El problema reside en los métodos aplicados. En México se vale usar el aparato de justicia para combatir a los adversarios más odiados o más estorbosos, aunque esa conducta siempre haya sido ilegal. Sin embargo, aquí, como en cualquier otra parte, esa es una forma infame y condenable de actuación.
Conocemos el nombre del finalista para el 1 de julio, día de las elecciones presidenciales en México: Andrés Manuel López Obrador, líder actual en las encuestas, será el hombre a vencer. Pero, ¿por quién? Esa es justamente la pregunta que todo el país se hace.
Como en una buena ópera, el affaire se ha desarrollado en tres capítulos. En el primero, el Gobierno de Chihuahua investigó y denunció pública y penalmente al tesorero de la administración local anterior, por haber desviado millones de pesos a las campañas del PRI nacional.
El gobierno y la coalición que postula a Meade apuesta por la pulverización del voto y por que la contienda no se centre entre dos punteros (como sucedió en 2006, con López Obrador y Felipe Calderón), pues en ese caso tiene más probabilidades de perder la Presidencia de la República.
