Mumia Abu Jamal, uno de los presos políticos estadunidenses más reconocido en el mundo, dejó el corredor de la muerte de Pensylvania después de más de 30 años de pasar cada uno de sus días condenado a una ejecución producto de una proceso jurídico plagado de irregularidades.
Hasta la fecha, más de 120 inculpados han desfilado ante la justicia, pero no se ha incluido a ningún alto servidor público por la autoría intelectual de ese crimen, ni se ha realizado el deslinde de responsabilidades.
Tras revisar un recurso interpuesto por el Partido Acción Nacional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló ayer los comicios para presidente municipal de Morelia, Michoacán, celebrada el pasado 13 de noviembre.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos encontró al juez Joe Arpaio, sheriff del condado de Maricopa en el estado de Arizona, culpable de diversos delitos que ameritarían su remoción inmediata. Ya era tiempo que las autoridades federales tomaran nota de la violación sistemática.
Según información obtenida por La Jornada, diversos ex funcionarios mexicanos de distinto nivel en materia de seguridad e inteligencia han sido contratados como informantes por la dependencia estadunidense de combate a las drogas.
Un nuevo reto tienen ante sí las comisiones nacional y estatales de derechos humanos en nuestro país con motivo de la reciente reforma constitucional al artículo 102, apartado B: incluir en su quehacer la protección de los derechos humanos laborales, tarea nada fácil.
Esto, de forma visionaria, es de gran trascendencia jurídica y social para futuras actuaciones jurisdiccionales, en las que también participen personas u organizaciones distintas a las directamente concernidas en un juicio. Recapitulemos un poco los acontecimientos.
La placa colocada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua reza claramente: "Aquí cayó asesinada el 16 de diciembre de 2010 Marisela Escobedo, por denunciar el feminicidio de su hija Rubí". Placa que había sido quitada una y otra vez.
En una decisión que causa sorpresa, el pasado 16 de noviembre el Info-DF resolvió que la exhibición en medios de algunos datos de supuestos delincuentes por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, como nombre, fotografía, alias y, eventualmente, la voz.
El Congreso tiene que legislar sobre dos temas: la interpretación de la ley y la responsabilidad de los jueces. No se ha hecho y, conforme al sistema actual, con esgrimir cualquier argumento, aunque sea un verdadero sofisma, se puede incluso derogar la Constitución.
Derecho de información y libertad de expresión no son aperturas a la algarabía y el ruido, a la convivencia en Babel. Al contrario. Introducen orden y criterios democráticos en sistemas que tienden "naturalmente" al ruido incoherente y homogeneizador.
La soberanía se defiende ejerciéndola. El paso audaz tendría que partir de un presidente de México, sin que importe su ideología. Habría podido darlo Vicente Fox, por ejemplo, si hubiese tenido mínima madera de estadista, o Miguel de la Madrid, si no hubiera desempeñado el cargo tan pusilánime.
El artículo 97 de la Constitución establecía la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación investigara las violaciones graves a las garantías individuales. La Corte no había sido demasiado proclive a asumir estas investigaciones.
El Congreso del estado de México, con un solo voto en contra, aprobó la cadena perpetua para algunos delitos graves, inscribiéndose así en un proceso que lleva ya al menos las tres últimas décadas, de aumentos a los años de cárcel, con la razón de que de esa manera se disuade a los delincuentes.
Más allá de la responsabilidad de los militares que han violado de manera flagrante e impune los derechos humanos de cientos de connacionales �como acaba de ratificar el reciente informe de Human Rights Watch�, la responsabilidad mayor recae en el comandante en jefe de las fuerzas armadas.
A una década de la contrarreforma indígena encontramos malas cuentas en materia de justiciabilidad y en el caso de la Suprema Corte de Justicia, a través de sus resoluciones, se muestra una proclividad hacia el enfoque de derechos individuales, en especial el caso del traductor.
En la tierra que popularizó el término feminicidio, los crímenes de mujeres, jóvenes y niñas no cesan. En el mar de la guerra no declarada que vive México, las olas de la violencia de género se perfilan como tsunami que no provoca alarma entre las instituciones encargadas de procurar justicia.
Comenzaré por el bárbaro linchamiento y asesinato de Muammar Kadafi una vez capturado en descarada violación de la Convención de Ginebra, expuestos sus restos en un circo macabro que vulnera la ley islámica.
La muerte, el asesinato, de Muammar Kadafi, a manos, seguramente, de los insurgentes, su pueblo, abre, si se quiere, muchas interrogantes. Si no se desea, no abre nada. Entre abrir y no abrir queda la palabra justicia.
Si es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó en el año 2000 publicar como jurisprudencia la tesis aislada del año 1996, en la que considera que las fuerzas armadas pueden actuar, pero, otra vez, ¡ojo!, "en auxilio de las autoridades civiles.
El próximo 21 de octubre arrancará la realización del Tribunal Permanente de los Pueblos en México. En él se juzgará la violación a los derechos humanos en México. Culminará a finales de 2013 o principios de 2014. Buscará evitar que sus trabajos sean utilizados con fines electorales.
La reciente asonada contra la libertad de las mujeres y contra su vida cobra nueva vigencia. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -SCJN- de aprobar las leyes antiaborto de Baja California no proviene del azar, sino de una política planeada.
Ante esto, la Procuraduría de Derechos Humanos y de Protección Ciudadana del Estado de Baja California interpuso en 2009 un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la Constitución reformada en esa entidad, por considerarlo lesivo a los derechos de las mujeres.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló finalmente los cambios al artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí, en los que se criminaliza a la mujer que pasa por la dramática situación de verse obligada a interrumpir un embarazo.
Cuatro de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimaron ayer el dictamen elaborado por su colega Fernando Franco que proponía invalidar el precepto de la Constitución de Baja California que define la vida humana "desde el momento de la concepción".
La SCJN debate dos recursos de inconstitucionalidad de las reformas legales realizadas en Baja California y San Luis Potosí para definir la vida "desde el momento de la concepción" e impedir así cualquier intento de despenalización del aborto, la píldora del día siguiente y la fecundación in vitro.
Los juicios orales tampoco son ninguna novedad, pero si lo fueran no serían por sí mismos garantía alguna de mejoramiento del sistema; ya se vio en el caso de un juicio oral en el estado de Chihuahua, en el que se liberó al autor de un homicidio.
Hoy, no es sólo la justicia, sino la idea de la justicia lo que está bajo ataque. El asalto contra los sectores vulnerables, frágiles, de la sociedad es tan plena, tan cruel y tan inteligente que su mera audacia ha erosionado nuestra definición de la justicia.
La anulación por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de las nuevas disposiciones en materia de transmisión de espots electorales deja al Instituto Federal Electoral en estado de extrema vulnerabilidad ante los embates mediáticos presentes y futuros.
Al hablar acerca del problema de las drogas, la testarudez de la mayoría de los gobiernos del mundo es inmensa. No por serendipia, no por decreto, no por copiar modelos económicos. La razón es otra: los gobiernos están dirigidos por políticos.
Todo el peso de la ley a los ejecutores de crímenes de sangre relacionados con la delincuencia organizada, y a sus jefes directos, en caso de que éstos no cuenten con la documentación correspondiente a la gente honorable.
El tráfico de seres humanos constituye hoy una de las conductas más deleznables que difícilmente pueden ser consideradas por cualquier sociedad. En México, esta vergonzosa y lacerante forma de actividad de explotación fue condenada y abolida como concepto por Miguel Hidalgo y Costilla.
De pronto, territorios clave de los poderes estatales priístas comprometidos con el financiamiento y el apoyo electoral de la opción Peña Nieto han acabado coincidiendo en términos de violencia y pánico con el discurso del gobierno felipista.
El otorgamiento de contratos para la explotación petrolera a empresas privadas en México es una flagrante violación a la Constitución y a las leyes en la materia. En los hechos se han concesionado 312 kilómetros cuadrados del territorio nacional a empresas extranjeras y nacionales privadas.
El principio de inviolabilidad del domicilio está previsto en el artículo 16 de nuestra Constitución, el cual establece que "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente".
