Los resultados, sin embargo, muestran que esa estrategia tampoco ha funcionado para disminuir los índices de violencia. Las matanzas continúan a diario a lo largo y ancho del país y los delincuentes actúan casi con absoluta impunidad para asesinar, desaparecer personas, extorsionar y robar.
Recientemente se produjo una masacre en San José de Gracia, en el occidental estado de Michoacán, donde un grupo de sicarios fusiló a al menos once personas, en un hecho todavía por esclarecer del todo porque los criminales se llevaron los cadáveres y limpiaron la zona.
Sustituir homicidios por desapariciones resulta útil narrativamente: si los homicidios bajan es bueno para el gobierno, porque los estados miden mayoritariamente sus niveles de violencia letal con la tasa de homicidio doloso; pero también para los criminales, porque llaman menos la atención.
Seis meses después de que la Suprema Corte de Justicia de México dictaminó que era inconstitucional penalizar el aborto, médicos del estado sureño de Guerrero se negaron a interrumpir el embarazo de una víctima de violación de nueve años.
Los múltiples homicidios sembraron la consternación y la indignación no solo de la prensa mexicana sino de organizaciones internacionales y altos funcionarios como el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien expresó hace unas semanas su preocupación por el tema.
Recientemente se produjo una masacre en San José de Gracia, en el occidental estado de Michoacán, donde un grupo de sicarios al parecer fusiló a más de diez personas durante un funeral, en un hecho todavía por esclarecer porque los criminales se llevaron los cadáveres y limpiaron la zona.
El ejército mexicano junto con la Guardia Nacional y la fiscalía federal hallaron un gran arsenal de armas largas, ametralladoras, granadas, fusiles y casi tres millones de cartuchos en cuatro refugios del narcotráfico en el noroeste de México.
Los titulares en México han sido estremecedores. Dos mujeres murieron en fuego cruzado cuando bandas rivales empezaron a disparar en un restaurante concurrido en una acera de Tulum. Unos hombres armados se enfrentaron en una playa cercana a Puerto Morelos mientras los turistas se refugiaban en...
El gobierno de México envió el jueves unos 950 efectivos del Ejército al estado occidental de Colima para reforzar la seguridad y hacer frente al recrudecimiento de la violencia en la región, donde en los últimos meses ha habido enfrentamientos entre cárteles de la droga.
El periodista Jorge Camero fue baleado el jueves en una localidad del norte de México convirtiéndose en el sexto comunicador asesinado en el país en dos meses, que han sido considerados los más violentos para la prensa mexicana.
Entre la noche del 15 de febrero y la madrugada del miércoles 16 de febrero, dos convoyes de Los Chapitos -tres de los hijos del capo hoy preso en Estados Unidos que dominan uno de los brazos del poderoso cártel de Sinaloa- irrumpió en la localidad con decenas de camionetas blindadas.
Los analistas estiman que la situación de violencia en los penales mexicanos es consecuencia del hacinamiento, el crecimiento de la población penal y el escaso personal de custodia, muchos de los cuales tienen malos salarios lo que favorece la corrupción.
Todo comenzó con el aviso de los traileros. Mensajes de radio donde alertaban, desde el martes por la tarde, que se venía la tragedia a los pueblos. Hombres armados para destruir una ciudad, decenas de camionetas con blindaje artesanal, perforadas para encajar los rifles de asalto de un calibre...
También se registraron protestas en los estados de Veracruz (este), Guerrero (sur) y San Luis Potosí (centro). El pasado 25 de enero, periodistas de todo el país hicieron una manifestación similar contra la violencia hacia la prensa con el lema "No se mata la verdad matando periodistas".
El periodista Heber López murió el jueves tras ser baleado en el sur de México, convirtiéndose en el quinto comunicador asesinado en el país en seis semanas consideradas las más violentas para la prensa mexicana en más de una década.
Los procuradores de 17 estados de Estados Unidos y más de una veintena de fiscales de distrito mostraron el jueves su apoyo a una demanda presentada por el gobierno mexicano en la que se acusa a fabricantes de armas estadounidenses de contribuir al derramamiento de sangre en México.
Al preguntarle quiénes cree que estarían detrás de las amenazas en su contra, Cordero García afirmó que “me quieren silenciar por mi trabajo periodístico. Soy muy crítico en mis reportaje, en mis entrevistas”. El periodista expresó que tras el hecho solicitó a las autoridades reforzar su seguridad.
Artículo 19, que defiende los derechos de los periodistas, instó al Mecanismo de Protección para Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas garantizar la protección efectiva de los integrantes de Monitor Michoacán para evitar más agresiones.
Renee Maldonado dijo que los periodistas de Tijuana eran como una segunda familia para su tía, que nunca tuvo hijos. Agregó que su familia está agradecida con las muestras de apoyo que han recibido de los miembros de la prensa a nivel mundial. Decenas de ellos asistieron a su entierro esta semana.
“Las condiciones se prestan para eso, un aeropuerto en el que recibimos muchísimas personas que vienen de distintas partes del mundo, que tienen diferentes intereses y que provoca precisamente que se convierta en un lugar muy apetitoso en determinados momentos para ese tipo de acciones”, agregó.
