En una de las fotos, el cayuco aparece en la orilla al anochecer, ya sin restos, como la única prueba física de las jóvenes vidas perdidas. En otra, una mano protegida por un guante de látex examina los preciados celulares de unos hombres que no realizarán más llamadas ni consultarán más mensajes.
Durante el año y medio siguientes, la AP siguió los pasos de Alassane y descubrió, a través de un celular hallado en Tobago, que había embarcado en ese cayuco. Su tía reconoció entonces una prenda de ropa que llevaba uno de los cadáveres recuperados en la embarcación.
Las constantes fallas de la aplicación "CBP One", que Estados Unidos habilitó para que migrantes gestionen su cita para asilo, causan desesperación entre migrantes en la frontera norte de México, donde ahora suelen saltar al río Bravo para urgir una solución.
La condena de "los culpables" de un incendio en el centro del Instituto Nacional de Migración, en la frontera de México con Estados Unidos, que mató a 40 migrantes dejará un "precedente importante", según dijo la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de la Cancillería de El Salvador.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó este miércoles que "va a esperar" antes de tomar decisiones la investigación penal de la Fiscalía General de la República contra el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por el incendio que mató a 40 migrantes.
Cada año, cientos, si no miles, de migrantes de África Occidental desaparecen intentando llegar a las Islas Canarias y, según creían, a una vida mejor en Europa. Se desconoce la cifra real de fallecidos y muchas de las embarcaciones y sus ocupantes no vuelven a ser vistos.
La funcionaria estadounidense insistió en que es "responsabilidad" de Estados Unidos el acudir en apoyo de esos países al sur del Darién, como Colombia, pero también Ecuador o Perú, "que están haciendo todo lo posible para absorber a estas poblaciones" de migrantes.
“Estaba haciendo fila, nos dijeron entre los mismos migrantes que podríamos cruzar, entonces vine aquí con mi nieta para ver si era cierto esto", dijo a EFE Magaly Figuera, una migrante originaria de Venezuela y quien acudió al lugar con la esperanza de que la información dispersada fuera cierta
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que las autoridades de El Salvador “tienen razón” en pedir la renuncia de funcionarios del Instituto Nacional de Migración tras la muerte de 40 personas en una estancia de migrantes en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.
Mientras avanzan las investigaciones que, según el gobierno federal, analizarán toda la cadena de responsabilidades, y crecen los reclamos que exigen al gobierno cambios en su política migratoria, en Ciudad Juárez continúan las labores de identificación de los fallecidos.
“Hay casos, como con los hermanos de Venezuela, en los que no hay acciones concretas. Nos preocupa que el Consulado de Venezuela no haga presencia y el Gobierno federal no tenga presencia clara para ellos", afirmó el padre Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante de Juárez.
El Instituto Nacional de Migración (INM) otorgó 2.320 tarjetas por razones humanitarias al mismo número de migrantes, que se encontraban desde hacía semanas acampando en las inmediaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en el centro de la capital.
Dos veinteañeros ilusionados parten de pueblos latinoamericanos lastrados por la marginación, en busca de un "sueño americano" que termina asfixiado por la cruda realidad de la frontera entre México y Estados Unidos.
No es la primera vez que un centro de detención del INM es el foco de una tragedia. Además de las denuncias de hacinamiento, insalubridad y violaciones de derechos humanos, en los últimos años ocurrieron dos casos similares, en los estados de Tabasco y Coahuila, en los que solo hubo un muerto.
En su intervención del año pasado ante la Asamblea General de la ONU, Petro planteó un nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico al pedir que se acabe la guerra contra las drogas, a la que calificó como "irracional", al tiempo que convocó a América Latina a unirse en ese propósito.
En Ciudad Juárez, una urbe de 1.5 millones de habitantes que alberga 25,000 migrantes, los crecientes grupos de recién llegados, que enfrentan una espera indeterminada, han desatado un acalorado debate. El mortal incendio y el revuelo que trajo consigo han caldeado aún más la ya tensa situación.
Este jueves, las autoridades mexicanas afirmaron que habían arrestado a cinco personas por su participación en el incendio en un centro de detención de migrantes de Ciudad Juárez que acabó con la vida de al menos 39 personas.
La última vez que Ana Marina López supo de su marido, el migrante guatemalteco de 51 años dijo a su familia que había sido detenido por agentes mexicanos de inmigración en la frontera entre México y Estados Unidos.
El alcalde dijo a la AP el miércoles que su oficina no había recibido ningún reporte de abuso o violación de los derechos de los migrantes que estaban en los centros de detención. Insistió en desligar su administración de cualquier tipo de responsabilidad respecto de lo sucedido.
Antes del incidente, los agentes migratorios habían hecho un operativo para retirar de las calles a migrantes que piden limosna cuya presencia se ha intensificado desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas restrictivas para personas de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba.
