Migrantes en el norte de México, en su mayoría de origen venezolano, subsisten de la venta de alimentos a otros indocumentados mientras hacen fila en espera de cruzar la frontera hacia Estados Unidos y el próximo fin del Título 42.
Equipos de trabajo han colocado cientos de contenedores cubiertos por alambre de púas a lo largo de la remota frontera oriental de Arizona con México, en una osada demostración de protección fronteriza por parte del gobernador republicano Doug Ducey, incluso cuando se prepara para dejar el cargo.
El grupo de 33 personas procedentes de Colombia, Ecuador y Perú llegó a bordo del vehículo, una práctica que han realizado en este año electoral gobernadores de estados como Arizona, Texas o Miami para presionar al presidente Joe Biden por su política migratoria.
La religiosa, quien por años ha estado al frente de la operación del mayor albergue para migrantes en Texas, asegura que actualmente hay miles de personas del lado mexicano que han esperado meses, e incluso años, para tener la oportunidad de cruzar la frontera y solicitar asilo.
Pero el procurador general del estado de Texas, Judd Stone, dijo que el gobierno viola la ley federal que requiere la detención y deportación de personas que se encuentran sin permiso legal en Estados Unidos y han sido declaradas culpables de cualquier delito grave, y no sólo los más serios.
Una coalición de estados conservadores de Estados Unidos ha iniciado un nuevo esfuerzo para mantener en pie una ley aplicada bajo la presidencia de Donald Trump que permitía rechazar solicitudes de asilo en la frontera sur por razones de salud pública.
La agencia federal y los representantes consulares consideran que es de suma importancia que el mensaje llegue a los migrantes y sus familiares ante el aumento del flujo migratorio y el récord en el número de muertes registradas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Los activistas que los recibieron con abrigos y frazadas a su arribo en la madrugada de un día frío y lluvioso dijeron que los individuos y las familias provenían de Colombia, República Dominicana y Cuba. La ciudad y varias ONG los esperaban con alimentos, alojamiento temporal y otros servicios.
Un juez federal ordenó el martes al gobierno del presidente Joe Biden levantar las restricciones al asilo impuestas durante la presidencia de su predecesor, las cuales han sido la piedra angular de la seguridad fronteriza desde el inicio de la pandemia de COVID-19.
Grupos defensores de los migrantes han presionado intensamente por ponerle fin al Título 42, pero demócratas más moderados como los senadores federales Mark Kelly, por Arizona, y Raphael Warnock, por Georgia, querían que se mantuviera la medida cuando el gobierno intentó retirarla en mayo.
Cuando Wilfredo Molina llegó a Estados Unidos desde su Venezuela natal les dijo a los agentes fronterizos que quería ir a Miami pero que no tenía una dirección. Lo dirigieron a lo que pensó que era un refugio en el centro de Manhattan, pero resultó ser un edificio de oficinas.
La Oficina de Recuperación del Departamento del Interior de Estados Unidos envió la semana pasada una carta en la que le pedía a Arizona que retirara los contenedores, alegando que no estaban autorizados y que violaban la legislación estadounidense. Arizona se negó a acatar la solicitud.
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la semana pasada que comenzaría a expulsar a los migrantes venezolanos enviándolos México bajo una orden surgida durante la pandemia del coronavirus, conocida como Título 42, negándoles la oportunidad de buscar asilo.
Las autoridades de la ciudad de Nueva York preparaban un recinto de grandes carpas que abriría el miércoles, un nuevo centro temporal para alojar a los inmigrantes enviados en autobús por estados fronterizos sureños.
La tribu indígena Cocopah, ubicada en el suroeste de Arizona, agradeció la orden de retirar los contenedores, la más reciente disputa entre el gobierno del presidente Joe Biden y los estados fronterizos gobernados por los republicanos sobre la manera de frenar los cruces fronterizos irregulares.
Sin embargo, para los demócratas vulnerables en los estados fronterizos, como el senador por Arizona Mark Kelly, la posibilidad de hacer campaña sobre la reciente ampliación del Título 42 podría resultar útil en una elección ajustada, dijo Carl Fogliani, un estratega político republicano.
Adams sostuvo que, para el final del año fiscal, la ciudad espera gastar 1,000 millones de dólares en ayuda para los recién llegados, muchos de los cuales dependen de la asistencia del gobierno porque la ley federal les prohíbe trabajar en Estados Unidos.
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