Las conmemoraciones por el primer aniversario del asesinato de Javier Valdez, reconocido periodista especializado en narcotráfico, se vieron empañadas hoy por un nuevo homicidio contra un reportero, lo que incrementa la sensación de impunidad y de falta de protección de los informadores en México.
Los obispos mexicanos denunciaron la "corrupción, impunidad e ilegalidad" que generan más de 11 años de violencia rampante, así como "el robo, la opacidad y el despilfarro" que se registran en el país, a mes y medio de las presidenciales del 1 de julio.
Para la periodista mexicana Alma Guillermoprieto, galardonada ayer con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, los reporteros que trabajan en las provincias de su país deben afrontar un dilema: hacer un arreglo con los narcotraficantes o que los maten.
Organizaciones de derechos humanos y el Gobierno mexicano condenaron y lamentaron hoy la noticia de que los tres estudiantes de cine desaparecidos en el estado de Jalisco hace poco más de un mes, fueron asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido.
El gobernador del estado mexicano de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo hoy confiar que el caso del exgobernador Tomás Yarrington, extraditado de Italia a Estados Unidos por tráfico de drogas, fraude y blanqueo de capitales, se convierta en un "precedente ejemplar".
Los vecinos que observaron la maniobra acudieron en masa y bloquearon el camión y tomaron como rehenes a cuatro personas y las entregaron a la policía, pero luego al menos 300 personas regresaron más tarde y sacaron a los ladrones de la cárcel local y le prendieron fuego.
Con 1.986 agresiones y 41 asesinatos a periodistas, el Gobierno del presidente mexicano, Peña Nieto, es el más violento para la prensa, y a ello se suma la pérdida de libertad de expresión, la impunidad sobre los crímenes, la censura y el uso excesivo de publicidad oficial, resaltó hoy Artículo 19.
"El proceso ha sido marcado no solo por la falta de voluntad política de investigar debidamente, sino también por las acciones violatorias del Estado mexicano para alejar la justicia y la verdad acerca de lo ocurrido", cita la organización con sede regional en Costa Rica.
El informe de la ONU que denuncia que al menos 34 detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron torturados expone el "uso generalizado" de esta práctica en México, así como la manipulación de pruebas, señaló hoy Amnistía Internacional
Los ministros que integran el máximo órgano de justicia aprobaron por mayoría de votos que las revisiones a personas y vehículos por parte de agentes de la Policía sin que haya una orden escrita son constitucionales.
Un país donde la desconfianza de los ciudadanos hacia esos policías y esos jueces sigue creciendo hasta el punto de que menos del 1% de los delitos son denunciados, y apenas el 3% de las investigaciones policiales acaban en sentencia.
El pacto de impunidad era simple. El narco financiaba las campañas de los políticos y los recién electos alcaldes no se metían con los criminales, además de que les pagaban derecho de piso. Esta es la acusación contra 11 ediles del Estado mexicano de Morelos.
"Con una tasa de 111,33 homicidios por cada 100,000 habitantes, en 2017 la mexicana Los Cabos (en el noroccidental estado de Baja California Sur) fue la ciudad más violenta del mundo e ingresó por primera vez al ránking", indicó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
La inseguridad, la violencia y la impunidad que se viven con especial gravedad en algunas regiones de México, son expresión clara de que el Estado ha fracasado en su función básica de proteger la vida, la integridad y los bienes de los habitantes, dijo hoy el ombudsman nacional, Luis Raúl González.
Tras las evidencias de que la tecnología había sido usada de manera mucho más amplia, las autoridades mexicanas enviaron una lista de preguntas a las agencias policiales y de investigación estadounidenses para mostrar que se estaban tomando en serio la indagatoria.
Como parte del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto hasta el pasado mes de noviembre, Meade reconoció los avances y progresos del país, las contribuciones fundamentales y el liderazgo del actual presidente, pero al mismo tiempo subrayó "el desaliento y enojo de mucho mexicanos".
Pese a que el Gobierno mexicano le solicitó a Estados Unidos la extradición del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, quien se presume que está en El Paso, el servicio policial del U.S. Marshals no tiene orden para arrestarlo.
Fueron 87 casos del fuero común y 58 federales en los que se indagó la participación de oficiales del Estado en la desaparición de personas, de acuerdo con documentos oficiales de la Fiscalía General del Estado y de la Procuraduría General de la República (fiscalía nacional).
En este reporte los investigadores citan los registros de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que revelan que, entre 2011 y 2016, al menos 106,000 armas fabricadas en Estados Unidos estuvieron vinculadas con actividades delictivas en México.
Pero la diferencia más importante es que, en contraste con lo ocurrido hace 11 años, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó su fallida operación anticrimen, ahora no participan ni el ejército y ni la marina, cuyo rol ha sido cuestionado enfáticamente por organizaciones humanitarias.
