Ante el ataque armado que dejó un policía mexicano muerto y dos heridos en Anáhuac, municipio fronterizo con Estados Unidos, autoridades del norteño estado de Nuevo León suspendieron temporalmente el Programa de Vacunación Transfronterizo contra la covid-19.
El Gobierno mexicano ha liberado 2.685 reos en lo que va de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) porque estaban de manera injusta en la cárcel o por la Ley de Amnistía que impulsó el mandatario.
Tres miembros del ejército fueron detenidos por su presunto vínculo con la desaparición de 43 estudiantes ocurrida en 2014 en el sur de México, informó el jueves el gobierno.
"Hay muchos problemas con la seguridad, pero no nada más en México, también en Estados Unidos. Lo he hablado con los dos presidentes (estadounidense y mexicano), no puede haber prosperidad si no hay seguridad”, expresó en el evento Inter.mx Expansión Summit 2022 en Ciudad de México.
López Obrador no pudo ocultar el miércoles su satisfacción por la iniciativa promovida por el PRI, y afirmó, durante su conferencia matutina, que de aprobarse la reforma se contaría con cerca de 500,000 miembros del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en el país.
En México se sitúan en estados como Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Zacatecas o Jalisco, donde hay una fuerte actividad de la delincuencia organizada pero también en lugares como Chiapas o Oaxaca, donde la presencia de grupos armados se une con problemas comunitarios de décadas.
Tanto organizaciones civiles como miembros de los partidos de oposición ya han anunciado que recurrirán a las leyes ante la Suprema Corte de Justicia por inconstitucionales ya que la Carta Magna mexicana se reformó en 2019 precisamente para garantizar el carácter civil de la guardia.
Mientras el Senado debatía el jueves la incorporación definitiva de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas, que quedó aprobada pasada la medianoche, una familia pedía justicia por la muerte de una niña de 4 años presuntamente bajo fuego del ejército, en el ejemplo más reciente de las...
Al grito de “la militarización, no es la solución”, cientos de personas marcharon el martes hacia el centro de la capital mexicana en protesta contra una reforma legislativa impulsada por el gobierno, la cual busca transferir la Guardia Nacional, una fuerza bajo mando civil, a la Secretaría de...
Luis María Aguilar, uno de los magistrados de la Corte, argumentó que la prisión preventiva equivale a una sentencia ejecutada de antemano y señaló que algunos cargos conllevaban sentencias de apenas unos meses, mucho menos que el tiempo que la mayoría de las personas pasan en espera de juicio.
Casi dos meses después del asesinato de dos jesuitas mexicanos en la localidad norteña de Cerocahui el miedo impera en el remoto poblado enclavado en la sierra Tarahumara, dominado por criminales y traficantes de droga y que otros religiosos se niegan a abandonar.
En México, una larga lista de delitos no violentos como el robo en viviendas o de combustible es causa de prisión preventiva en automático, donde no hay posibilidad de fianza ni arresto domiciliario.
La Guardia Nacional de México, creada en 2019 como una fuerza bajo mando civil, se transferiría completamente a la autoridad de los militares del país, de acuerdo con una reforma legislativa presentada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por más empeño que le ponga la policía, de todas formas, el crimen muta. “Estamos viendo un alejamiento de la extorsión a comerciantes y vendedores en mercados para buscar directamente a sus proveedores, lo que requiere menos mano de obra, en este caso, mano de obra criminal”.
El Gobierno de López Obrador presumió sus políticas contra la inseguridad. Los bloqueos carreteros, incendios a locales y asesinato de civiles inocentes al azar en cinco Estados del país obligaron a las autoridades a dar explicaciones sobre la capacidad del narco de poner en jaque a la ciudadanía.
De acuerdo al informe, los seis normalistas fueron retenidos en un lugar denominado la “bodega vieja”, y el 30 de septiembre del 2014 una persona identificada como “el coronel” comentó que “ellos se encagarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los 6 estudiantes”.
Cansado, cada vez más encorvado en su silla y con la cabeza entre sus manos. Así recibió Jesús Murillo Karam la noticia de ser el primer ex procurador general de México en ser procesado por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos...
A Bladimir, su hijo, lo mataron el 1 de julio. El joven trabajaba como distribuidor de pollos en una zona de las afueras de la capital del estado, Chilpancingo, dominada por dos bandas de narcotraficantes enfrentadas y dos bandas de autodefensas que también luchan entre sí.
Una semana después de que grupos criminales sembraran el caos en varias ciudades del noroeste del país como reacción, en la mayoría de casos, a detenciones hechas por las autoridades, la historia se repitió en Colima, un estado de la costa del Pacífico mexicano con altos niveles de violencia.
El mandatario también acusó a sus adversarios de intentar crear una falsa percepción de que "el país se está incendiando", y aseguró que sigue sin viajar en autos blindados o con escoltas. "No tengo nada que temer, me siento muy seguro en Baja California y en todo México"
