Cuando hace justo cinco años, gracias a la Operación Lava Jato, los brasileños empezaban a enterarse del monumental escándalo de corrupción que se había instalado dentro de la estatal Petrobras pocos intuían que lo peor estaba por llegar.
La frase, o el modo teatral en que era esgrimida, logró cierto golpe de efecto: García fue reelegido en 2006 por el mismo pueblo que en su día juró nunca volver a darle una oportunidad.
Su mayoría en las cámaras legislativas, su gran apoyo popular y los más de cinco años que le restan de presidencia anticipan un escenario favorable para que Andrés Manuel López Obrador cumpla con su ambicioso programa electoral.
De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, dice un adagio muy antiguo. Esto quiere decir que, aunque a veces el fin sea plenamente justificable, si las cosas no se hacen bien, el resultado puede ser lo contrario a lo que se esperaba.
Tuvieron que pasar 17 días desde que el expresidente Alan García ingresó a escondidas en la embajada de Uruguay para pedir asilo diplomático, hasta que el gobierno de Tabaré Vásquez anunció que se lo negaba.
La investigación del caso Odebrecht en Colombia se asoma desde este martes al abismo de una red criminal que va más allá de los sobornos pagados por la constructora brasileña a cambio de concesiones.
De hecho, los mercados, tanto el bursátil como el de divisas, han reaccionado espasmódicamente. Si en condiciones normales una decisión de este tipo es de extrema gravedad, con unas elecciones presidenciales y parlamentarias a la vista la misma puede condicionar el futuro político del país.
En los casi doscientos años de turbulenta historia peruana hubo apenas tres precedentes de destitución del presidente por el Congreso y solo uno por la causa que el pasado diciembre se esgrimió para la vacancia: incapacidad moral permanente.
A los conocidos lemas de repudio al indulto ante la gravedad de los crímenes de lesa humanidad por los que fue condenado Fujimori, se sumaron condenas a Kuczynski y pedidos de que sea vacado, así como condenas a lo que consideran un pacto oculto entre el mandatario y el fujimorismo.
