Los legisladores demócratas anunciaron una asignación de 4,500 millones de dólares para responder a la creciente crisis humanitaria en la frontera sur y para cumplir con la responsabilidad del gobierno de atender a decenas de miles de personas que buscan un amparo bajo las leyes de asilo de EU.
Los gobiernos de México y El Salvador lanzaron una ambiciosa estrategia a la que se sumarán luego Honduras y Guatemala para promover el crecimiento económico en Centroamérica, a fin de desalentar la avalancha migratoria que perfila una verdadera crisis humanitaria en la zona.
El gobierno mexicano acorrala cada vez más a los migrantes después de que hace apenas seis meses les daba la bienvenida y preconizaba una política de puertas abiertas.
Las agencias de migración y refugiados de la ONU exhortaron el viernes al gobierno italiano a que permita el desembarco de 43 migrantes de Libia de un buque que los rescató en el mar Mediterráneo.
México y El Salvador firmaron un programa de cooperación que incluye la transferencia directa de 30 millones de dólares al país centroamericano como parte del plan integral de cooperación para la región propuesto por el gobierno mexicano para ayudar a frenar el flujo de migrantes hacia el norte.
En la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, donde los migrantes esperan su cita para solicitar asilo, los salvadoreños se mostraban escépticos el jueves sobre el plan que los presidentes de México y El Salvador tienen previsto anunciar como parte de un programa integral.
El Comité de Asignaciones del Senado aprobó un proyecto de ley para enviar 4600 millones de dólares en ayuda adicional a la frontera suroeste, pues las agencias federales de la zona advierten que se les agotarán los fondos para albergar y manejar la afluencia de personas que migran.
Al menos 380 migrantes latinoamericanos han muerto al intentar dejar sus países este año, muchos de ellos venezolanos que han perdido la vida ahogados en el Caribe o centroamericanos que buscaban cruzar la frontera de México con Estados Unidos, dijo el martes una agencia de Naciones Unidas.
Inmigrantes demandaron el miércoles al gobierno de Estados Unidos por no entregarles rápidamente sus documentos migratorios, obstaculizando sus posibilidades de pelear para no ser deportados y solicitar la ciudadanía.
Cuando Johan Álvarez no pudo dar más que una comida al día a su joven familia, supo que era hora de partir de Venezuela.
Aunque según el gobierno mexicano el programa tiene como eje los derechos humanos, para quienes rigen albergues como Jesús el Buen Pastor la prioridad de las autoridades es reforzar la frontera sur y aumentar las detenciones y deportaciones en lugar de atender a los migrantes.
El reporte anual “Global Trends” publicado por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados incluye el número de refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos en todo el mundo hasta finales de 2018, en algunos casos tras décadas viviendo lejos de su hogar.
Los países en desarrollo, no las naciones occidentales ricas, son los más afectados por la crisis mundial de refugiados y albergan a la mayoría de las 70,8 millones de personas desplazadas que han huido de guerras y persecuciones, dijo el miércoles Naciones Unidas.
Una comisión del Senado de Estados Unidos aprobó el miércoles una versión modificada del pedido de más de 4,000 millones de dólares del presidente Donald Trump para ayudar a decenas de miles de migrantes que se concentran en la frontera con México.
Su llegada a la frontera y a dos ciudades a más de 3300 kilómetros de distancia —San Antonio, Texas, y Portland, Maine— ha sorprendido y dejado perplejas a las autoridades migratorias, a los abrumados funcionarios y a los grupos sin fines de lucro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el martes que las autoridades migratorias se concentrarán la próxima semana en realizar arrestos a gran escala de inmigrantes que se encuentran en el país de manera ilegal, pero no entregó detalles sobre sus planes.
El mandatario estadounidense ha reiterado sus amenazas de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados de su país y ha amenazados a los países de Triángulo Norte -El Salvador, Guatemala y Honduras- con cortarles fondos si no controlan la salida de sus ciudadanos rumbo al norte.
Al menos 380 migrantes latinoamericanos, la mayoría venezolanos y centroamericanos, han muerto en la primera mitad de 2019, un 50 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este lunes que el servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés) comenzará la próxima semana a deportar a millones de migrantes que se encuentran en Estados Unidos de forma ilegal.
El gobierno de México mostró su molestia por la indiferencia de la comunidad internacional ante la peor crisis migratoria en la era reciente en la región Centro y Norteamérica, agudizada por las presiones del presidente de Estados Unidos Donald Trump.
