El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebró el lunes la ampliación de los permisos de trabajo y residencia en Estados Unidos para los salvadoreños amparados por un programa federal de protección.
Se le concede asimismo a quienes huyen de su país porque "su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos o circunstancias que perturben gravemente el orden público".
"Nuestro mensaje a los empleadores, especialmente del sector tecnológico, es claro: no podéis preferir la contratación ilegal de trabajadores extranjeros con visado temporal a los estadounidenses", afirmó Eric Dreiband, responsable de derechos cívicos del ministerio, citado en el comunicado.
El gobierno de Trump está implementando cambios radicales en el examen que los inmigrantes deben tomar para convertirse en ciudadanos de Estados Unidos, ahora se incluyen matices de filosofía conservadora que dificultan la prueba para las personas que están estudiando el idioma inglés.
Un juez federal anuló el martes dos reglas del gobierno del presidente Donald Trump elaboradas con el objetivo de limitar drásticamente el número de visas que se emiten cada año para trabajadores extranjeros calificados.
Los migrantes que hayan sido detenidos recientemente en Estados Unidos deberán comparecer ante un juez dentro de los primeros 10 días y no dejar pasar semanas o meses, como ha sucedido en ocasiones en los últimos años, dictaminó el lunes un jueza.
La celebración es famosa por su suculento banquete de pavo relleno, puré de papas y pastel de calabaza, pero también por las peleas familiares en torno a la mesa, dominadas en los últimos años por la polémica figura del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump.
Los defensores de los migrantes que pidieron la orden judicial sostienen que el gobierno tiene capacidad para proteger a los menores y a los agentes fronterizos al mismo tiempo. Alegan que el ejecutivo está utilizando la pandemia como pretexto para perseguir a los migrantes.
El gobierno de Estados Unidos apeló el miércoles la orden judicial que prohíbe la expulsión de menores migrantes que cruzaron la frontera solos, una política promulgada durante la pandemia del coronavirus para negar protecciones de asilo a los niños.
El presidente electo también ha confirmado que durante su primer día sentado en el Despacho Oval volverá a incluir a Estados Unidos en el Acuerdo de París, el pacto climático mundial del que Trump retiró a Washington y cuya salida se hizo efectiva este mismo mes de noviembre.
La destrucción comenzó cuando Eta tocó tierra en Nicaragua el 3 de noviembre. Ese mismo día, en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, Estados Unidos elegía a su próximo presidente, el demócrata Joe Biden, de quien se espera una política migratoria menos restrictiva.
El ministro del Interior francés ordenó el martes una investigación interna de la policía después que se filmó a agentes que expulsaban violentamente a migrantes de sus carpas durante el desalojo de un campamento de protesta en París.
Una jueza federal bloqueó el jueves la entrada en vigor de una regla del gobierno del presidente Donald Trump que habría creado nuevos obstáculos para los solicitantes de asilo que hayan sido condenados por ciertos delitos.
Mark Morgan, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), dijo que el deterioro de las condiciones económicas estaba llevando a más personas a viajar hacia Estados Unidos.
El Ministro de Seguridad Pública y Preparación para Emergencias de Canadá, Bill Blair, confirmó la extensión, diciendo que las “decisiones del gobierno continuarán basándose en los mejores consejos de salud pública disponibles para mantener seguros a los canadienses”.
El presupuesto de 1,8 billones de euros (2,1 billones de dólares) abarca el período del 2021 al 2027, incluidos 750,000 millones de euros (887,000 millones de dólares) en fondos de emergencia para impulsar la recuperación económica del bloque tras la crisis del coronavirus.
El Tribunal Constitucional ha avalado la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el PP en 2015, prácticamente en todos sus extremos, incluidas las expulsiones en caliente de inmigrantes que intenten salvar las vallas de Ceuta y Melilla.
A inicios del 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en favor de nueve menores de Siria, Irak y Marruecos que habían llegado a Grecia en el 2016 y se pasaron semanas bajo custodia policial antes de ser enviados a albergues. Los menores tenían entonces entre 14 y 17 años.
Un juez federal ordenó el miércoles al gobierno de Donald Trump que deje de expulsar a niños que cruzan a solas la frontera desde México, lo que pone freno a una medida que ha provocado la deportación de miles de menores durante la pandemia de coronavirus.
En 2018, la primera de una serie de caravanas de migrantes partió desde Centroamérica con el objetivo de llegar a Estados Unidos, a pesar de las estrictas políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió la construcción de un muro en toda su frontera con México.
