Las autoridades estatales del centro-norte de México buscaban el jueves por tierra y aire a más de 20 personas que viajaban en dos camionetas y que fueron denunciadas como desaparecidas a su paso por el estado de San Luis Potosí, pero en esas labores se localizó a otras 51 supuestas víctimas.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el lunes que México es más seguro que Estados Unidos, una semana después de que dos ciudadanos estadounidenses fueran asesinados y otros dos secuestrados fueran, posteriormente, rescatados en la ciudad fronteriza de Matamoros.
El caos que se desarrolló en la ajetreada intersección de tres vías en la zona centro de Matamoros, podría haberse recordado solo como un acto de violencia angustiosamente común en una ciudad fronteriza agobiada por la violencia. Excepto que en esta ocasión las víctimas eran estadounidenses.
“A principios de este año empiezo a recibir reportes de que el mismo grupo que controlaba la plaza como que empieza a tener comportamientos mucho más de extorsión”, añadió la investigadora que trabajó en la Universidad de Texas-Brownsville, justo al otro lado del Río Grande de Matamoros.
Un viaje por carretera a México para someterse a una operación de cirugía estética acabó con dos estadounidenses muertos y otros dos encontrados vivos en una zona rural cercana a la costa del Golfo tras un violento tiroteo y secuestro que fue grabado en vídeo, informaron autoridades el martes.
El gobernador del estado mexicano de Tamaulipas, Américo Villarreal, informó el martes que fueron localizados los cuatro estadounidenses reportados por el FBI como secuestrados.
El Departamento de Estado mantiene desde hace años una alerta máxima para que los estadounidenses no viajen a la zona pero es habitual que habitantes de las poblaciones fronterizas crucen a México para hacer compras, ir a consultas médicas -que son más baratas- o visitar a familiares.
“Hemos señalado que la militarización es preocupante para las violaciones a derechos humanos porque no es una política efectiva de seguridad y porque desbalancea las relaciones cívico-militares”, dijo Aguirre, y añadió que, además, se ha demostrado que el Ejército no es una institución fiable.
Aunque es una mujer de recursos modestos, ha atravesado México, presentó una demanda contra el gobierno, se reunió con funcionarios de las Naciones Unidas e incluso abrazó al papa, todo para cumplir una misión: reunirse con sus cuatro hijos desaparecidos.
Los buscadores, y los policías que a veces los acompañan, usualmente se enfocan en encontrar fosas e identificar restos humanos. Los colectivos a veces reciben pistas sobre dónde fueron enterradas las víctimas, información que probablemente solo conocen los asesinos y sus cómplices.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentó esta semana una nueva denuncia contra México en la Corte Penal Internacional de La Haya por las desapariciones forzadas ocurridas en el estado de Veracruz, en el golfo de México, entre los años 2010 y 2016.
Otra madre que buscaba a su hija desaparecida ha perdido la vida en México, en el cuarto asesinato de activistas voluntarios de búsqueda en el país desde el inicio de 2021.
Manki Lugo ya no recuerda cuántos cadáveres ha encontrado en los siete años desde que inició la búsqueda de su hijo en el norte de México. Lo que no puede olvidar son los momentos en los que sus esperanzas se vieron frustradas y no fue, una vez más, Juan.
Una vez que creen que encontraron una fosa, los buscadores suelen llamar a la policía, en buena medida porque a menudo las autoridades se rehúsan a realizar el lento pero crucial proceso de análisis de ADN a menos que los restos sean exhumados por profesionales.
El Comité también instó a las autoridades a que reconozcan todas las formas de responsabilidad del Estado, ya sea por acción directa o por complicidad u omisión en las desapariciones efectuadas por el crimen organizado, que es el principal perpetrador.
El Gobierno de López Obrador presumió sus políticas contra la inseguridad. Los bloqueos carreteros, incendios a locales y asesinato de civiles inocentes al azar en cinco Estados del país obligaron a las autoridades a dar explicaciones sobre la capacidad del narco de poner en jaque a la ciudadanía.
Cansado, cada vez más encorvado en su silla y con la cabeza entre sus manos. Así recibió Jesús Murillo Karam la noticia de ser el primer ex procurador general de México en ser procesado por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos...
Un periodista independiente fue encontrado muerto en el norte de México en medio de una escalada de la violencia contra la prensa, en la que 13 comunicadores han sido asesinados en el país en lo que va del año, el más mortífero en la historia reciente para la profesión.
Las autoridades han encontrado las osamentas de 23 personas en una región pantanosa del occidente de México entre Michoacán y Jalisco, dos estados donde algunos de los mayores cárteles del narcotráfico del país libran una intensa lucha por el territorio.
Tras conocerse que las víctimas habían superado las 100,000, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que agrupa a unos 60 colectivos de búsqueda, exigió igualmente a López Obrador hacer de esta crisis una "prioridad decidida de su gobierno" y no delegarla, según un comunicado.
