La Suprema Corte de México concedió hoy un amparo para comprar o importar semilla de marihuana en beneficio de tres ciudadanos que ya tienen autorización legal para el uso lúdico de la droga, informó el máximo tribunal.
Olga Sánchez Cordero, propuesta como secretaria de Gobernación del futuro gabinete de Andrés Manuel López Obrador, propuso hoy despenalizar el uso recreativo de la marihuana y la amapola para "pacificar" al país, que sufre de altos índices de criminalidad y violencia por el narcotráfico.
Una fría noche de diciembre de 2009, tres integrantes de una familia fueron secuestrados en el estado de Chihuahua por un grupo de hombres armados que vestían uniforme militar, y nunca se les volvió a ver.
La confianza de los mexicanos en las Fuerzas Armadas sigue a la baja en el marco de un creciente cuestionamiento a los militares, involucrados por el gobierno en tareas de seguridad pública para combatir a las bandas criminales.
México debería permitir a los estados comenzar a legalizar la marihuana mientras otros esfuerzos más grandes están en el limbo, dijo a Reuters un alto funcionario cuando el país busca maneras de paliar niveles récord de violencia.
La legalización regulada de la marihuana es una de las vías que México persigue para frenar la espiral de violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico, que se inició en 2006 y le ha reportado más 120,000 muertes, afirmó hoy del expresidente Vicente Fox
La Marina mexicana, uno de los actores que ha cargado con una buena parte del descrédito y de la factura por la fallida estrategia anticrimen del gobierno lanzada hace 11 años, vuelve a estar objetada ahora tras dar muerte accidentalmente a dos niñas y su madre.
Los ministros que integran el máximo órgano de justicia aprobaron por mayoría de votos que las revisiones a personas y vehículos por parte de agentes de la Policía sin que haya una orden escrita son constitucionales.
En estos cinco años, los grupos de autodefensa que se formaron en ese y otros estados han sido cooptados, desmovilizados y varios de sus integrantes detenidos, con contadas excepciones. ¿Tomar las armas sirvió para cambiar algo?
La audiencia que puso cierre al 167 periodo de sesiones trató el indulto de Fujimori y en ella la comisionada de la CIDH, Margarette May Macaulay, dijo entender que las víctimas del expresidente peruano perciban su indulto como "una bofetada" propinada por el Estado.
El Gobierno mexicano participará este viernes en dos audiencias públicas del 167 periodo de sesiones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebra en Bogotá, en las que se tratarán los temas de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y de la Ley de Seguridad Interior.
Meade, del PRI, dijo que la ley es "un paso adelante". Darle continuidad a esta ley confirma la ausencia de autocrítica en el gobierno: se sigue creyendo que militarizar la lucha contra el narcotráfico es la manera más adecuada de frenar la violencia. En suma: la ratificación de un fracaso.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se siguieron sin esclarecer el paradero de 34.656 personas, aunque la cifra real es más alta, porque se excluyeron casos clasificados como delitos de otro tipo, como secuestros o tráfico de personas, apuntó AI.
Estas listas fueron la esencia de un importante debate, resuelto esta semana en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un debate sobre la legalidad y, más aún, la constitucionalidad de la norma que las ampara, un artículo del Código Fiscal de la Federación.
Pero la diferencia más importante es que, en contraste con lo ocurrido hace 11 años, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó su fallida operación anticrimen, ahora no participan ni el ejército y ni la marina, cuyo rol ha sido cuestionado enfáticamente por organizaciones humanitarias.
El Gobierno mexicano negó hoy que haya condiciones para retirar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, al presentar los resultados del despliegue de policías federales en puntos conflictivos del país desde el pasado lunes.
El gobierno mexicano vuelve a la carga para lanzar una nueva ofensiva contra el crimen, más afinada y precisa que la de 2006, en las ciudades más violentas del país, mediante el despliegue de unos 5,000 efectivos.
La mayoría de los efectivos han sido desplegados en Tijuana, fronteriza con la estadounidense San Diego, y el corredor que une el resort de Los Cabos con La Paz, en el Estado de Baja California Sur que, junto a Cancún, son los destinos turísticos mexicanos que atraen a más extranjeros.
El secretario mexicano de Gobernación, Alfonso Navarrete, informó hoy que más 5,000 integrantes de las fuerzas federales fueron desplegados desde el lunes en distintos puntos conflictivos del país para disminuir los niveles de violencia, sin la participación del Ejército ni la Marina.
"En los artículos mencionados se establece la obligación de proporcionar la información que genere la CDHDF, administre o tenga en posesión", criticó la presidenta, quien alertó que ello puede poner en riesgo a víctimas de vulneraciones de derechos humanos.
