"El gobierno colombiano recibió del embajador de Cuba (...), José Luis Ponce, una comunicación con un supuesto atentado terrorista que estaba siendo planeado para Colombia por parte del grupo ELN", dijo el ministro de Defensa, Diego Molano, en una declaración a la prensa.
En la nota escrita a mano en una página arrancada de un libro de texto dice que el venezolano Argenis Rafael Barrios López ha asistido a dos universidades: Puente Ayala y PAMC. Sin embargo, este hombre de 30 años no tiene estudios superiores. Al menos no en instituciones de educación formal.
La nueva ola de violencia en esta ciudad portuaria -históricamente golpeada por el conflicto- inició en diciembre de 2020 por una disputa entre grupos armados por el control territorial y las economías ilícitas, que incluyen tráfico de estupefacientes y extorsiones.
Eduardo Cifuentes lleva tres meses al frente de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, un tribunal que la semana pasada afrontó el momento más crucial desde que empezara a funcionar, en 2017.
La decisión más importante tomada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde su creación en 2017 se da tras conocer las versiones de 257 excombatientes y contrastarlas con las de más de 1,000 víctimas de secuestro e informes de la fiscalía, entre otras fuentes.
“Las mujeres cautivas estaban en una situación adicional de vulnerabilidad y desprotección en un contexto masculino y militar, acentuando el temor por su vida y su integridad”, indicó la JEP. La ausencia de intimidad para asearse y para defecar y orinar creó un sufrimiento diferencial a las mujeres
Colombia, una sociedad que busca doblar la página de la violencia sin esquivar la verdad, se acerca a las primeras decisiones judiciales de fondo sobre su conflicto armado de más de medio siglo. En un paso inédito en los cuatro años que han transcurrido desde la firma del acuerdo de paz...
El presidente de la justicia transicional, Eduardo Cifuentes, reveló que después de tres años de trabajo, tras escuchar a víctimas y exguerrilleros de las FARC, la JEP expidió la primera providencia judicial en el macrocaso de secuestro, en el que hay 2,400 víctimas reconocidas.
El fiscal antidrogas, Javier Caraballo, explicó a inicios de mes que los narcotraficantes habrían decidido utilizar el Caribe panameño para trasladar mayores cantidades de droga, sustituyendo las lanchas artesanales por embarcaciones rápidas de alto calado y semisumergibles con mayor capacidad.
Su reinado de terror se impuso en el departamento del Magdalena, donde se levanta la imponente Sierra Nevada de Santa Marta: una reserva indígena con picos superiores a los 5,000 metros de altura, al pie del mar Caribe, donde abundaban los narcocultivos.
El enviado de la ONU para Colombia, Carlos Ruiz, destacó durante una sesión del Consejo de Seguridad del organismo internacional que 252 excombatientes de las FARC han sido asesinados por grupos criminales desde la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno en 2016.
Cuero ha sufrido amenazas reiteradas luego del asesinato de cinco de sus familiares, entre ellos su padre, quien también era líder social. Asegura que los grupos paramilitares y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) serían los responsables de los homicidios.
Con estos casos judiciales Estados Unidos quiere dejar en claro que no tolera el uso de su territorio para que se comentan estos delitos y está dispuesto a hacer lo que sea por resguardar la seguridad nacional y asegurar que sus leyes se respeten, donde quiera que estén los que las transgreden.
Los cinco grupos armados ilegales de Colombia perdieron en 2020 más de 5,000 combatientes por la ofensiva de las Fuerzas Armadas que, pese a la pandemia del COVID-19, mantuvieron las operaciones para debilitarlos, evitar su crecimiento en hombres armados y su expansión territorial, dijo un alto...
Las aspersiones aéreas con este herbicida fueron suspendidas en 2015, por decisión del entonces presidente Juan Manuel Santos en atención a una advertencia de la Organización Mundial de la Salud que considera a ese producto como "posiblemente" cancerígeno.
Los cultivos ilícitos siguen siendo uno de los principales problemas en Colombia. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reportó una reducción en 2019 con 154,000 hectáreas de coca, frente a 169,000 en 2018, pero advirtió que la producción sigue siendo alta.
Rubén Guevara estaba protestando en Lima en noviembre en una calle nublada por el humo tóxico de los gases lacrimógenos cuando sintió el impacto en su cara de un objeto que parecía una bomba lacrimógena que le dejó la retina seriamente dañada.
La Corte, con sede en La Haya, examina el caso de Venezuela desde febrero de 2018 y en septiembre de ese mismo año un grupo de países -Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú- pidió una investigación, según el informe divulgado en la página web de la CPI.
Líderes de la Organización de Estados Americanos emitieron el miércoles un informe en el que critican con dureza a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por no iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, alentando con esa demora al gobierno...
La política antidrogas de Estados Unidos en América Latina debe cambiar si Washington quiere combatir eficazmente un problema agravado por la pandemia de COVID-19, dirá una comisión del Congreso estadounidense en un informe bipartidista que se publicará esta semana.
