"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, (ojo: domicilio), papeles o posesiones si no en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento".
Múltiples violaciones a los DH y a los conferidos en la Constitución, las leyes y acuerdos internacionales firmados y ratificados por México, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, han sido ignorados ante el uso faccioso de la justicia y el predominio de la impunidad.
El máximo tribunal en los últimos 15 años ha dictado tesis y jurisprudencias trascendentes, declarando la inconstitucionalidad de leyes o corrigiendo su interpretación, a partir de la supremacía de nuestra Carta Magna.
Con una votación apabullante -de nueve votos contra uno, la mayoría de los ministros de la SCJN consideraron infundados los alegatos del gobernador de Jalisco, Emilo González Márquez, contra la aplicación en ese estado de la norma oficial NOM-046-SSA2-2005.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, afirmó que se requiere "conocer, medir y verificar la actuación de las instituciones encargadas de impartir justicia".
El trato desigual en el manejo de temas de justicia se enseñorea en el país. Sin ser exhaustivo quiero recordar algunos casos que encierran gran simbolismo por la injusticia e impunidad que transportan.
Llevan ya cuatro años encarcelados en el penal de Molino de las Flores nueve presos de San Salvador Atenco. Cuatro años, así nomás porque sí. El mayor de ellos, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, tiene 42 años. Es el único de esos nueve que pertenecía al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Más de tres años y medio de cárcel, desde el 4 de mayo de 2006, llevan los 12 presos de San Salvador Atenco, tres de ellos en un penal de alta seguridad, con condenas de hasta 112 años de cárcel. Están lejos de sus hogares, con visitas restringidas y controladas.
El 3 y el 4 de mayo de 2006 fuimos testigos de la brutalidad del gobierno en contra de la protesta social y los habitantes de San Salvador Atenco, una comunidad aguerrida y organizada, dedicada principalmente a la agricultura y el comercio.
La historia de la delincuencia data de la existencia del hombre mismo. El de Caín fue el primer delito grave que se registro en la vida como un asesinato, el primer fratricidio, por el homicidio de su hermano Abel, con todas las agravantes.
El principio de división de poderes es, sin duda, el instrumento para hacer imposible la imposición de una dictadura. Por ello se considera que la democracia descansa en un mecanismo que distribuye, con plena independencia, las facultades ejecutivas, legislativas y judiciales.
El Tribunal Internacional de la Libertad Sindical emitió el 1� de mayo una sentencia que condena al gobierno a cumplir con varias de sus obligaciones, para hacer justicia, resarcir daños y prevenir en el futuro las mismas violaciones al derecho humano a la libertad sindical.
Raúl Plascencia, dio a conocer un dato conciso y exasperante: de los 14 millones de mexicanos indígenas, la mitad no comprende el español y, por ello, desconoce sus derechos, así como las condiciones para hacerlos efectivos.
Lo ocurrido en Oaxaca es insoportable. Para reaccionar, empero, necesitamos tener clara conciencia del contexto. No es un hecho excepcional o anómalo, sino una condición que se extiende cada vez más. Refleja una nueva normalidad: la del estado de excepción no declarado en que vivimos.
Anular ese fallo, dictado en un verdadero clima de linchamiento de los dirigentes campesinos en la televisión y en la casi totalidad de los medios de información, reduciría parcialmente el impacto nacional e internacional de la brutal represión que sufrieron los de Atenco.
Por unanimidad, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, indígenas otomíes apresadas el 5 de agosto de 2006 y condenadas a 21 años de prisión.
Los comuneros de Ostula explican que Francisco de Asís Manuel fue secuestrado en la encargatura de Palma Sola "por un grupo paramilitar fuertemente armado con fusiles de asalto AK-47", razón por la que temen por su vida e integridad.
En medio de una fuerte crisis económica y social, enfrascada además en un caso de corrupción política cada vez más grande, España pone hoy sobre la mesa el tema de la memoria, esa que vuelve siempre para, cuando menos, hacernos repensar lo que sucede.
La Cámara de Diputados está próxima a aprobar una iniciativa de apariencia liberal pero de inevitables efectos confesionales. Utilizando un lenguaje equívoco y aprovechando el descuido, el clero mexicano, y tal vez el representante diplomático del Vaticano, están por infligirnos un revés histórico.
Aún acapara la atención el caso Paulette, que cada vez se enreda más mientras la intervención de las autoridades no satisface a la ciudadanía, cuando aparece esta semana en el diario El País, la noticia del homicidio de una jovencita de 13 años en Toledo, España.
El actual proceso de desmoronamiento político y social ha tenido entre sus causas una reiterada violación del marco legal y la institucionalidad, a tal grado que entre la población se ha asentado la convicción de que el sistema en conjunto actúa contra los intereses de las mayorías.
Como cada año, Amnistía Internacional publicó en días pasados su informe sobre la situación de la pena de muerte en el mundo. La organización destaca que 2009 fue un año de avances importantes, como el que no se realizara ni una sola ejecución en el continente europeo.
Se llaman Alberta y Teresa. Son mujeres, son pobres, son indígenas. Ése es su delito. Por eso están en la cárcel, condenadas a 21 años de prisión, 91 mil pesos de multa y la obligación de pagar 70 mil pesos para reparar "el daño" que supuestamente cometieron.
En el 34 aniversario del último golpe de estado en Argentina, la presidenta de ese país, Cristina Fernández, anunció su disposición de llevar a tribunales internacionales el caso de Ernestina Herrera de Noble, directora del poderoso grupo mediático Clarín.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, de oficio, conocer los casos de las dos mujeres indígenas queretanas acusadas del increíble delito de "secuestrar" a seis policías de la Agencia Federal de Investigación.
A pesar de que todavía no puede realizarse una evaluación definitiva sobre la reforma judicial aprobada en 2008, en el informe se adelanta que las organizaciones civiles que han trabajado bajo el nuevo sistema ya han encontrado aspectos problemáticos.
La SCJN se halla en entredicho por tres casos que han estremecido a México y que habrán de ser objeto de fallos de la justicia federal en los próximos días, los que van a revestir indudablemente un carácter histórico por las consecuencias jurídicas, sociales y políticas que entrañarán.
Al preguntarnos si es necesario reformar el modelo laboral actual para que sea más eficiente y justo, la respuesta sería afirmativa, porque es urgente cambiar una realidad que salta a la vista: el empleo cada vez es más escaso, crece la informalidad.
Es probable que el caso termine con un "usted perdone", pero de cualquier forma resulta muy importante la decisión de la SCJN de considerar que el ex presidente del PAN Germán Martínez no estaba protegido por el fuero constitucional como diputado cuando acusó de fraude electoral.
Luis Posada Carriles es un fugitivo internacional, con 73 cargos de asesinato pendiente contra él en Caracas. Venezuela formalmente pidió su extradición el 15 de junio de 2005, pero Washington ha preferido procesarlo por mentiroso en vez de extraditarlo por asesino.
Es ya un lugar común que la llamada "guerra" contra el narcotráfico y la delincuencia organizada no ha arrojado los resultados anunciados. Se le ha comparado con un carro de dos ruedas que gira sobre su eje con una sola de ellas, pero sin avanzar ni un milímetro.
La semana pasada, el Instituto Nacional de Ciencias Penales tuvo el acierto de invitar a México, para otorgarle un doctorado honoris causa, al jurista italiano Luigi Ferrajoli, el más conocido y respetado expositor de la doctrina jurídica conocida como "garantismo penal".
Nunca acabamos de ponderar la acción juzgadora de un juez hasta que nos vemos en el desagradable momento de ver un interés nuestro amenazado por otro de personas que se nos oponen o del Estado, esa potencia monstruosa que, en otro momento, también puede confrontarnos y amenazarnos.
Dos mujeres y un hombre, María Edith Cervantes Ortiz, Elisa Jiménez Aguilar y Jorge Farrera Villalobos, magistrados del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo de la ciudad de México, decidirán en los próximos días la suerte de los trabajadores mineros de Cananea, Sonora.
Como todo concepto, la autonomía indígena contemporánea debe ser comprendida en su contexto histórico: la lucha de los pueblos originarios por conservar y fortalecer su integridad territorial y cultural por conducto de autogobiernos.
