Diez guardias y cuatro reclusos fueron asesinados el domingo cuando hombres armados en vehículos blindados atacaron una cárcel estatal en Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas, según funcionarios estatales.
El año más mortífero para los periodistas y de medios de comunicación de México está llegando a su fin, con 15 asesinatos, una labor peligrosa que quedó expuesta apenas días atrás, con un flagrante atentado a balazos que pudo haberle costado la vida a uno de los periodistas más destacados del país.
México es el país con la mayor proporción de periodistas asesinados en 2022, dijo el miércoles en un reporte la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que documentó un incremento alarmante de agresiones y detenciones de trabajadores de medios.
“Hemos señalado que la militarización es preocupante para las violaciones a derechos humanos porque no es una política efectiva de seguridad y porque desbalancea las relaciones cívico-militares”, dijo Aguirre, y añadió que, además, se ha demostrado que el Ejército no es una institución fiable.
“A cinco meses del asesinato de nuestros hermanos Javier (Campos) y Joaquín (Mora), junto con Pedro Palma, los jesuitas de México lamentamos que el caso siga impune y que la inseguridad prevalezca en la Sierra Tarahumara”, señalaron en un comunicado.
La anterior administración mexicana sostuvo que los jóvenes fueron asesinados y sus restos destruidos después de que fueran secuestrados por policías corruptos que trabajaban con una banda local de narcotraficantes, quienes creían que los estudiantes habían sido infiltrados por un grupo rival.
Aunque es una mujer de recursos modestos, ha atravesado México, presentó una demanda contra el gobierno, se reunió con funcionarios de las Naciones Unidas e incluso abrazó al papa, todo para cumplir una misión: reunirse con sus cuatro hijos desaparecidos.
Un comité internacional de expertos que pasó años investigando la desaparición de 43 estudiantes en México en 2014 dijo el lunes que no puede verificarse como auténtica la evidencia clave que subyace en el explosivo nuevo informe de la comisión de la verdad creada por el gobierno.
Al respecto el grupo de expertos admitió que la salida de Gómez Trejo puede ocasionar retrocesos importantes en las investigaciones, y poner en riesgo varias de las órdenes de captura debido al escaso conocimiento sobre el caso que tiene ahora la Unidad Especial de la Fiscalía General.
Una banda de narcos mató a tiros a 20 personas, entre ellas un alcalde y su padre, en las montañas del sur de México, informaron las autoridades el jueves.
López Obrador se ha apoyado más que cualquiera de sus predecesores en las fuerzas armadas, a las que les ha otorgado mayores responsabilidades, desde la construcción de proyectos de infraestructura hasta la supervisión de puertos marítimos y aéreos.
Al ser preguntado el lunes sobre la decisión que tomó a fiscalía, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se investigará la medida y admitió que “hay diferencias” en esa institución aunque no profundizó sobre ese punto. “Esto no quita que la investigación continúe”, agregó.
El papel de algunos militares tanto en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014, como en la ocultación de lo ocurrido y sus presuntos vínculos con el crimen organizado, están en el centro de un caso que ha generado conmoción en México y el exterior.
Las investigaciones iniciales dejaron entrever que un grupo de hombres armados de La Línea se disponía a emboscar y asesinar a miembros de un cártel rival. Sin embargo, los familiares de las víctimas afirman que los hombres armados debieron darse cuenta en algún momento de a quién estaban matando.
Casi dos meses después del asesinato de dos jesuitas mexicanos en la localidad norteña de Cerocahui el miedo impera en el remoto poblado enclavado en la sierra Tarahumara, dominado por criminales y traficantes de droga y que otros religiosos se niegan a abandonar.
Una vez que creen que encontraron una fosa, los buscadores suelen llamar a la policía, en buena medida porque a menudo las autoridades se rehúsan a realizar el lento pero crucial proceso de análisis de ADN a menos que los restos sean exhumados por profesionales.
Alejandro Encinas, uno de los subsecretarios de la Secretaría de Gobernación, reconoció que hubo violaciones a las leyes vigentes y omisiones en la inspección de las medidas de seguridad del casino y por eso pidió una disculpa “honesta y sincera, sin dobleces y sin ambigüedades”.
El Gobierno de López Obrador presumió sus políticas contra la inseguridad. Los bloqueos carreteros, incendios a locales y asesinato de civiles inocentes al azar en cinco Estados del país obligaron a las autoridades a dar explicaciones sobre la capacidad del narco de poner en jaque a la ciudadanía.
A Bladimir, su hijo, lo mataron el 1 de julio. El joven trabajaba como distribuidor de pollos en una zona de las afueras de la capital del estado, Chilpancingo, dominada por dos bandas de narcotraficantes enfrentadas y dos bandas de autodefensas que también luchan entre sí.
El representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Jan Albert Hootsen, expresó que la organización ya se comunicó con el medio donde Román publicaba sus columnas, y que le informaron que no tenían conocimiento de amenazas previas.
