El paso atrás muestra que, a pesar de las promesas de Biden, Trump y los antiinmigrantes en Estados Unidos siguen contando con poderosos aliados en los distintos poderes para perpetuar sus políticas xenófobas. Por desgracia, México continúa siendo un cómplice en todo esto.
El gobierno de Joe Biden está luchando en los tribunales para conservar una regla de salud pública de la era Trump que usa la pandemia de la COVID-19 como justificación para rechazar con rapidez a las familias migrantes que llegan a la frontera con México.
En octubre, la mitad de los migrantes que no fueron expulsados conforme al Título 42 era de Brasil, Cuba, Nicaragua y Venezuela, países que no suelen repatriar a sus ciudadanos. Casi la mitad estaba viajando como parte de una unidad familiar o eran niños sin un acompañante adulto.
Si vuelven a aparecer campamentos llenos de solicitantes de asilo en limbo a lo largo de la frontera, por inverosímil que parezca, será responsabilidad del presidente Biden garantizar que Estados Unidos, en coordinación con México, no permita que se conviertan nuevamente en cloacas de sufrimiento.
Mientras que millones de estadounidenses siguen sin trabajo y potencialmente disponibles para ser empleados, los empleadores dicen que la contratación se ha complicado debido a las secuelas de la pandemia. Algunos hogares no cuentan con guarderías o temen el resurgimiento del virus.
La crisis de los inmigrantes haitianos en Del Río (Texas) y de los venezolanos en Iquique (Chile), muestra las penurias de quienes se ven obligados a emigrar, pero también la crueldad de quienes rechazan acogerlos porque creen que los que llegan son distintos y no tienen derechos
En marzo de este año, cuando mataron a un policía, la alcaldesa volvió a vincular la migración con la incidencia del crimen: “No es la primera vez (…) Tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos (…) Necesitamos garantías para los colombianos”.
Durante el verano, cuando los migrantes se apresuraban para llegar a Matamoros, una ciudad fronteriza, un pastor perdió la paciencia. El pastor, Víctor Barrientos, había invitado a decenas de solicitantes de asilo a vivir en su iglesia, creyendo que era su deber religioso como cristiano evangélico.
“La pregunta que está en el aire ahora es: ¿en qué sentido es distinto de Trump?”, cuestionó Marisa Franco, directora ejecutiva de Mijente, una organización que defiende los derechos civiles de los latinos, quien asesoró la campaña de Biden como representante de Bernie Sanders, senador por Vermont.
Los ojos de Michelline Baptiste, grandes y pintados de morado, se cierran cada vez que toma aire antes de hablar. Porque el día anterior perdió a su bebé, del que estaba embarazada de tres meses, y aún sangra. Porque a las siete de la tarde, en Del Río, Texas, hay 37 grados.
México tiene una clara estrategia mediática para disfrazar su actividad contra los migrantes. A las detenciones las llama “rescates”; a los encierros, “alojamientos”; y a las deportaciones, “retornos asistidos”. El gobierno trata de maquillar sus acciones pero las imágenes hablan por si solas.
Tapachula se ha convertido en el embudo más grande de migrantes de América. Un rincón pobre del México miserable donde decenas de miles de migrantes llegan como pueden y salen deportados en un autobús. Nunca en la historia México había recibido a tanta gente que huye de sus países.
No está claro aún exactamente de qué modo responderá el gobierno de Biden a la decisión de la Corte Suprema, aunque los funcionarios en Estados Unidos y México dijeron que ya se han iniciado discusiones sobre la implementación de una nueva versión de Quédate en México.
El máximo tribunal estadounidense dictó a finales de agosto que el Gobierno de Joe Biden debe reactivar el programa Quédate en México. Implantado por Donald Trump, el mecanismo obligaba a los solicitantes de asilo a esperar respuesta en las ciudades fronterizas mexicanas.
No obstante, Giovanni Lepri, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), subrayó que para que cualquier propuesta sea eficaz debe estar coordinada con los países de la región que deben asumir responsabilidades compartidas.
Cuando Viscarra le dice que la frontera con Estados Unidos está cerrada, el hombre le responde que ellos ya no quieren emigrar a Estados Unidos. Lo único que quieren es salir de Chiapas hacia otras partes de México en busca de oportunidades. “Aquí nos tratan como animales”, dice.
Esto, y no la conveniencia de la política “Permanecer en México”, fue lo que dictaminó la corte. Su orden lo expresó claramente, y señaló que el gobierno no había mostrado una “probabilidad de éxito” en su afirmación de que la anulación de los protocolos no era “arbitraria ni caprichosa”.
Al igual que muchos otros alguaciles del oeste de Texas, Oscar E. Carrillo porta un arma, conduce una camioneta y usa un sombrero de vaquero. Pero su equipo más nuevo, una carretilla para cadáveres, es lo que está haciendo que se cuestione si debería seguir siendo un agente de la ley.
La decisión de la Corte Suprema de ordenar que se restaure la política migratoria “Permanecer en México” ha generado críticas de grupos activistas, elogios de parte del expresidente Donald Trump y promesas por parte del gobierno del mandatario Joe Biden de seguir impugnando la orden de una corte...
El testimonio fue explosivo: en junio, un testigo dijo al principal fiscal anticorrupción de Guatemala que había ido a la casa del presidente y había entregado una alfombra enrollada llena de dinero.
