se ha complicado debido a las secuelas de la pandemia. Algunos hogares no cuentan con guarderías o temen el resurgimiento del virus.
La crisis de los inmigrantes haitianos en Del Río (Texas) y de los venezolanos en Iquique (Chile), muestra las penurias de quienes se ven obligados a emigrar, pero también la crueldad de quienes rechazan acogerlos porque creen que los que llegan son distintos y no tienen derechos
En marzo de este año, cuando mataron a un policía, la alcaldesa volvió a vincular la migración con la incidencia del crimen: “No es la primera vez (…) Tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos (…) Necesitamos garantías para los colombianos”.
Durante el verano, cuando los migrantes se apresuraban para llegar a Matamoros, una ciudad fronteriza, un pastor perdió la paciencia. El pastor, Víctor Barrientos, había invitado a decenas de solicitantes de asilo a vivir en su iglesia, creyendo que era su deber religioso como cristiano evangélico.
Pero la ley solo era aplicable a los adoptados que tuvieran 18 años o menos el 27 de febrero de 2001, la fecha en que entró en vigor. Este límite arbitrario ha dejado a nada menos que a 50,000 adoptados transnacionales como Druesedow sin estatus de ciudadanos estadounidenses.
Desde que se mudó a Chile en 2013, Phalone, una mujer haitiana, había logrado llegar a fin de mes y trabajaba como peluquera en un pequeño pueblo al norte de la capital. Pero en mayo se embarcó con sus dos hijos, y 20 familiares y amigos, en un peligroso viaje de más de 7560 kilómetros hacia EU.
“La pregunta que está en el aire ahora es: ¿en qué sentido es distinto de Trump?”, cuestionó Marisa Franco, directora ejecutiva de Mijente, una organización que defiende los derechos civiles de los latinos, quien asesoró la campaña de Biden como representante de Bernie Sanders, senador por Vermont.
Los ojos de Michelline Baptiste, grandes y pintados de morado, se cierran cada vez que toma aire antes de hablar. Porque el día anterior perdió a su bebé, del que estaba embarazada de tres meses, y aún sangra. Porque a las siete de la tarde, en Del Río, Texas, hay 37 grados.
Miles de kilómetros de carretera, días enteros por montañas y selvas, asaltos, naufragios. En su camino a Estados Unidos, huyendo de la pobreza, los migrantes haitianos desgranan una tragedia.
México tiene una clara estrategia mediática para disfrazar su actividad contra los migrantes. A las detenciones las llama “rescates”; a los encierros, “alojamientos”; y a las deportaciones, “retornos asistidos”. El gobierno trata de maquillar sus acciones pero las imágenes hablan por si solas.
