El gobierno estadounidense empezará a partir del jueves a negar el asilo a los migrantes que lleguen a la frontera entre Estados Unidos y México sin haber presentado su solicitud primero por internet o que no hayan buscaron primero la protección de uno de los países por los que hayan pasado.
El lunes, la gobernadora de Arizona Katie Hobbs hizo un llamado para que la Casa Blanca ponga más fondos a disposición de las comunidades fronterizas, y presente un plan satisfactorio para lidiar con cualquier incremento de migrantes. Al igual que Biden, Hobbs es demócrata.
Precisamente, este martes el Departamento del Tesoro ha anunciado la imposición de nuevas sanciones contra uno de los hijos del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, tres miembros más del cártel de Sinaloa y dos empresas más por su papel en el tráfico de droga hacia Estados Unidos.
En la sureña ciudad de Tapachula, muy cerca del límite con Guatemala, unas 3,000 personas abarrotaban este lunes unas improvisadas oficinas instaladas desde hace unos meses en un parque para otorgar permisos de tránsito por México.
Es un mensaje que las autoridades federales han estado repitiendo. Pero compiten contra una poderosa red de tráfico de personas que facilita la migración hacia el norte y saca provecho de la desesperación de los migrantes, que sienten que no tienen otra opción.
Una regla de salud pública de emergencia ha permitido a los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden expulsar rápidamente a los migrantes y bloquear la mayor parte del acceso al asilo en la frontera desde marzo de 2020, cuando la pandemia de coronavirus se ponía en marcha.
De noche, sobre el asfalto de Brownsville en Texas, migrantes buscan un lugar cómodo para pernoctar. Han cruzado la frontera desde México, adelantándose a un anunciado cambio en las regulaciones estadounidenses que podría complicar a los que vienen detrás.
El presidente Joe Biden podría vetar una propuesta de los republicanos en la Cámara de Representantes que restringiría el asilo, construiría más secciones del muro fronterizo y reduciría un programa que permite a migrantes permanecer en el país legalmente por dos años, dijo una fuente oficial.
Así se celebró en los límites del Río Bravo, cerca del Museo Casa de Adobe de la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, la décima edición del evento conocido como “Abrazos, no muros” organizado por grupos humanitarios que prestan apoyo a los migrantes y las autoridades mexicanas y estadounidenses.
Washington anunció que el 11 de mayo dejará de aplicar el Título 42, una política de la era Trump, en vigor desde marzo de 2020, que permite a las autoridades de esa nación expulsar de forma inmediata a México y a otras naciones a migrantes que ingresen de forma irregular al país o busquen asilo.
"La política de puertas abiertas que Biden ha implantado está causando sufrimiento y muerte cada día. (...) No piensan arreglarlo. No pretenden acabar con los cárteles, ni asegurar la frontera, ni detener a los narcotraficantes", consideró Cruz, representante del estado fronterizo de Texas.
En una audiencia ante un comité del Congreso este mes, el director interino de la CBP, Troy Miller, señaló que se espera que el número de cruces irregulares en la frontera aumente a 10,000 al día una vez se suspenda la normativa.
Autoridades estadounidenses y mexicanas acordaron nuevas políticas migratorias diseñadas para detener los cruces ilegales de frontera y abrir otras vías para el esperado incremento de migrantes que intentan hacer el viaje tras el final de las restricciones de la pandemia la próxima semana.
Estados Unidos, continuó Ebrard, mostró su preocupación por el aumento de los flujos de personas procedentes de Venezuela y otros países que están llegando a su frontera sur, además de ofrecer respuesta a las demandas de México para que haya un camino regulado.
"La militarización de la frontera de la Administración de (Joe) Biden es inaceptable", dijo el demócrata en un comunicado en el que argumenta que mandar a militares a la zona solo servirá para dar a entender que las personas migrantes son una amenaza.
El presidente Joe Biden eliminó el procesamiento expedito de solicitudes de asilo durante su primer mes de gobierno como parte de su labor para desechar las políticas fronterizas de su predecesor, entre las cuales se incluía la construcción de un muro con México.
El titular de la agencia migratoria mexicana, Francisco Garduño, quedó el domingo bajo proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público y omisión de obligaciones que habrían derivado en la muerte de 40 migrantes durante el incendio de marzo en un centro de detención de Ciudad Juárez.
“La pregunta es: ¿cómo vamos a instalar estos centros de procesamiento? ¿Cuáles son las entidades que estarán ahí para asegurarse de que se procese a una persona de forma adecuada? ¿Que vamos a hacer para que los terceros países acepten a estos individuos y garantizar que estén a salvo?”.
Las extranjeras, algunas tapándose la nariz y la boca por el humo, desalojaron corriendo el lugar. En sus declaraciones oficiales, mencionaron haber escuchado gritos procedentes del lado de los hombres, algunos pidiendo agua, y voces preguntando dónde estaban las llaves de la celda.
Un pequeño grupo de extranjeros prendieron fuego una colchoneta en señal de protesta y en cuestión de segundos el humo se extendió por el dormitorio donde 68 hombres estaban encerrados sin que ningún guardia abriera la celda para liberarlos, según quedó constatado por las cámaras de seguridad.
