Para fines de abril, el departamento tenía más de 22,000 menores bajo su cuidado, pero al mismo tiempo llegaban más y otros estaban siendo dejados con familiares mientras cursaban sus solicitudes de asilo. Incluso llegaron más niños no acompañados en julio, batiendo el récord fijado en marzo.
Algunos vehículos trasladaron a niños, mujeres y adultos mayores en algunos tramos para ayudarlos a llegar al municipio donde ya los esperaba las autoridades de tránsito estatal quien los guió a la Unidad de Protección Civil de ese lugar. Allí se les ofreció agua, alimento y lugar de descanso.
El gobierno de México parece haber cambiado de estrategia tras los operativos de agosto, por los que agencias de Naciones Unidas denunciaron el uso excesivo de la fuerza contra los migrantes, y ahora no intenta convencer a la caravana que acepte sus propuestas de regularización.
La marcha fue acogida a su paso por trabajadores que tocaban el claxon de sus coches o autobuses, aplaudían o levantaban el puño en señal de victoria, mientras atravesaban el corazón de la comunidad donde otros inmigrantes ofrecían en la calle todo tipo de productos o les miraban desde las aceras.
“La verdad no queremos aceptar”, dijo la hondureña Lorena Rodríguez, quien viaja con su esposo Ismael Funes y una bebé de menos de un año y que llevaba tres meses intentando regularizar su situación en Tapachula, de donde el grupo partió el pasado sábado, junto a la frontera con Guatemala.
Aproximadamente 70,000 solicitantes de asilo han sido sujetos al programa, que Trump introdujo en enero de 2019 y Biden suspendió en su primer día al mando. Mayorkas puso fin a la norma en junio después de que una revisión interna demostrara “efectividad mixta”.
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Ingrid, guatemalteca que no quiso dar sus apellidos por seguridad, explicó que viaja con toda su familia de cuatro adultos, incluidos ocho niños y una bebé de cinco meses. “No podemos con todos los niños, somos de Guatemala, ya llevamos dos meses encerrados en Tapachula”, indicó la mujer.
Durante el primer juicio, GEO reconoció que podría pagarles más a los detenidos si quisiera hacerlo. En 2018, la compañía tuvo ganancias por 18,6 millones de dólares en la instalación. Pagarle el salario mínimo a los detenidos le costaría 3,4 millones.
“Podemos cumplir con nuestra misión de aplicación de la ley sin negar a las personas el acceso a la atención médica necesaria, a los niños el acceso a sus escuelas, a los desplazados el acceso a alimentos y techo, a los religiosos el acceso a sus lugares de culto, y más”, señaló Mayorkas.
Manifestó que esta quinta caravana -tras las cuatro fallidas de septiembre- va a avanzar hacia la Ciudad de México, y luego hasta Estados Unidos, porque están más organizados y a las fuerzas de seguridad federales se les va a hacer difícil poder desmantelarla.
Murillo dijo que se reactivará la ruta del Caribe, que va de Ecuador a Panamá, luego a las Bahamas, para cruzar después en bote a Florida. También se viajará a pie desde Panamá a Costa Rica, Nicaragua, Honduras y se seguirá hacia México.
Además, las cifras de arrestos en la frontera de Estados Unidos con México alcanzaron en el pasado año fiscal cifras nunca vistas hasta ahora, con más 1,7 millones de inmigrantes detectados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense.
El ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, propuso el miércoles que Alemania y Polonia realicen patrullas conjuntas en la frontera para impedir los cruces ilegales de migrantes que arriban desde Bielorrusia, pero dijo que nadie tiene intenciones de cerrar la frontera.
“Todo gira en torno al dinero”, expresó Ananda Hall, de la Coalition to End the ICE Contract (Coalición para Rescindir el Contrato del ICE con el McHenry County). “No piensan en la comunidad, en las familias, en la gente que están deteniendo ni en cómo se destroza familias”.
Los manifestantes acusaron a las autoridades polacas de comportamiento cruel por rechazar a los migrantes y por imponer un estado de emergencia en la frontera que ha impedido a los trabajadores de derechos humanos ir a ayudar a la gente.
Recalcaron que los migrantes están expuestos a riesgos y violaciones de derechos a lo largo de la ruta, incluyendo violencia sexual y de género, robo, trata de personas, discriminación, secuestro y extorsión, entre otros, algunos cometidos por el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos dijo que planea restablecer una política fronteriza del expresidente Donald Trump para que los solicitantes de asilo esperen en México hasta que tengan que comparecer ante una corte migratoria estadounidense, cumpliendo con un fallo judicial.
El grueso de los inmigrantes provenientes de Haití llegó entre 2014 y 2017, durante el gobierno de la expresidenta socialista Michelle Bachelet, época en que les bastaba su pasaporte para obtener una visa de turista, la que posteriormente cambiaban por una laboral luego de obtener trabajo.
