La denuncia por las malas condiciones de los centros de detención de inmigrantes sin papeles en la frontera de EU con México comenzó de la mano de abogados, luego de congresistas demócratas y este martes se convirtió ya en una alerta de los propios inspectores del Gobierno estadounidense.
La promesa de campaña del presidente Donald Trump de erigir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México se ha visto envuelta en disputas transfronterizas y recibió la oposición de los legisladores demócratas que deciden sobre los fondos del gobierno.
Al unísono, todos los aspirantes a la nominación presidencial demócrata levantaron sus manos y en un abrir y cerrar de ojos convirtieron la idea de ofrecer cobertura médica a los inmigrantes sin permiso de residencia en uno de los temas centrales de la campaña electoral.
Estos días, noticias y fotografías estremecedores han sacado a la luz el hecho de que el gobierno de Estados Unidos no ha dejado de separar a familias migrantes en la frontera sur, a pesar de que lo prohibía la orden ejecutiva de hace un año.
Un niño de 12 años entró a Estados Unidos desde México con su hermano y su tío después de huir de la violencia en Guatemala, pero ya no está con ellos y se encuentra en una instalación hacinada en Texas. Unas hermanas hondureñas de 8 y 6 años fueron separadas de su abuela cuando llegaron.
Desde la escalera de su iglesia en Tecún Umán, una ciudad fronteriza en Guatemala, el sacerdote Fernando Cuevas ha visto como el flujo migratorio evolucionó desde multitudinarias caravanas que llenaban la plaza cercana a pequeños grupos de familias que llegan en bus para subir a balsas...
Un grupo secreto de Facebook para agentes de la Patrulla Fronteriza que incluía publicaciones sexuales explicitas puso a la agencia estadounidense a la defensiva.
Inspectores del gobierno federal difundieron el martes las imágenes después de recorrer algunas de las instalaciones del sur de Texas en las que son detenidos y procesados adultos y niños que cruzaron la frontera desde México.
Con el retorno de 69 centroamericanos a sus respectivos países, México comenzó el martes a implementar un programa temporal de retorno voluntario para migrantes que se encuentran en el norte del país, dijeron autoridades.
Activistas a favor de los niños migrantes presentaron una demanda para impedir que el gobierno del presidente Donald Trump aplique una nueva medida que, afirman, socavaría las protecciones legales de miles de menores sin compañía adulta que solicitan asilo en Estados Unidos.
El legislador texano Joaquin Castro dijo que dio a conocer un video y fotos de mujeres migrantes detenidas en una instalación fronteriza de su estado para que el público pueda comprender mejor las “horribles” condiciones existentes bajo las políticas del presidente Donald Trump.
Las autoridades mexicanas transportaron el martes en autobús a sus países de origen a 69 migrantes centroamericanos que fueron regresados por Estados Unidos a Ciudad Juárez a esperar el resultado de sus solicitudes de asilo.
Tres semanas después de llegar a un acuerdo con la Administración estadounidense del presidente Donald Trump para frenar la migración, México cierra junio con los deberes hechos en forma de número récord de deportaciones: un total de 21.912, un 33% más que en el mes anterior.
Los solicitantes de asilo que son obligados por el gobierno de Estados Unidos a aguardar en México enfrentan violencia y condiciones atroces al quedar a la deriva y sin medios para sobrevivir, de acuerdo con un reporte de Human Rights Watch próximo a publicarse.
El presidente Donald Trump firmó el lunes un paquete de 4,600 millones de dólares para ayudar al gobierno federal a enfrentar el incremento de inmigrantes centroamericanos en la frontera entre Estados Unidos y México.
En MacArthur Park, un vibrante vecindario latino cerca del centro de Los Ángeles, Pedro sale a vender mangos en un carrito a los transeúntes los siete días de la semana. Durante dieciséis años ha sido un personaje habitual de la zona.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apeló el sábado a la decisión de un juez que impidió que su gobierno use 2,500 millones de dólares, destinados originalmente a actividades antinarcóticos, para construir un muro en la frontera sur con México.
Un migrante salvadoreño de 43 años que había cruzado hacia Estados Unidos con su hija murió en un hospital tras desmayarse en una estación fronteriza, indicaron las autoridades estadounidenses el sábado.
El aspirante a la candidatura presidencial demócrata Beto O’Rourke visitó México el domingo y escuchó a inmigrantes decirle entre lágrimas que huyeron de la violencia en Centroamérica para solicitar asilo en Estados Unidos, pero fueron devueltos en la frontera.
El juez Haywood S. Gilliam, Jr. en Oakland tomó medidas el viernes en dos demandas presentadas por el estado de California y por activistas que alegaron que la transferencia de fondos es ilegal y que la construcción del muro representaría una amenaza para el medio ambiente.
