Hay un canal de aguas negras afuera de la oficina de Azza Suleiman; una zanja en la que la porquería proveniente de uno de los peores barrios de El Cairo se ha vuelto un estanque de líquido negro. Una neblina azul de esmog y polvo envuelve a quienes circulan por los callejones.
Jacinta Francisco Marcial, injustamente acusada, sentenciada y encarcelada durante cuatro años por el supuesto secuestro de seis policías federales, anunció ayer que interpuso una demanda contra el Estado mexicano por los abusos y atropellos de que fue víctima.
Siempre se ha pensado que la interpretación de la Constitución es algo de lo más difícil que hay en el campo del derecho, si no es que lo más difícil. No puede decirse que la Constitución sea en todos los casos muy clara ni muy explícita en su texto.
San Juan Copala, centro ceremonial y político de sus 23 barrios, ha llegado a una situación crítica en extremo. Exige responsabilidad en el actuar inmediato, como inicio de una política pacificadora de mediano plazo.
La liberación esta semana de Raúl Hernández, defensor de los derechos de los pueblos in dígenas en Guerrero, además de mostrar la injusticia que se cometió en su contra, descubre una vez más el verdadero rostro de un gobierno entretenido con el fastuoso e inocuo festejo del bicentenario.
La criminalización del trabajo sexual en Guadalajara no sólo discrimina y violenta a las mujeres que se dedican a ese oficio, sino que deja grandes ganancias a los operadores de las redadas en casas de citas y hoteles.
Con profunda indignación y preocupación, una vez más hemos vuelto a recibir la noticia de la muerte de nuestros hermanos triquis. Todo ello como consecuencia de una emboscada, armada y perpetrada presuntamente por miembros de la Ubisort y sus aliados, en el paraje denominado Hierba Santa.
El Estado de derecho es un Estado de consensos porque el derecho mismo es el resultado del acuerdo de voluntades. Ya lo he dicho de reciente aquí mismo: toda ley es fruto del acuerdo de las fuerzas parlamentarias que la producen y no puede ser de otra manera.
Me llamo Fabiola, tengo 20 años. A principios de 2008 yo trabajaba en una cafetería aquí en León, Guanajuato. Ahí conocí a un muchacho y me embaracé. En mi casa nunca supieron de mi embarazo porque no se me notó, yo creo por el miedo que tenía. Además, no sabía qué hacer.
El Distrito Federal, donde se asienta la Capital del país, tiene todo para ser considerado una de las primeras entidades de la República (de hecho, por su población es la segunda) e, incluso, la primera, por su potencial económico, por su valor político y porque es el cerebro de la vida cultural.
El pasado lunes 24 de mayo se llevó a efecto la firma del Pacto Nacional por el Acceso a la Justicia en México, en el soberbio palacio de San Ildefonso y con la presencia de todos los presidentes de los tribunales federales, electorales y administrativos.
A casi cuatro años del inicio de la cruzada contra el narcotráfico, sus propios protagonistas descubren y admiten que los medios institucionales y legales a su alcance no son los adecuados; que las instancias de procuración de justicia construyen imputaciones defectuosas.
Para Luz María Ramírez Villalpando, directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense, el mejor antídoto contra la violencia intrafamiliar es la Triple R. "A las mujeres que son golpeadas por sus hombres, les aconseja resignarse.
El juez Vaughn Walker emitió el esperado dictamen sobre la legalidad de la propuesta número 8, que demandaba declarar ilegales los matrimonios entre personas del mismo sexo, aprobada el año pasado por los electores del estado de California, considerando que dicha propuesta es anticonstitucional.
Es un principio constitucional que nadie, ni siquiera la Suprema Corte, puede ir contra derechos mayores adquiridos al amparo de la ley. La vieja ley sólo vale para fijar la responsabilidad de quien paga las pensiones y para nada más.
La jurisprudencia 85/2010, mediante la cual la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como límite superior de las pensiones del IMSS hasta 10 veces el salario mínimo, ha generado creciente inconformidad.
La decisión de la SCJN de reducir las pensiones de los trabajadores afiliados al IMSS ha congregado en horas recientes expresiones de rechazo de organismos sindicales y empresariales, de la oposición partidista y de miles de derechohabientes de esa institución.
El dictamen que el ministro Juan N. Silva Meza elaboró sobre la demanda de amparo que los abogados del Sindicato Mexicano de Electricistas presentaron contra la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro será recordado como un acto lacayuno y servil .
Como es natural, la noticia ha caído como bomba entre los trabajadores afiliados de niveles medio y superior; se calcula que más de un millón 200 mil personas podrían resultar afectadas con esta inesperada decisión.
Ayer, en forma unánime, los ministros de la SCJN resolvieron considerar constitucional y legal el decreto emitido en octubre del año pasado por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, por medio del cual se extinguió el organismo paraestatal Luz y Fuerza del Centro.
Hay una especie de epigrama que con frecuencia digo a quienes acuden a pedirme consejo jurídico, para que estén enterados de lo azaroso que es acudir a las autoridades judiciales a solicitar justicia; el epigrama pinta cual es la verdadera situación de la impartición de ella.
Honor a quien lo merece: algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia demostraron ser sensibles y defender las leyes de quienes siempre manejan el aparato judicial como una maza de guerra contra los luchadores sociales y contra las resistencias a las medidas liberticidas.
El amicus curiae ("amigo de la corte") es una institución jurídica de origen romano que forma parte de la práctica judicial anglosajona. Ha sido recogida en los reglamentos del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana (CIDH), ambos de Derechos Humanos.
A pesar de la contundencia del fallo emitido el miércoles pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se ordenó la inmediata excarcelación de los 12 dirigentes y activistas de San Salvador Atenco que permanecían en prisión desde 2006.
Ahora resulta que el motivo de la separación de más de 40 mil trabajadores obedece a los "altos costos de operación, a la imposibilidad de otorgar el servicio de energía eléctrica y a la falta de cumplimiento al convenio de productividad".
El pasado 23 de junio, América del Valle Ramírez, 29 años, pedagoga social y militante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, tomó una difícil decisión: pidió asilo político en la embajada de Venezuela en México.
"Hubo responsabilidad, pero no hubo responsables", dijo el editorial de La Jornada, reconociendo que nos hemos convertido en una nación de irresponsables; un pueblo que descansando en esotéricos argumentos jurídicos esconde bajo el tapete sus grandes tragedias nacionales.
La división existe en toda la nación; en lo económico, entre los pobres y ricos, en lo cultural, entre los herederos de las pueblos originarias del país, entre el occidente moderno y las poblaciones indígenas, en lo internacional, entre países soberanos y estados más o menos dependientes.
Y sigue la Suprema Corte dando de que mal hablar, su resultado de la investigación sobre la guardería ABC sólo dejó satisfechos a quienes de suyo tienen responsabilidad por sus acciones u omisiones en el ejercicio de un cargo público.
Ahí viene un alud de propaganda. El poder presidencial hace malabarismos fiscales y anuncia la contratación multimillonaria de las mejores agencias publicitarias" para que presenten al mundo la edénica visión de México, la paz de los sepulcros, los miles de muertos sin nombre.
Cada mañana, cuando nos despertamos, podemos preguntarnos qué nuevo horror nos habrá deparado, no el mundo, que ése, pobre de él, es sólo víctima paciente, sino nuestros semejantes, los hombres.
Los recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) han avergonzado a la nación al tratar de establecer, contra la Constitución y contra la razón, que a) un organismo público como el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el derecho de subrogar, es decir de privatizar, sus funciones.
La discusión del dictamen sobre el caso de la guardería ABC presentado por el ministro Arturo Zaldívar dejará huella en la conciencia jurídica y moral �si es pertinente usar tales términos� de la sociedad mexicana.
Ayer, por mayoría �ocho votos contra tres�, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no fincar responsabilidades a los funcionarios que hayan incurrido en la violación de garantías individuales en el caso del percance en la guardería ABC de Hermosillo.
Desde mayo de 2006, 12 presos políticos vinculados al FPDT de San Salvador Atenco permanecen como rehenes de los poderes ejecutivos federal y del estado de México, en virtud del uso discrecional y faccioso de la justicia contra los movimientos sociales organizados y sus demandas.
