La ministra del Interior mexicana, Olga Sánchez, advirtió que el gobierno federal frenará una nueva caravana migratoria prevista para mediados de mes, procedente de Centroamérica, convocada a través de las redes sociales.
La red de albergues de El Paso que dirige la organización sin fines de lucro Annunciation House recibe ahora a unos doscientos migrantes nuevos cada día; hace un año acogía a esa misma cantidad a lo largo de una semana completa.
Una carroza de un irreverente desfile de fin de año que mostraba a un niño enjaulado en la frontera con México ha sido criticada por políticos y activistas, que dicen que el festejo en una ciudad de Delaware se pasó de la raya.
Beto O’Rourke, potencial candidato demócrata a la presidencia, causó revuelo con una publicidad en la que criticó la propuesta de Donald Trump de construir un muro en la frontera con México.
La esperaba un elaborado sistema diseñado para mujeres embarazadas provenientes de China. A su disposición, entre otras cosas, estaba una espaciosa “casa para bebés”, donde estuvo cuatro meses y las atenciones de una trabajadora doméstica que hablaba mandarín.
Los niños, Felipe Gómez Alonso, de 8 años, y Jakelin Caal Maquín, de 7, enfermaron y murieron en diciembre después de cruzar la frontera suroeste de Estados Unidos con sus padres, y de que los detuviera la Patrulla Fronteriza.
Unos 1.350 migrantes, de los cerca de 10,000 que originalmente llegaron a la norteña ciudad de Tijuana, limítrofe con California, en varias caravanas que partieron desde el 12 de octubre en Honduras, esperan en medio del frío y la incertidumbre la llegada del año nuevo.
Un supuesto acuerdo de "Tercer País Seguro" mediante el cual México recibiría a inmigrantes que solicitan asilo en Estados Unidos, genera creciente preocupación entre grupos civiles que temen una crisis humanitaria en las ciudades fronterizas del país.
El gobierno de México se movilizó con sus pares de Centroamérica para desalentar una nueva caravana de inmigrantes a la que se está convocando en redes sociales y que planea partir el próximo 2 de enero desde Honduras.
El impacto de la muerte de este niño ha sido instantáneo en el entramado burocrático que vigila la frontera con México. El pasado 8 de diciembre murió otra niña, Jakelin Ameí Caal, también de Guatemala, en circunstancias muy similares tras cruzar la frontera y también en Nuevo México.
La muerte de dos niños guatemaltecos en poco más de dos semanas generó fuertes dudas el miércoles acerca de la capacidad de las autoridades fronterizas estadounidenses para cuidar a miles de menores migrante que intentan ingresar a Estados Unidos con sus familias.
Felipe González Morales, relator especial de la ONU sobre derechos humanos de los migrantes, también dijo que la familia de Jakelin Caal, perteneciente a la comunidad indígena maya, debe tener acceso a representación legal en un idioma que entienda.
El nuevo acuerdo entre México y Estados Unidos que permitirá al primer país recibir temporalmente a algunos migrantes sometidos a proceso de asilo fue duramente cuestionado por activistas y expertos.
Desde el 12 de octubre, al menos cuatro grupos organizados de centroamericanos partieron de Honduras para entrar a México y dirigirse a la frontera con Estados Unidos, en medio de amenazas del presidente Donald Trump de cortar la ayuda a los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala.
El presidente de México, Andrés López Obrador, convenció a su par estadounidense, Donald Trump, de respaldar una suerte de "Plan Marshall" para Centroamérica que permita mitigar el fenómeno de la migración.
Jackeline Caal fue identificada hoy por autoridades de Guatemala como la niña de 7 años que falleció a principios de diciembre después de haber sido arrestada junto con su padre y otros migrantes en Nuevo México.
La crisis de los inmigrantes en la frontera de México con Estados Unidos está aún latente, en medio de la espera de miles de centroamericanos en procura de la oportunidad de solicitar asilo en el país vecino y frente al riesgo de sufrir violencia de parte de bandas criminales.
El servicio, iniciado a fines de octubre como una discreta medida de último recurso de un pequeño grupo de ministros locales, ahora es un movimiento nacional en el que han participado clérigos y fieles de varios pueblos y ciudades de los Países Bajos.
Decenas de jueces retirados pidieron el miércoles a las autoridades migratorias de Estados Unidos dejar de arrestar a los inmigrantes cuando van a los tribunales, afirmando que todas las personas deben tener derecho a visitar las salas de justicia del país sin temor a ser detenidos.
El Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica que busca amortiguar el flujo incesante de inmigrantes hacia México y Estados Unidos prevé un financiamiento inicial de unos 30,000 millones de dólares aportados por el gobierno azteca.
