Los vecinos que observaron la maniobra acudieron en masa y bloquearon el camión y tomaron como rehenes a cuatro personas y las entregaron a la policía, pero luego al menos 300 personas regresaron más tarde y sacaron a los ladrones de la cárcel local y le prendieron fuego.
A pesar de 11 años de acciones militares y policiales, Michoacán no ha podido vivir en paz sino sólo por cortos períodos, sobre todo luego del apaciguamiento forzado tras un acuerdo con grupos de autodefensa en 2014 pero terminó cuando éstas se unieron a organizaciones criminales.
El gobierno de México chocó de nuevo con las Naciones Unidas sobre el tema de los derechos humanos, como lo ha hecho varias veces en los últimos meses, pero ésta vez el tema es altamente sensible, porque se trata del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.
Los ministros que integran el máximo órgano de justicia aprobaron por mayoría de votos que las revisiones a personas y vehículos por parte de agentes de la Policía sin que haya una orden escrita son constitucionales.
En estos cinco años, los grupos de autodefensa que se formaron en ese y otros estados han sido cooptados, desmovilizados y varios de sus integrantes detenidos, con contadas excepciones. ¿Tomar las armas sirvió para cambiar algo?
El fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, fue elegido en el cargo durante nueve años (2016-2025) para llevar algo de luz a un lugar quebrado socialmente, donde cientos de madres recorren cada día hospitales, morgues y las casi 400 fosas abiertas, en busca de sus hijos.
El alcalde de Tecalitlán, estado occidental de Jalisco, Víctor Díaz, consideró como "un hecho aislado" la desaparición de tres italianos, pertenecientes a una misma familia, el último día de enero pasado, que ha generado un gran revuelo en México e Italia
Meade, del PRI, dijo que la ley es "un paso adelante". Darle continuidad a esta ley confirma la ausencia de autocrítica en el gobierno: se sigue creyendo que militarizar la lucha contra el narcotráfico es la manera más adecuada de frenar la violencia. En suma: la ratificación de un fracaso.
Los tres italianos desaparecidos en México el último día de enero fueron desaparecidos por órdenes del Cártel de Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más poderosa del país.
El escándalo puso en evidencia que prácticamente ninguna instancia del Estado se salva de la rampante corrupción, a pesar de que el Poder Judicial goza de un sólido prestigio ganado a pulso, e incluso a veces suele ser considerado uno de los últimos baluartes de la rectitud y la transparencia.
También los expertos y las autoridades atribuyen el aumento histórico de homicidios, que llegó a su punto máximo en 20 años en 2017, según cifras oficiales, a la impunidad, a la falta de buenos policías o a la feroz disputa de las bandas por apoderarse de territorios.
Los niños se han convertido en México en el eslabón más débil de la cadena de la violencia y al menos tres mueren cada día en medio del torbellino sangriento que envuelve a este país desde hace 11 años tras estallar la llamada "guerra contra el crimen".
Estas listas fueron la esencia de un importante debate, resuelto esta semana en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un debate sobre la legalidad y, más aún, la constitucionalidad de la norma que las ampara, un artículo del Código Fiscal de la Federación.
Con una población de apenas 112,000 habitantes, forma parte de Colima, el tercer estado más pequeño de México, colindante con Jalisco y Michoacán, que hasta hace unos años era publicitado por los folletos turísticos como "el estado más seguro del país" y "el lugar donde no pasa nada".
El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que a juicio de especialistas ya desplazó al Cártel de Sinaloa tras la recaptura hace dos años de su líder Joaquín "El Chapo" Guzmán, extraditado a Estados Unidos, dio a conocer que lanzará una ofensiva para liquidar a sus enemigos.
El asesinato de dos curas católicos el lunes en el estado de Guerrero, sur de México, y cuyos sus cuerpos fueron hallados a la vera de una ruta que une a las localidades de Taxco e Iguala, confirmó la certeza de los expertos de que los sacerdotes están en la mira del crimen.
Dos sacerdotes y un maestro fueron asesinados hoy en el estado sureño de Guerrero, y sus cuerpos fueron hallados en la ruta que une a las localidades de Taxco e Iguala.
Pero la diferencia más importante es que, en contraste con lo ocurrido hace 11 años, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó su fallida operación anticrimen, ahora no participan ni el ejército y ni la marina, cuyo rol ha sido cuestionado enfáticamente por organizaciones humanitarias.
El gobierno mexicano vuelve a la carga para lanzar una nueva ofensiva contra el crimen, más afinada y precisa que la de 2006, en las ciudades más violentas del país, mediante el despliegue de unos 5,000 efectivos.
La mayoría de los efectivos han sido desplegados en Tijuana, fronteriza con la estadounidense San Diego, y el corredor que une el resort de Los Cabos con La Paz, en el Estado de Baja California Sur que, junto a Cancún, son los destinos turísticos mexicanos que atraen a más extranjeros.
