Los grupos del crimen organizado se han infiltrado con frecuencia en los cuerpos de seguridad mexicanos, sobre todo en las corporaciones locales, mediante sobornos o intimidaciones para poder actuar con impunidad en sus territorios.
El despacho precisó que logró el congelamiento de 1,770 cuentas bancarias de personas, 167 de empresas y dos fideicomisos ligados al CJNG. La UIF no reveló el monto de las cuentas congeladas pero dijo que analizó miles de transacciones inusuales por más de 1,000 millones de dólares.
El capo del narcotráfico Rafael Caro Quintero, quien está en la lista de los más buscados del FBI por el asesinato de un agente federal ocurrido hace más de tres décadas, señaló en un recurso formal que no tiene dinero, que es demasiado viejo para trabajar y no tiene una pensión.
Otro de los operadores detectados recibió, a través de su esposa, recursos de una empresa establecida en el estado de Jalisco que había expedido 58 cheques que se cobraron en efectivo por más de 12 millones de pesos
Otro año y otro total de homicidios nunca visto en la historia moderna de México, que sigue luchando por contener la violencia.
Entre los nueve fugitivos más buscados por la agencia antidrogas de Estados Unidos hay cuatro mexicanos. La lista de la DEA refleja la transformación que ha tenido el mapa de las organizaciones criminales en México en los últimos años.
Los tiempos han cambiado en el mundo norteamericano del hampa. Con El Chapo Guzmán fuera de juego y sus viejos aliados detenidos, escondidos o disminuidos, la justicia de Estados Unidos apunta ahora al Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG.
En la oscuridad, los agentes se preparan en silencio colocándose sus cascos y pertrechos tácticos. Cargan arietes, pinzas especiales y armas pesadas al subir a pie por una cuesta en una calle de California iluminada suavemente por los faroles. Luego se encaminan a la casa a la que van.
Autoridades mexicanas detuvieron el miércoles en el estado noroccidental de Sinaloa a Ismael Quintero Arellanes, sobrino de uno de los grandes capos de finales del siglo pasado, Rafael Caro Quintero.
La relación entre México y Estados Unidos entra en una nueva fase. En pleno año electoral, Washington ha aumentado las exigencias al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
Fue precisamente en este mismo juzgado de Nueva York donde sonó públicamente su nombre por primer vez durante el proceso contra Joaquín Guzmán, El Chapo.
Los vínculos laborales entre exfuncionarios estadounidenses y un exministro mexicano detenido recientemente en Dallas por supuestamente haber recibido sobornos de cárteles de la droga, han generado dudas sobre lo que sabían las agencias de seguridad de Estados Unidos antes del arresto.
El consumo de fentanilo, uno de los narcóticos más adictivos y mortíferos que existen, es cada vez más común en la frontera norte de México, muchas veces sin que los propios usuarios lo sepan.
Un juez de Texas ordenó que el exsecretario de seguridad de México Genaro García Luna permanezca detenido sin derecho a fianza mientras espera su juicio por acusaciones de que aceptó una fortuna en sobornos de narcotraficantes para permitir que el conocido cártel de Sinaloa operara con impunidad.
El gobierno mexicano identificó a la banda de narcotráfico La Línea como el presunto responsable de la masacre contra miembros de la familia LeBarón, donde murieron tres mujeres y seis menores de edad.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador envío doble mensaje cuando su homólogo estadounidense, Donald Trump, ofreció ayuda para enfrentar a cárteles de la droga, luego de la masacre de miembros de la familia LeBarón cerca de la frontera.
Lo que realmente interesa a las autoridades de Estados Unidos de uno de los hijos del capo del narcotráfico Joaquín “El Chapo” Guzmán, ahora preso, es combatir su negocio del fentanilo, señalaron el viernes funcionarios de seguridad mexicanos.
El presidente Andrés López Obrador negó que su gobierno obedeciera a alguna petición de Estados Unidos al lanzar el operativo fallido en la norteña ciudad de Culiacán donde fue detenido y luego liberado el hijo de un prominente capo de las drogas hace dos semanas.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, señalaron a Juan José Verde Montes, coronel del grupo de élite antidrogas, como responsable del fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.
La mano de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) habría estado detrás la fallida operación para detener a Ovidio Guzmán, hijo del famoso jefe del narcotráfico Joaquín "El Chapo" Guzmán.
