William Brownfield confirmó lo que ya se había filtrado: a) que recursos de la Iniciativa Mérida serían canalizados directamente a estados y municipios; b) que se les entregarían a éstos directamente equipamiento militar y "otros bienes y servicios".
La sala segunda del máximo tribunal reconoció a los concesionarios de redes públicas el derecho a inconformarse con acuerdos de la CFC por los cuales la SCT y la Comisión Federal de Telecomunicaciones les pueden obligar a cambiar tarifas, entre otros aspectos.
¿Por qué nos quitan nuestras tierras para dárselas al rico? Se pregunta una señora de edad avanzada, integrante de una de las 70 familias que el 13 de agosto de 2009 fueron desalojadas con violencia del pueblo de San Antonio Ebulá, en Campeche.
Como resultado de años de trabajo y de la acción decidida de diversas organizaciones civiles que forman parte del OCNF, así como de la voluntad mostrada por el gobierno, el TSJ y la ALDF, esta ciudad cuenta con un tipo penal autónomo que sanciona el delito de feminicidio.
En 1968 el artista estadunidense Andy Warhol dijo que "en un futuro todo el mundo podrá tener 15 minutos de fama". El artista no se refería necesariamente a que todos fueran a realizar acciones dignas de reconocimiento, sino al avance en los medios de comunicación.
El pasado martes, en una ceremonia de graduación de cadetes de la Heroica Escuela Naval, en presencia del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, el secretario de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, arremetió contra organizaciones defensoras de derechos humanos.
Ese toque de queda no declarado marca límites y orienta el comportamiento. En una variedad de esferas, sin embargo, no hay siquiera toques de queda que delimiten lo que podemos o no hacer.
Con gran revuelo se recibió la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el fuero de guerra. Se emitió en un momento crucial, cuando el Ejército y la Armada están en el ojo del huracán.
De enorme trascendencia resulta la decisión de la SCJN de pronunciarse por la restricción del fuero militar frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles. Sin embargo, aún se requiere que los poderes Legislativo y Ejecutivo promuevan lo conducente.
La Suprema Corte de Justicia resolvió que, cuando un integrante de las fuerzas armadas incurra en una violación de derechos humanos, será juzgado por tribunales comunes y no por jueces del aún subsistente fuero militar o fuero de guerra.
Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido calificadas con justicia por las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos como de trascendencia histórica.
La liberación de Mariel Solís Martínez, alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México, acusada de complicidad en el asesinato de Salvador Rodríguez y Rodríguez �catedrático de esa casa de estudios�, ocurrido en agosto de 2009, es en sí misma una buena noticia.
Cuando Rosendo Radilla Pacheco decidió ponerse al frente de un grupo de campesinos guerrerenses para defender sus derechos, tenía muy claro lo que buscaba, la forma en que lo llevaría a cabo y es posible que hasta los costos que podía pagar.
Hacia el final de su sexenio, Felipe Calderón busca evadir la responsabilidad sobre los efectos de sus decisiones porque reitera que no se arrepiente de ellas. La más destacada de ellas es la relativa a la guerra emprendida para combatir al crimen organizado.
La libertad sindical es un factor clave para democratizar el país y aspecto necesario para la modernización del mundo del trabajo. Sin representación legítima de los trabajadores no existe negociación colectiva de las condiciones de trabajo.
El pasado 22 de mayo, alrededor de las 5 de la mañana, cuando sacaba de su casa el taxi con el que trabajaba, Luis Miguel Ipiña Doña, refugiado vasco naturalizado mexicano desde hace 26 años, fue detenido por cuatro agentes de la Policía Federal Ministerial.
El 11 de junio se publicó una nota con el encabezado "Procuradores quieren incluir arraigo en el fuero común". En ella se leía que en el contexto de la 25 "Conferencia Nacional de Procuración de Justicia", los fiscales del país acordaron impulsar la aplicación de la medida del arraigo.
El caso del nigeriano que falleció, entre otras causas, por los golpes que le asestaron un par de policías el 10 de mayo pasado, encierra una serie de incógnitas que no han sido despejadas, pero que no restan gravedad a la actuación policiaca ni al ejercicio de la justicia.
Conocí a un licenciado integrante de un tribunal, que presumía de su sapiencia jurídica diciendo: "a mí que me digan cómo quieren la resolución, absolviendo o condenando; yo me encargo de lo demás". Es decir, no importaba para él quién tuviera la razón o de qué lado estaba la justicia.
Mientras que la violencia del crimen organizado ya toca las goteras del DF o quizá por eso, se celebró en la antigua Escuela de Medicina, la conferencia internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, coincidieron en que los juicios orales no resolverán la inseguridad y el procurador local.
En México, como en otros países de América Latina, se ha abierto el debate acerca de la necesidad de tipificar el feminicidio como un delito autónomo, porque tiene características y especificidades que lo diferencian de otro tipo de homicidios.
El primero de marzo de 2008 escribí en estas páginas un artículo refiriéndome a la reforma constitucional en materia penal impulsada por Felipe Calderón. En él agradecía que los diputados hubieran retirado la propuesta para que la policía pudiera ingresar a domicilios sin orden judicial.
Un grupo numeroso de organizaciones civiles de derechos humanos, nacionales e internacionales, prepara una carta abierta a los miembros de la Mesa Directiva, a los coordinadores de los partidos políticos en la Cámara de Diputados.
Ciertamente, en su desempeño como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón ha exhibido aspectos oscuros, especialmente por sus excesos y atropellos en la persecución de medios y organizaciones independentistas vascas.
Los numerosos conflictos que viven los pueblos indígenas en defensa de sus territorios frente al asedio de las concesiones mineras nos plantean la reflexión en torno a la justiciabilidad del derecho indígena.
En México pareciera que la sociedad va por un lado y el aparato político por otro, muy diferente. En general, a juzgar por las diarias declaraciones de los políticos, vivimos un mundo "normal", con problemas, sí, pero controlables y atendidos.
A finales de febrero pasado, el jefe de Gobierno del Distrito Federal saludó la presencia de Eduardo Galeano en México. Aplausos: ¡eso es un presidenciable! Días después, Marcelo Ebrard distinguió a Mario Vargas Llosa. Aplausos: ¡eso es un presidenciable!.
La maestra Elvia Zúñiga Lázaro fue asesinada el pasado 9 de octubre. Se encontraba en su domicilio cuando Noé Daniel Tovar Galván, de 20 años, le propinó 34 puñaladas. Drogado, el asesino fue aprehendido tras de huir por la azotea.
Pocos crímenes gozan de un rechazo social tan fuerte como el abuso sexual de menores. A pesar de esto, lamentablemente nos encontramos con casos en los que el Estado mexicano no ha podido garantizar justicia para las víctimas.
El documentalista Juan Manuel Sepúlveda, citado en extenso por Julio Hernández López en Astillero, parece no darse cuenta de las barbaridades que dice. Afirma, por ejemplo, que detrás del documental Presunto culpable "se esconde una obra que recurre a los mismos vicios del sistema al que denuncia".
En un país donde muchas cosas se presumen, se suponen, se sospechan, la película Presunto culpable es la crónica de un crimen y el retrato hablado de los laberintos más oscuros de nuestro sistema judicial.
Sin duda este país requiere un cambio profundo y una de sus señales estará dada cuando el Estado se reforme para dar cabida a los derechos indígenas en serio. Vivimos en la contradicción entre mandar al diablo a las instituciones o insistir en que éstas deben cambiar.
Ya se ha hecho común que en casos judiciales notorios por algún concepto, sean algunos medios de comunicación los que, en procedimiento sumarísimo y sin formalidad alguna, tomen la justicia por propia mano y dicten sentencias.
Luego de un largo proceso legislativo, al que me referí con detalle en las colaboraciones del 16 de enero, el Senado aprobó por fin el pasado martes en lo general y particular el proyecto de decreto que modifica la denominación del capítulo I del título primero de la Constitución.
El autor de la presente columna, ya casi terminada su entrega de hoy, prefirió hacer a un lado las elucubraciones y puntualizaciones que le generó el nuevo episodio de la telenovela judicial de Presunto culpable, una censura exprés con pago de rescate en taquilla.
