Un retraso de meses en la tramitación de permisos laborales está complicando los esfuerzos del Gobierno estadounidense para ayudar a ciudades como Nueva York a hacer frente a una afluencia de inmigrantes indocumentados y aliviar la escasez de trabajadores.
Los venezolanos fueron la nacionalidad más arrestada por cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos, superando a los mexicanos por primera vez desde que se llevan registros. Las cifras muestran también que septiembre fue el segundo mes con mayor número de arrestos de todas las nacionalidades.
Patricia Andrade, una de las fundadoras de la organización de asistencia humanitaria Venezuelan Roots, en Miami, se mostró incrédula ante la posibilidad de la deportación de venezolanos a gran escala, tomando en cuenta que miles de migrantes llegan a diario a la frontera sur.
Y añadió que la migración fuera del país en los últimos años "es consecuencia directa de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo a nuestra economía que se nos ha infringido de manera ilegal y contraria al derecho internacional".
Defensores de inmigrantes han criticado al alcalde por este viaje, señalando que debería centrarse en manejar la crisis migratoria en la ciudad y no viajar al extranjero, lo que costará dólares a los contribuyentes y es poco probable que produzca soluciones reales a la crisis migratoria.
De acuerdo con el alcalde Eric Adams, el flujo de emigrantes a la ciudad la enfrenta a un déficit de 12,000 millones de dólares, y aunque ha pedido al tribunal que deje sin efecto la obligación de la ciudad de dar albergue, el tribunal aún no ha contestado.
El gobierno del presidente Joe Biden previsiblemente mantendrá el límite de refugiados admitidos por el país en 125,000 para el próximo año fiscal, el cual inicia el domingo.
En ausencia de una reforma migratoria, la administración ha implementado un mosaico de políticas para tratar de detener el flujo de migrantes que viajan hacia la frontera sur de Estados Unidos en medio de una migración masiva sin precedentes en el hemisferio occidental.
esde el estrado de la Casa Blanca, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, presentó en mayo las nuevas vías legales de entrada al país para venezolanos y otros migrantes, además de ofrecer un mensaje “muy claro” para quienes lo hiciesen de forma ilegal.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció que la decisión de otorgar el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) a los afganos que llegaron al país después del 15 de marzo de 2022 y antes del 20 de septiembre de 2023 abarcaría a aproximadamente 14,600 personas.
“Está impactando negativamente las vidas de nuestros familiares y amigos, muchos de los cuales están ya abandonado la Florida porque tienen miedo, dejando a muchos niños en el centro de la Florida, preguntando a sus padres porque sus amigos se fueron súbitamente”, dijo Mendez-Zamora.
Actualmente hay más de 400,000 personas, procedentes de 16 países, amparadas por TPS. Según el grupo proinmigrante Immigration Forum, entre ellas hay 251.567 salvadoreños, 80.709 hondureños y 4.526 nicaragüenses. Además, hasta 323,000 venezolanos podrían obtener esa protección migratoria.
"¿Hasta cuando vamos a seguir así? Es un sabor agridulce que lo hayan extendido automáticamente otra vez", lamentó la hondureña Perla Canales, resumiendo así el sentir general de sus compatriotas y migrantes de otros países centroamericanos que están en EU
Estados Unidos extenderá una medida de alivio a las deportaciones y los permisos de trabajo para más de 300,000 inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, dijo el martes el Departamento de Seguridad Nacional del país (DHS).
Carmen Sánchez, también de El Salvador, no tiene hijos, pero lleva 23 años en EU y no quiere regresar: "Si volviera a mi país no tendría dónde trabajar y no tendría cómo sustentar a mi familia, tengo a tres muchachos a los que estoy sacando adelante" en El Salvador.
El Título 42, una polémica normativa sanitaria impuesta por el Gobierno de Donald Trump (2017-2021) y mantenida por la actual Administración, permite que los migrantes de ciertas nacionalidades que lleguen a la frontera sean expulsados a México, sin darles ocasión de solicitar asilo.
Estos indocumentados, señaló Judith Montenegro, directora del programa Latinos en el Sur, actualmente no califican para recibir cobertura de los seguros de salud bajo la Ley de Cuidado Asequible de la Salud -conocida como Obamacare- y no pueden obtener créditos impositivos.
Actualmente, EU tiene TPS para nacionales de 15 países del mundo y se calcula que unas 400,000 personas se benefician de estos programas, entre los cuales están unos 65,000 nicaragüenses a los que en noviembre del año pasado se les concedió una extensión hasta junio de 2024.
Las deportaciones hacia Haití parecen haber disminuido a medida que las condiciones se han deteriorado en el país caribeño. Witness at the Border, un grupo que lleva registro de las deportaciones, señaló el lunes que el gobierno no ha realizado vuelos de deportación a Haití desde el 6 de septiembre
Activistas a favor de los inmigrantes llevan años pidiendo al Congreso estadounidense que apruebe una reforma migratoria que incluya a los beneficiarios del TPS, quienes piden una residencia permanente en lugar de un estatus temporal que debe extenderse cada varios meses.
