Tras una audiencia que se prolongó por más de seis horas, el juez decidió vincular a proceso a Murillo Karam por los delitos contra la administración de justicia, tortura, y desaparición forzada.
El ex Procurador General mexicano Jesús Murillo Karam se enfrenta el miércoles a una audiencia en la que se determinará si se le abre un proceso penal por su responsabilidad en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur del país ocho años atrás.
El secuestro y la desaparición de los 43 jóvenes en septiembre de 2014 golpearon el legado de Peña, y la versión de su gobierno sobre lo que ocurrió con los jóvenes fue posteriormente desacreditada por un panel de expertos internacionales que la revisó, conocido como el GIEI.
La detención del exfuncionario se da un día después de que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación de México, Alejandro Encinas, dijera que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue un «crimen de Estado».
La Fiscalía General de México detuvo el viernes al exprocurador Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014.
El subsecretario anunció que ya se presentaron en la fiscalía todos los elementos necesarios para que deslinde responsabilidades de 33 personas, entre las que hay funcionarios federales que no especificó. Lamentó también que 26 “personas clave” en la investigación han muerto o fueron “ejecutadas”.
Una serie de arrestos ocurridos en el occidente de México, en los violentos estados de Jalisco y Guanajuato, cuando el ejército mexicano irrumpió en el lugar donde estaban aparentes líderes de dos grupos criminales desencadenó enfrentamientos y quema de vehículos y negocios.
Las autoridades han encontrado las osamentas de 23 personas en una región pantanosa del occidente de México entre Michoacán y Jalisco, dos estados donde algunos de los mayores cárteles del narcotráfico del país libran una intensa lucha por el territorio.
Las autoridades mexicanas concluyeron el sábado una nueva autopsia al cuerpo de una joven que fue hallada muerta en abril en la cisterna de un motel en el norte de México. Con la nueva evaluación se busca esclarecer un caso que desató una intensa polémica.
José Noriel Portillo Gil, conocido en el pueblo de Urique como “El Chueco”, ingresó al mediodía del lunes 20 de junio a la parroquia jesuita de Cerocahui mientras perseguía a Pedro Palma, quien trabajaba como guía turístico en la Sierra Tarahumara, al suroeste del estado mexicano de Chihuahua.
El último viaje de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora a su querida sierra Tarahumara en el noroeste de México, donde serán enterrados el lunes, fueron casi 400 kilómetros llenos de dolor pero endulzados con incienso, música y danzas de los indígenas rarámuris, a quienes dedicaron su vida.
“Viridiana Moreno sale de su casa, ubicada en Cardel, en el estado de Veracruz, va a rumbo al Hotel Bienvenido para atender una supuesta entrevista de trabajo que consiguió a través de una persona en la red social Facebook”, dijo Mejía. “A partir de entonces se desconoció su paradero”.
Tras conocerse que las víctimas habían superado las 100,000, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que agrupa a unos 60 colectivos de búsqueda, exigió igualmente a López Obrador hacer de esta crisis una "prioridad decidida de su gobierno" y no delegarla, según un comunicado.
En el día 13 de la búsqueda de su hija desaparecida, Mario Escobar estaba parado afuera de una gasolinera bajo un calor sofocante, mientras sostenía volantes con la foto de la joven e intentaba preservar una esperanza obstinada y urgente.
En esta zona del estado de Guerrero (suroeste) los descuartizamientos eran cotidianos en años recientes, por una guerra entre cárteles que se disputan la producción de goma de opio, amapola y marihuana en sus vastas serranías, y el acceso a puertos del Pacífico como Acapulco.
México convive con la muerte día a día. Forma parte de su folclore, de sus tradiciones, de su arte. Hasta que llegó el narco, la violencia y las desapariciones. Y ahora un país que estaba en paz con sus difuntos se horroriza a diario ante la espiral de sangre que marca cada rincón del mapa.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU pidió el martes a México una política de prevención de este fenómeno “generalizado”, que incluya atajar la impunidad y establecer un plan “ordenado e inmediato” de retirada de los militares de las tareas de seguridad pública, ya que —según...
Desde el pasado Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y en el actual de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se han anunciado operativos para contener la violencia que ha dejado cientos de personas muertas y desaparecidos en la región, sin resultados hasta el momento.
Además, la CNDH se sumó "a la exigencia, tanto del GIEI como de la sociedad mexicana en general", para que, a más de siete años de los sucesos, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos y asesinados "tengan acceso a la verdad de los hechos ocurridos" y acceso a la Justicia.
Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, de acuerdo con la misma tesis. Esa parte de la narración es rechazada por familiares de las víctimas, el gobierno de López Obrador, el GIEI y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
