Además supone golpe embarazoso para el gobierno central conservador de Madrid, que ha insistido en que la disputa sobre la independencia de Cataluña es un asunto legal y no político, y se negó a sentarse a negociar con Puigdemont o sus partidarios desde la polémica consulta de octubre.
Las tensiones se incrementaron el mes pasado por el envenenamiento del exespía ruso Serguei Skripal en Gran Bretaña, lo que provocó expulsiones masivas de diplomáticos por parte de las naciones occidentales y el Kremlin.
Las tensiones se incrementaron el mes pasado tras el envenenamiento del exespía ruso Serguei Skripal en Gran Bretaña, lo que provocó expulsiones masivas de diplomáticos por parte de las naciones occidentales y el Kremlin.
Resultado de una fusión entre militantes del Partido Demócrata Europeo Catalán (derecha catalana) e independientes, Junts per Catalunya fue la lista con la que se presentó el líder secesionista a las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre.
Las manifestaciones, a veces con disturbios, los cortes de carretera y las pintadas en edificios oficiales se multiplicaron los últimos días en esta región española para protestar contra el encarcelamiento de líderes separatistas y la detención del huido expresidente regional Carles Puigdemont.
En un comunicado, la agrupación liderada por el diputado nacional Alberto Garzón acusó al gobierno conservador de Mariano Rajoy de convertir el conflicto territorial en esa región del noreste del país en un problema penal, a través de una salida represiva.
El juez también solicitó que 14 miembros de la anterior administración regional de Cataluña paguen una multa de 2,1 millones de euros (2,59 millones de dólares) para devolver el dinero utilizado para celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre y cubrir los costos judiciales.
La iniciativa se popularizó justo después de las elecciones regionales del 21 de diciembre, que dieron mayoría absoluta a los independentistas aunque sin disponer de mayoría de votos, y cuajó con su mensaje satírico en un segmento importante de esta región con 7,5 millones de habitantes.
"Kiev ha confirmado definitivamente su objetivo de resolver por la fuerza el conflicto. Al promulgar esa ley, Poroshenko ha tachado de facto los Acuerdos de Minsk y ha desatado las manos al 'partido de la guerra", señala un comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.
La dirigente del partido independentista catalán Candidatura de Unidad Popular estaba convocada el miércoles por el Tribunal Supremo en Madrid, y corría el riesgo de ser puesta en prisión preventiva al igual que otros cuatro separatistas encarcelados desde hace más de tres meses.
Cataluña pospuso el martes hasta nuevo aviso la elección de un nuevo presidente de la región española, después de que el máximo tribunal español dijo que el único candidato, el líder separatista Carles Puigdemont, no podía ser elegido mientras permanezca prófugo de la justicia en Bélgica.
El portavoz parlamentario de la CUP (independentistas antisistema), Carles Riera, pidió que se mantenga la convocatoria del pleno "por lealtad" al resultado de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre pasado, e instó a "desobedecer" al TC "si es necesario".
En un discurso durante una reunión en Riad, Hadi afirmó que es "inaceptable recurrir a las armas para llevar a cabo proyectos políticos y cualquier agresión a la legitimidad y sus instituciones es un verdadero golpe", según la agencia yemení SABA, controlada por el Gobierno.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy una nueva ronda de sanciones contra 21 individuos y 9 entidades de Rusia y Ucrania por sus actividades en Crimea, entre los que figura el ministro de Energía ruso, Andréi Cherezov.
El presidente español Mariano Rajoy amagó este lunes con extender el control del gobierno central sobre Cataluña si los legisladores independentistas recién elegidos permiten que Carles Puigdemont regrese a la Generalidad y gobierne desde el exilio.
Es posible que los jueces españoles tengan la última palabra cuando determinen si los políticos separatistas son elegibles para un puesto en el gobierno aunque estén esperando un juicio por cargos de sedición y rebelión tras la declaración unilateral de la independencia de Cataluña en octubre.
