El gobierno de Biden anunció el miércoles que concedería a casi medio millón de venezolanos que ya se encuentran en Estados Unidos acceso a permisos de trabajo, tras las demandas de funcionarios estatales y municipales demócratas de ayudar a los inmigrantes a trabajar legalmente.
Un aspecto crucial del informe fue “identificar el hecho de que el Departamento del Interior necesita tener un papel más importante en la restauración de los daños”, dijo Michael Dax, director del programa Oeste para la Wildlands Network, que también brindó su opinión a la GAO.
Morgan comentó que los planes fueron desechados luego de que Biden asumió el cargo. Señaló que la barrera era un “muro acuático” y que su propósito era ser utilizada como una solución provisional en secciones de la frontera en las que aún no se habían construido vallas o eran poco prácticas.
“Que sea esto una enseñanza para construir una sociedad que derriba muros y construye puentes de solidaridad y entendimiento, buscando siempre el bien común, la justicia social, la libertad y el hermanamiento,” se lee bajo la reliquia de la Guerra Fría, frase atribuida a la alcaldesa de Tijuana.
El juicio comenzó el jueves y sólo un testigo ha rendido testimonio, un estadounidense que patrocina a un migrante nicaragüense que viven en Estados Unidos gracias al programa. La mayor parte del juicio se ha dedicado a los alegatos finales y a las preguntas de Tipton a los abogados.
Una parte clave de la política de inmigración del presidente Joe Biden que permite que un número limitado de personas de Centroamérica y el Caribe ingrese a Estados Unidos por motivos humanitarios se estaba debatiendo el jueves en un tribunal federal de Texas.
La intención es que los toques de queda, que van de las 11 de la noche a las 5 de la madrugada, permanezcan en vigor hasta que se dé a conocer el resultado de las revisiones, conocidas como entrevistas de “temor creíble” que realizan funcionarios de asilo, y de cualquier apelación ante un juez.
Por su parte, las obras para sustituir cerca de media milla de la barda secundaria con una de 30 pies de altura en la misma zona lucen prácticamente terminadas. Autoridades han dicho que el proyecto es necesario dado que las antiguas bardas entre los dos países estaban deterioradas.
Los nuevos fondos se aprobaron luego de la Operación Estrella Solitaria de Abbott, que desde 2021 ha incluido el envío de policías y militares de Texas para vigilar la frontera, la colocación de alambre de púas en la frontera y el traslado de migrantes a ciudades gobernadas por demócratas.
En el pasado, la ACLU se alzó con una victoria contra las medidas impuestas por el Gobierno de Trump que restringía la posibilidad de pedir asilo a los migrantes que hubieran pasado antes por otros países, donde debían presentar sus solicitudes antes de proseguir su camino hacia EU.
Recientemente, Abbott instaló boyas del tamaño de una bola de demolición en el río Bravo (Grande) en un tramo adyacente a la región de Eagle Pass, lo que llevó al Departamento de Justicia federal a demandar a Texas para que retirara la barrera flotante, la cual tiene unos 305 metros de largo.
Decenas de legisladores demócratas pidieron al gobierno el martes que ponga fin las entrevistas expeditivas de solicitantes de asilo apresados por la Patrulla Fronteriza, que consideran una “práctica apresurada” que los priva de acceso a la asesoría legal.
Las autoridades migratorias de EU consideran para 2024 cambios importantes en el examen de ciudadanía, entre ellos una mayor exigencia del dominio oral del inglés, que intimida a inmigrantes, según dijeron a EFE aspirantes a la naturalización y expertos migratorios.
El juez federal Jon Tigar del Tribunal del Distrito Norte de California ha bloqueado este martes la política de asilo del actual Gobierno de Estados Unidos, que hasta el momento había logrado reducir los cruces de migrantes irregulares en la frontera con México.
Trump calificó a Tigar como un “juez Obama” después de que éste rechazó una medida de su presidencia que prohibía a las personas solicitar asilo en otro lugar que no fuera un punto de entrada oficial al país. Dicho intento quedó estancado en los tribunales y jamás entró en vigor.
Las boyas son la última escalada en la misión fronteriza de Texas, que también incluye patrullas de la Guardia Nacional, cárceles que albergan a inmigrantes detenidos por cargos de invasión de propiedad privada y solicitantes de asilo enviados a ciudades de Estados Unidos gobernadas por demócratas.
En junio pasado, el primer mes completo desde que se implementaron las medidas, el número de detenciones cayó a los niveles de febrero de 2021 con 99.545 migrantes arrestados por las autoridades, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El gobierno afirma que su regla alienta a los migrantes a utilizar vías legales hacia Estados Unidos y evita un caos en la frontera. Pero los grupos por los derechos de los inmigrantes que interpusieron la demanda para eliminar la medida aseguran que es ilegal y pone en peligro a los migrantes.
La histórica prohibición de California de prisiones y centros de detención privados para migrantes vio su destino sellado cuando un tribunal federal derogó oficialmente la ley de 2020. La prohibición se promulgó en medio de crecientes informes de condiciones inseguras y violaciones de salud.
Los empleadores que contraten a inmigrantes que entraron a Estados Unidos sin autorización legal enfrentarán duras sanciones, y los dueños de armas de fuego gozarán de mayores libertades en Florida a partir del sábado, cuando entren en vigor 200 leyes nuevas.
