Los cargos presentados no son los primeros que se imputan a los hijos de Guzmán. Al igual que su padre, que fue acusado en siete casos en siete ciudades antes de su condena final en el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn, ahora se enfrentan a múltiples acusaciones en varias jurisdicciones.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el viernes cargos contra 28 miembros del poderoso cártel mexicano de Sinaloa, entre ellos los hijos del famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el marco de una extensa investigación sobre el tráfico de fentanilo.
México y Estados Unidos dijeron el jueves que acordaron reforzar el combate al tráfico de fentanilo, así como a los cárteles mexicanos de la droga de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y sus cadenas de suministro, en momentos en que ambas naciones luchan por reducir el consumo del poderoso opioide.
Dos días después del asesinato de los sacerdotes, la Fiscalía de Chihuahua ofreció una recompensa histórica de cinco millones de pesos para encontrar a José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, presunto asesino de los dos sacerdotes, de un guía turístico y la desaparición de cuatro personas.
Pero lo más grave, según los expertos, es que a pesar de que el propio presidente dio seis veces la orden -incluso por escrito- al jefe del ejército para que colabore, la Secretaría de la Defensa, que ha multiplicado sus funciones y poder durante su administración, sigue sin hacerlo.
Esta nueva estrategia, que permite que cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos soliciten asilo si lo piden desde países por los que transitan o a través de una cita en línea, ha desatado las críticas de las organizaciones de defensa de los migrantes.
Irizarry declaró a la AP el año pasado que los agentes de la DEA han llegado a aceptar que no pueden hacer nada para frenar el flujo de cocaína y opioides ilegales hacia Estados Unidos, los cuales han llegado a provocar más de 100,000 muertes por sobredosis al año.
Los sacerdotes asesinados — el reverendo Javier Campos, de 79 años, y el reverendo Joaquín Mora, de 80 — pasaron la mayor parte de su vida sirviendo a la comunidad rarámuri en el poblado chihuahuense de Cerocahui, pese a la violencia de narcotraficantes y los madereros ilegales en la zona.
Portillo Gil era señalado desde 2018 también como el principal sospechoso del homicidio del profesor estadounidense Patrick Braxton-Andrew, quien según las autoridades fue asesinado a balazos tras ser confundido con un agente de la agencia antidrogas estadounidense DEA.
El informe del Departamento de Estado detalla graves denuncias sobre abusos de derechos humanos de parte de integrantes de las fuerzas de seguridad en México, entre los que menciona homicidios arbitrarios cometidos por policías, militares y otros funcionarios gubernamentales.
Quienes viven en Matamoros, que forma parte del estado de Tamaulipas y se encuentra al otro lado del río Bravo del sur de Texas, sobrellevan a diario el estallido de la violencia que consume la vida desde que las organizaciones criminales comenzaron a afianzar su control de la ciudad.
Se trata de los mismos cinco hombres que presuntos miembros del Cártel del Golfo (CDG) habrían abandonado el jueves en una calle de Matamoros, acusándolos de haber cometido el rapto sin autorización de sus jefes en esa organización criminal, informó una fuente de la fiscalía a la AFP.
“He estado tratando de encontrarle sentido durante toda una semana. Estaba inquieto; no podía dormir ni comer. Es una locura ver que te quiten a tu propio hijo de esa manera, de una manera violenta como esa. No se lo merecía”, expresó James Woodward a los periodistas el jueves.
Las autoridades sanitarias mexicanas autorizaron, por mandato judicial, a una filial de la empresa canadiense Xebra Brands para cultivar, procesar y comercializar de manera industrial el cannabis sin psicoactivo. Es la primera compañía de ese tipo que operará en México.
Aunque cree que una condena de 20 años es “muy poco tiempo”, considerando que ella tuvo que luchar 21 años para lograr que se hiciera “algo de justicia”, la activista dijo a The Associated Press que está contenta y lista para los recursos de apelación o amparos que pudieran presentarse.
En una declaración en video, Raymundo Ramos, activista del comité de derechos humanos, afirmó que los soldados dispararon contra la multitud, pero no tenía información inmediata sobre víctimas adicionales. También dijo que los fallecidos regresaban de un club cuando fueron asesinados.
Genaro García Luna, quien fuera arquitecto y rostro público de la sangrienta guerra de México contra los poderosos grupos criminales, fue declarado culpable en un tribunal de Nueva York de traicionar a su país y a sus colegas al aceptar millones de dólares en sobornos de los violentos cárteles...
Es poco probable que un exfuncionario mexicano acusado de orquestar un encubrimiento de la desaparición de 43 estudiantes sea extraditado de Israel, donde ahora vive, según funcionarios israelíes que no tienen autorización para emitir declaraciones en público.
“García Luna, que alguna vez estuvo en lo más alto de la seguridad en México, vivirá ahora el resto de sus días habiendo sido desenmascarado como un traidor a su país y a los honrados miembros de las fuerzas de seguridad que arriesgaron sus vidas para desmantelar los cárteles de la droga”.
México registró 30.968 homicidios en 2022, 7,1 % menos que en 2021, cuando se registraron 33.308 delitos de este tipo y después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato, en 2019, y 34.554, en 2020.
